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Por más de sesenta años las ciencias sociales fueron excluidas de la adjudicación de los premios instituidos en homenaje a Alfredo Nobel[1]. A partir de 1969 la Academia Real de Suecia ha venido otorgando el Premio Nobel de Ciencias Económicas. Aunque no fue previsto en el testamento que en 1895 dejó escrito el magnate sueco inventor de la dinamita, sino que fue iniciado en 1968 en su memoria por el Banco Nacional de Suecia, este hecho tiene una importancia muy especial para nuestra ciencia, por cuanto es el reconocimiento de que el progreso de la humanidad no puede ser atribuido exclusivamente al desarrollo de las ciencias naturales y exactas.

A continuación presentamos, en apretada síntesis, algunas referencias acerca de los personajes que han sido distinguidos con el Premio Nobel de Economía:

Ragnar FRISCH, nacido en Oslo, Noruega, el 3 de marzo de 1895, profesor y director de investigación del Instituto Económico de la Universidad de Oslo. Se graduó de Economía en 1919 y de doctor en Estadística Matemática en 1926. Fruto de sus estudios fue un nuevo análisis que denominó Econometría, es creador de una gran parte del léxico económico actual y de distinciones básicas como la que estableció entre estática y dinámica económica.

Jan TINBERGEN, nacido en La Haya, Holanda, en 1903. Graduado de doctor en Física en la Universidad de Leyden, en 1929. Ejerció la docencia en esa Universidad y en la Escuela de Economía de Holanda. Director de la Oficina Central de Planeación del Gobierno de Holanda (1945-1955). Considerado como una de las principales figuras de la Economía Moderna. Fue el primero en incorporar el uso de Modelos Multiecuacionales.

La Academia Real de Ciencias de Suecia entre las bases de su razonamiento para el otorgamiento del Premio Nobel de Economía a los mencionados Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, les destaca el haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos al análisis de los procesos económicos.

Paul Anthony SAMUELSON, nacido en Gary, Indiana, en 1915. Obtuvo el grado de bachiller en Artes en 1935 y la maestría el año siguiente en la Universidad de Chicago. El grado de doctor en Filosofía en 1941 de la Universidad de Harvard. Desde 1940 ejercerá como profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets. Fue asesor económico de los presidentes Kennedy y Jonson.

Le fue otorgado el Premio Nobel por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado la Teoría Económica Estática y Dinámica y por su contribución incesante a la elevación del nivel del análisis en la Ciencia Económica.

Simón KUZNETS, nació en Járkov, Ucrania, en 1901 y llega a Estados Unidos de Norteamérica en 1922. Comenzó sus estudios universitarios en Rusia y los termina en la Universidad de Columbia donde obtiene el doctorado en 1926. Como profesor de Economía y de Estadística a tiempo completo, ejerce en la Universidad de Pensylvania desde 1936 a 1954, de Economía Política en la Universidad Johns Hopkins por seis años y como profesor de Economía en la Universidad de Harvard desde 1960.

Entre las razones para ser ganador del Premio Nobel en 1971 se le atribuye su interpretación empíricamente fundada del crecimiento económico que ha conducido a una concepción nueva y más profunda de la estructura económica y social del proceso de desarrollo.

Sir John Richard HICKS, nació en Warwick, Inglaterra en 1904, se graduó en la Universidad de Oxford. Ejerció docencia en la London School of Economics y más tarde en las Universidades de Cambridge y Manchester, y desde 1952 en la de Oxford. En su tiempo de profesor en Manchester (1938-1946) realizó su principal trabajo en la Economía del Bienestar con su aplicación a la Contabilidad Social.

Kenneth J. ARROW, nació en Nueva Cork el 23 de agosto de 1921, obtiene la Maestría en Matemáticas de la Universidad de Columbia en 1941 y el grado de doctor en 1951. Desde 1942 a 1946 sirvió en el ejército norteamericano alcanzando el grado de Capitán. Ejerció como profesor de Economía, Estadística y de Investigación Operativa en la Universidad de Stanford. Desde 1968 es profesor de Economía de la Universidad de Harvard.

El Premio Nobel para Sir John Hicks y Kenneth Arrow se justifica por sus aportaciones precursoras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar.

Wassili W. LEONTIEF, nació en San Peterburgo en 1906. En 1921 ingresó a la Universidad de Leningrado y se gradúa de Economista en 1925, doctorándose en la Universidad de Berlín en 1928. El año de 1931 se trasladó a Estados Unidos y en 1932 ingresa al departamento de Economía de la Universidad de Harvard convirtiéndose en profesor desde 1946. Realizó una investigación para la compilación de los primeros cuadros de insumo-producto de la economía norteamericana con una beca que le fue otorgada en 1932. Es el creador de se análisis que supone la introducción de la moderna álgebra matricial en el tratamiento de los problemas del equilibrio general.

El otorgamiento del Premio Nobel de Economía se explica por el desarrollo del método de insumo-producto y por su aplicación a importantes problemas económicos.

Gunnar MYRDAL, nació en la parroquia de Gustafs, Suecia, el 6 de diciembre de 1898. En 1923 se graduó en la Escuela de Derecho en la Universidad de Estocolmo y en 1927 recibió el grado de doctor en Economía. Además de su ejercicio como profesor de Economía Política, Finanzas Públicas y Economía Internacional en la Universidad de Estocolmo, en 1934 fue elegido al senado sueco y reelegido en 1942, y se desempeñó como Ministro de Comercio en Suecia entre 1945-1947, y secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (1947-1957). Sus aportaciones más relevantes se encuentran en los temas del problema del subdesarrollo, propugnando por un estado providencial mundial, que a través de una planificación también mundial evite el ensanchamiento de la brecha entre países ricos y pobres.

Fiederich August Von HAYEK, nació en Viena el 8 de mayo de 1899. En 1921 se gradúa de doctor en jurisprudencia y en 1923 de doctor en Relaciones Políticas en la Universidad de Viena. Además de ejercer la docencia en esa casa de estudios, fue profesor de Ciencias Económicas y Estadísticas en la Universidad de Londres (1931-1950); profesor de ciencia social y moral en la Universidad de Chicago (1950-1961) y en la de Friburgo. Es considerado como uno de los últimos representantes de la llamada moderna escuela austriaca. Es notable en temas monetarios y en la teoría de los ciclos, siendo partidario de la teoría de la sobreinversión.

Gunnar Myrdal y Fiederich August von Hayek fueron galardonados por su trabajo precursor de la teoría de las fluctuaciones monetarias y económicas y por su penetrante análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales.

Leonid Vitalovich KANTOROVICH, nació en Petrogrado el 19 de enero de 1912 y se gradúa en la Universidad de Leningrado en 1930. En 1939 dicha Universidad, en la que ejercía la docencia desde que obtuvo su graduación le publicó “El Método Matemático de la Planeación y Organización de la Producción”. Durante los años de la guerra mundial trabajó como profesor de la Escuela Superior de Ingenieros Navales. Fue director del Instituto de Matemáticas de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética (1948-1960) y en dicha Academia continúa como miembro correspondiente; también director del Instituto de Control de la Economía Nacional (1971-1976). Fue el primero que hizo aplicaciones de la programación lineal al campo económico.

Tjalling Charles KOOPMANS, nacido en Holanda en 1910, estudia física y matemáticas en la Universidad de Utrecht, licenciándose en 1933. Estudia Economía y Estadística, y la Universidad de Leiden le confirió el grado de doctor en noviembre de 1936. Sustituye a Jan Tinbergen en sus conferencias en la Escuela de Economía en Rótterdam (1936-1938). Asesor financiero de la Sociedad de las Naciones Unidas en Ginebra (1938-1940). En junio de 1940, con su esposa e hija recién nacida se establece en Estados Unidos y adquiere la nacionalidad. Profesor de la Universidad de Chicago (1946-1955) y en la de Yale desde 1955; también ha desempeñado importantes funciones en otras organizaciones de investigación científica.

Entre las motivaciones que ofreció la Academia sueca para el otorgamiento del Premio Nobel en 1975 a los citados investigadores, se destaca el resultado de sus aportaciones en la Teoría de la Asignación Optima de los Recursos.

Milton FRIEDMAN, nacido en Brooklin, Nueva Cork, el 31 de julio de 1912. Realizó estudios en la Universidad de Ruteers de donde egresa graduado en 1932, ingresando ese año en la Universidad de Chicago y también estudiará en la Universidad de Columbia donde alcanzará su doctorado. Desempeñará diversos cargos públicos de significación en el Comité Nacional de Recursos, Nacional Bureau of Economics Research y en la agencia gubernamental administradora del Plan Marshall. Profesor de Economía en la Universidad de Chicago desde 1946 y es el representante más destacado de la llamada Escuela de Chicago, defensora de la Moderna Teoría Cuantitativa del Dinero. Durante el año académico 1953-1954 fue profesor visitante en un Collage de la Universidad de Cambridge. A partir de 1960 participa activamente en la arena política y será asesor económico de candidatos presidenciales (Goldwater y Nixon) y algunos gobiernos.

El Premio Nobel le fue concedido en consideración a sus realizaciones en el campo del análisis del consumo, la historia y la teoría monetarias, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización.

Bertil OHLIN, nació en abril de 1888 en una aldea del sur de Suecia. A la edad de 16 años ingresó a la Universidad de Luna para seguir estudios de matemáticas, estadística y economía; hizo un curso de dos años en la Escuela de Comercio de Estocolmo, donde sus estudios incluyeron los idiomas de francés y el ruso, luego ingresa a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Estocolmo. Como profesor de Economía Política ejercerá principalmente en las universidades de Copenhague y Estocolmo. Desempeñará diversos cargos (State Tariff Comisión, Secretario Asistente del Consejo Económico) y líder del Partido Liberal sueco durante más de 20 años, parlamentario, ministro de comercio y miembro de diversas comisiones internacionales. En 1918 era miembro del Club de Economía Política que se había fundado un año antes, y donde presentó en 1919 su ensayo sobre la teoría de la inflación. Fue destacado especialista en el estudio de la interdependencia en la formación de los precios internacionales y sus obras sobre el comercio exterior constituyen el punto de partida de la Moderna Teoría del Comercio Internacional, al haber desarrollado una teoría que demuestra cuáles son los factores que determinan el patrón del comercio exterior y la división del trabajo, por una parte, y por la otra muestra los efectos del comercio exterior sobre la distribución de los recursos, las relaciones de precios y la distribución del ingreso. Ohlin es considerado como uno de los más destacados miembros de la llamada Escuela Sueca. Falleció en 1979.

James Edward MEADE, nació el 23 de junio de 1907 en la ciudad inglesa de Bath. Cursó estudios en la Universidad de Oxford (1926-1930) y luego en la de Cambridge. Desde 1931 a 1937 ejerció la docencia en Economía en la Universidad de Oxford. Entre los años 1938 y 1947 trabajó en la sección económica de la Liga de las Naciones en Ginebra y tras el estallido de la guerra, con su esposa y tres hijos, vuelve a Inglaterra y formará parte de la sección económica del War Cabinet Secretariat. Junto con Richard Stone trabajó en la preparación de las primeras estimaciones oficiales del ingreso y el gasto nacional del Reino Unido. También participó en forma destacada en los estudios para la institución del GATT. En 1947 ingresa como profesor de comercio de la London School of Economics, y en 1957 pasa a ocupar la cátedra de Economía Política en Cambridge, jubilándose en 1974. Es considerado como uno de los más destacados especialistas en tema de comercio internacional y política de balanza de pagos, y pionero en el campo de la macroteoría internacional y la práctica económica internacional.

La Academia Sueca justifica el Premio Nobel para Ohlin y Meade por sus novísimas contribuciones a la teoría del comercio internacional y al capital internacional.

Hebert A. SIMON, nació en Milwaukee, Estados Unidos en 1916. Estudió en la Universidad de Chicago. Ejerció la enseñanza en las universidades de Berkeley, Carnegie-Mellon y en el Illinois Institute of Technology. Entre sus obras más destacadas se cuenta “El Comportamiento Administrativo”, publicado en 1947.

La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó el premio Nobel por sus investigaciones innovadoras sobre el proceso de toma de decisiones en las organizaciones económicas, en los que trata de modificar la Teoría Económica clásica, presentando una moderna teoría de la administración y del comportamiento en las que presta especial atención a la influencia que en la elección y toma de decisiones tienen por un lado, el contexto formado por la propia organización de la empresa, y por otro lado, el hecho de que los empresarios, a la hora de realizar la elección, carecen siempre de una información completa, y por lo tanto no están debidamente capacitados para efectuar una valoración enteramente correcta.

Theodore William SCHULTZ, nació en Arlington, Dakota del Sur, el 30 de abril de 1902. Logró su grado universitario en el South Dakota State Collage; el Master en Ciencias y el PhD en la Universidad de Wisconsin. En 1943, cando era presidente del departamento de Economía y Sociología en el Collage del Estado Iowa (hoy Universidad del Estado de Iowa) enfrentó un momento de decisión en su carrera que, según algunos, pudo haberle colocado en la vía hacia el Premio Nobel. El Dr. Schultz llegó a ser en 1946 presidente del departamento de Economía de la Universidad de Chicago y desde 1972 será Profesor Emérito. Entre sus obras escritas se cita Reorientación de la Política Agrícola y la Agricultura en una Economía Inestable, Producción y Prosperidad en la Agricultura, La Organización Económica de la Agricultura. Uno de sus libros más renombrados es el titulado “Transformando la Agricultura Tradicional” publicado en 1964, en el cual argumenta fuertemente en contra de las políticas de las naciones en desarrollo que hicieron énfasis en la industria a expensas de la agricultura.

Sir William Arthur LEWIS, nació en la isla Santa Lucía, en las Indias Occidentales Británicas, el 23 de enero de 1915. En 1938 fue designado conferencista en la Universidad de Londres. A los 48 años de edad fue hecho Caballero por la Reina Isabel II, en virtud de sus servicios como vice-canciller de la Universidad de las Indias Occidentales. En 1963 es nombrado profesor de asuntos económicos e internacionales de Princeton y desde 1968 lo será también de Política Económica en “The James Madinson” en Princeton. Además ejerció como consultor de un grupo de países subdesarrollados y se desempeñó durante tres años como presidente del Banco de desarrollo del Caribe. Para Lewis el problema del subdesarrollo consiste en la existencia de dos economía, una avanzada y otra primitiva en la estructura de cada país. Es por ello uno de los expositores más característicos de los enfoques dualistas sobre el subdesarrollo.

El Premio Nobel de Economía otorgado conjuntamente a los profesores sir Arthur Lewis y Theodore Schultz, explica que ambos están profundamente preocupados por las necesidades y la pobreza en el mundo y comprometidos a hallar maneras de salir del subdesarrollo y, en consecuencia, dispuestos a sacar conclusiones osadas que puedan llevar a recomendaciones para un cambio en la política económica.

Lawrence Robert KLEIN, nació en Omaha, Nebraska, en 1920. Se gradúa en la Universidad de California en 1942 y alcanza el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachussets en 1944. Ejerce la docencia en las universidades de Michigan (1949-1954), Oxford (1954-1958) y en la de Pensylvania desde 1958. Especialista en Econometría, Estadística, Ciclos Económicos, Comercio Internacional e Integración Económica. A la edad de 60 años se le reconoce que durante treinta años fue el principal investigador en el campo de análisis de fluctuaciones de mercado. Será el noveno ciudadano norteamericano honrado con el Premio Nobel de Economía.

La Academia Sueca destaca su labor por crear modelos econométricos y utilizarlos para analizar fluctuaciones políticas y económicas.

James TOBIN, nació en Champaign, Illinois, en 1918. Se graduó de Bachellor en la Universidad de Harvard en 1939. Recibió su Master en 1940 y su Doctorado siempre en la misma Universidad en 1947. Enseñó en dicha casa de estudios, y en la de Yale en 1960 fue designado Profesor Asociado de Economía. Se desempeñó como miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Kennedy (1961-1962), Consejero del Sistema de la Reserva Federal, en el Departamento del Tesoro, en la Fundación Ford y también el cargo de Director de la Cowles Foundation. En 1971, fue Presidente de la Asociación Económica de EEUU.

Inspirado en las teorías keynesianas, Tobin estudió hasta qué punto el ingreso nacional se ve influenciado por las disposiciones de políticas financiera y monetaria, enfrentando con la tesis de la Escuela de Chicago.

Desde hacía algunos años, Tobin era considerado fuerte candidato a ganar el Premio Nobel de Economía. Viene a ser el décimo estadounidense en obtenerlo y en los razonamientos dados por la Academia Real Sueca, para su otorgamiento, se considera que influyó con sus trabajos en los estudios de investigación económica de la década anterior, y por su abundante y creativa obra sobre análisis de los mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gastos, empleo, producción y precio.

George Joseph STIGLER, nació en Reuton, Washington, en 1911. Cursó estudios en las universidades de Washington, Northwestern y se graduó en la de Chicago en 1938. Desarrolló una brillante carrera docente en las universidades de Iowa, Minnesota, Brown y Columbia antes de ser nombrado profesor en la de Chicago en 1958. A diferencia de otros compatriotas suyos ganadores del Premio Nobel de Economía (como Paul Samuelson, Milton Friedman y James Tobin), no ha sido asesor económico de ningún presidente y se mantuvo al margen de los debates públicos en el campo de la economía.

Stigler es considerado como uno de los miembros más importantes de la llamada Escuela de Chicago, y son por demás significativos sus trabajos sobre las repercusiones económicas de las regulaciones y sobre el papel que desempeña la información en el movimiento de capitales, así como sus investigaciones en materia de leyes y economía.

El comité que le concedió el premio aludió asimismo a los estudios precursores realizados por Stigler acerca de las estructuras industriales, el funcionamiento de los mercados y las causas y efectos de las regulaciones públicas.

Gerard DEBREU, nació en Calais, Francia, el 4 de julio de 1921. Estudió en la Escuela Nacional Superior de París y en la Universidad de París. Radicado en Estados Unidos, trabajará en la Cowles Commisión de la Universidad de Chicago (1950-1955). Ejerció la docencia en Yale (1956-1961) y labora como Profesor de Economía y de Matemáticas en la Universidad de Berkeley desde 1962. Presidente de la Sociedad Econométrica en 1971 y también de la American Economics Association en 1989. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1975, por lo que será el duodécimo premiado con el Nobel de Ciencias Económicas que es ciudadano de EEUU.

La Academia de Ciencias de Suecia otorga la distinción al profesor Debreu por sus investigaciones sobre el equilibrio del mercado, al que ha incorporado nuevos métodos analíticos dentro de la teoría económica, que conducen a una rigurosa reformulación de la Teoría del Equilibrio General. Se pone de manifiesto que los estudios de Debreu constituyen pura investigación básica, mientras que los premios previos fueron concedidos por modelos analíticos con aplicación práctica directa.

Sir John Richard Nicholas STONE, nació el 13 de agosto de 1913 en el seno de una distinguida familia británica. Se educó en la Escuela Westminster, pegada al gótico edificio de la Abadía del mismo nombre. Sus estudios universitarios los hizo en la Universidad de Cambridge, donde posteriormente, desde la década de los años 40, ejercerá la docencia como Director del Departamento de Economía Aplicada desde 1945 y Profesor de Finanzas y Contabilidad desde 1955. Esa casa de estudios, en 1976, le eligió miembro de honor.

En los últimos años de la década de los 30 se fue a trabajar a la city londinense y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial pasó a hacerlo al Ministerio de Economía de Guerra, en donde permaneció hasta que acabó el conflicto. Sir Richard Stone fue asistente de John Maynard Keynes durante la Segunda Guerra Mundial.

El Premio NObel de Economía le fue otorgado por haber desarrollado un sistema de contabilidad nacional que proporciona un panorama estadístico de la economía patria. Se tiene en consideración que los sistemas para las cuentas nacionales son indispensables para analizar los niveles y estructuras económicos, además de proporcionar las bases predictivas en los presupuestos nacionales.

Franco MODIGLIANI, nacido en Roma en 1918 y graduado en la Universidad de Roma, obtiene otro doctorado en 1944 en la New School for Social Research de Nueva Cork. Es ciudadano estadounidense por nacionalización y ha ejercido la docencia en las universidades de Illinois, Northwestern y, desde 1962, en el Instituto Tecnológico de Massachussets.

Es un connotado especialista en teoría monetaria y fiscal, y autor de una de las más completas formulaciones postkeynesianas de la Teoría Monetaria Neoclásica, así como de fructíferas investigaciones en el campo de la programación lineal aplicada a la programación de existencias y regulación de la producción. Buena parte de sus teorías, la desarrolló junto con Merton Miller en la década de los años 50 y según ellos el gerente de una empresa no debiera maximizar las ganancias anuales, sino maximizar el valor de las acciones en el mercado de valores.

La Real Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Economía en 1985, considerando principalmente que desarrolló una hipótesis sobre el ahorro doméstico bajo el punto de vista de un ciclo de período de vida, y formuló teoremas utilizados para evaluar empresas y costos de capital.

James McGill BUCHANAN, nacido el 2 de octubre de 1919 en el estado de Tennessee. Estudió en las universidades de Tennessee y Chicago, ejerciendo posteriormente actividades docentes en la George Mason, la de Pennsylvania y la de Virginia. Es un destacado especialista en el campo de la hacienda pública.

Al otorgarle el Premio, la Academia Sueca pone de manifiesto que el doctor Buchanan ha desarrollado las bases para una Teoría de las Decisiones Económicas y Políticas, además de sus contribuciones en el campo de la llamada “nueva política económica”, en el área de la ciencia económica, que se refiere a la Teoría de las Decisiones.

Robert Merton SOLOW, nació en Brooklyn, Nueva Cork, en 1924, y es graduado en la Universidad de Harvard. Ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico de Massachussets. Fue Asesor Económico del presidente Kennedy. Entre sus aportes destacan sus estudios econométricos sobre la inversión en capital fijo, así como los trabajos sobre la influencia de la tecnología en los incrementos de la productividad, y un modelo neoclásico de crecimiento que se ha considerado la respuesta del pensamiento ortodoxo al modelo Harrod-Domard.

Al distinguirse con el Premio Nobel a éste, decimoquinto ciudadano estadounidense, se le reconocen sus contribuciones a la Teoría del Crecimiento Económico, de la que fue pionero con una serie de ensayos escritos en la década de los años 50 sobre los factores que afectaban el crecimiento y los ingresos nacionales.

Maurice ALLAIS, economista e ingeniero nacido en París el 31 de mayo de 1911. Estudió en la Escuela Politécnica y en la Escuela Nacional Superior de Minas de París, donde desde 1944 ejerce como Profesor de Análisis Económico. En la Universidad de París fue Profesor de teoría Económica (1947-1968) y Director del Seminario de Análisis Monetario (1970-1975). Es el primer ciudadano de nacionalidad francesa en recibir el Premio Nobel de Ciencias Económicas. Es, sin duda alguna, la figura más prominente de las investigaciones económicas modernas en Francia, en lo que se refiere a la teoría y aplicaciones básicas a la planificación del sector público. Sus mayores contribuciones ocurrieron en los años 40 con su formulación general denominada “Condiciones para el equilibrio y la eficiencia del mercado”.

La Real Academia de Ciencias de Suecia razona el premio otorgado al profesor Allais por sus contribuciones pioneras a la teoría de los mercados y la eficiente utilización de los recursos.

Trigve HAAVELMO, economista noruego nacido en 1911. Profesor de Economía de la Universidad de Oslo desde 1948 hasta 1979, cuando es jubilado. Trabajó en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue Agregado Comercial de la Embajada Noruega en Washington desde 1944 hasta 1946, y regresó a Oslo, su ciudad de nacimiento, al año siguiente. Trabajó como asistente de investigación del profesor Ragnar FRISCO, quien recibió el Premio Nobel de Economía en su primera entrega, es decir, en 1969.

Haavelmo es una de las figuras más relevantes de la economía matemática del siglo XX, con trabajos pioneros en materia de agregación y macrodinámica. Es de gran importancia su aportación a la Teoría del Gasto Público (Multiplicador de Haavelmo).

La Academia de Ciencias de Suecia, al premiarlo, le destaca el trabajo sobre cómo pueden ponerse a prueba las teorías económicas.

Los profesores Henry M. MARKOWITZ, William Forsyth SHARPE y Merton Howard MILLER son los decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo estadounidenses que ganan el Premio Nobel de Ciencias Económicas.

Henry M. Markowitz nació en Chicago el 24 de agosto de 1927. Docente de la Universidad de California y desde 1982 Profesor de Finanzas en la Universidad de la ciudad de Nueva Cork. En el 82, presidió la Asociación de Finanzas de EEUU.

En 1990, a la edad de 63 años, recibe con otros dos connacionales el Premio Nobel de Economía. Los otorgantes destacan sus estudios por haber desarrollado la Teoría de la Alternativa de Portafolio, lo que significa un aporte pionero en el campo de la economía financiera.

En la década de los años 50 desarrolló una teoría para la asignación de activos financieros hogareños y empresariales en condiciones de incertidumbre, la así llamada Teoría de la Opción de Cartera. Ella analiza de qué manera la riqueza puede ser invertida de forma óptima en activos que difieran en cuanto a su rédito y riesgos previstos y, en consecuencia, también, cómo pueden reducirse los riesgos.

William Forsyth Sharpe nació en Cambridge, Massachussets, el 16 de junio de 1934. Estudió y se graduó en la Universidad de California. Ha ejercido la docencia en las universidades de Washington (1961-1968), en la de California (1968-1970), y en la de Stanford desde 1970, en la que alcanza el reconocimiento de Profesor Emérito. Entre sus publicaciones tiene un lugar destacado su Teoría del Portafolio y Mercados de Capitales.

La justificación del otorgamiento del Premio Nobel de Economía está motivada en sus contribuciones a la teoría de la formación de precios de activos financieros, el denominado modelo de precios de activos de capital, durante el decenio de 1960, utilizada como base de la teoría expuesta por Markowitz.

Merton Howard Millar nació en Boston el 16 de mayo de 1923. Estudió en Harvard y en la Universidad John Hopkins. Trabajó en el Departamento del Tesoro (1944-1947) y en la Reserva Federal (1947-1949). Ejerció la docencia en el Carnegie Institute of Technology de Pittsburg (1958-1961). Profesor de Banca y Finanzas en la Universidad de Chicago desde 1961. Fue electo en 1976 Presidente de la Asociación de Finanzas de EEUU.

Para el año 1990, cuando a los 67 años se encontraba todavía en etapa productiva, le llega el reconocimiento de la real CADEMIA DE Suecia como merecedor del Premio Nobel de Economía, por sus contribuciones fundamentales a la Teoría de Finanzas Incorporadas o Corporativas, es decir, una teoría que explica la relación o falta de relación entre la estructura de bienes de capital de las empresas y la política de dividendos, por un lado, y su valor de mercado, por el otro.

Ronald H. COASE, nacido en Gran Bretaña el 29 de diciembre de 1910. Estudió en la London Schooll of Economics, donde también ejerció la docencia. Reside en Estados Unidos desde hace largo tiempo, y es Profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago desde 1964.

Coase comenzó a explorar sus ideas pioneras en la década de 1930, pero sus teorías no recibieron aceptación hasta los decenios de 1970 y 1980. Sus teorías están presentadas, especialmente, en dos importantes obras tituladas Naturaleza de la empresa y El problema del costo social.

El referido investigador demostró que las empresas privadas y otras instituciones económicas se forman cuando es más barato organizar la actividad internamente, que a través de contratos con otros que operan en el mercado. Dejan de crecer cuando pueden obtener en el mercado, a menor precio, lo que necesitan y a pesar de eso siguen produciéndolo. El mismo principio puede ser utilizado para explicar la declinación de los conglomerados empresariales, así como el colapso económico de los estados comunistas.

La Real Academia de Ciencias de Suecia, al asignarle el Premio Nobel de Economía para el año 1991, reconoce su importancia científica por aportar a la teoría económica conceptos sobre los derechos de propiedad y “costos de transacción”, costos de compradores y vendedores que se encuentran y definen sus relaciones por medio de contratos comerciales.

Gary Stanley BECKER, nació en Pottsville, Pennsylvania, el 2 de diciembre de 1930. Estudió en las universidades de Princeton y de Chicago. Fue profesor de esta última desde 1954 hasta 1957 y en forma ininterrumpida lo es desde 1969. También ejerció la docencia en la Universidad de Columbia (1957-1960).

Becker es reconocido porque logró ampliar el análisis económico a las más diversas áreas de la vida. También por su función de comentarista mensual, desde 1985, en la divulgada revista Business Week.

Su teoría parte de la base de que los individuos hacen elecciones racionales para maximizar su bienestar. Es decir, ellos comienzan parafraseando un viejo adagio: que todo depende del cristal con que miran. Bien sea el egoísmo, el altruismo, la lealtad, la traición o el masoquismo, acotando que las actitudes que elijan están muy influenciadas por los individuos que enfrenten. Con este método de análisis, él aborda temas tan variados como la inversión en capital humano, la educación, el crimen, el matrimonio y la familia, entre otros, donde en muchos casos su pensamiento marca la vanguardia.

La Real Academia de Suecia, al otorgarle el Premio Nobel de Economía, destaca la labor del profesor Becker por proyectar los análisis económicos en una amplia gama de comportamientos del ser humano.

Para este año, se comparten el Premio Nobel de Economía los historiadores económicos estadounidenses Robert W. FOGEL y Douglass C. NORTH.

Robert William Fogel es un hijo de inmigrantes rusos que nace en Nueva Cork en 1926. Estudió en las universidades de Cornell y de Columbia, doctorándose en la John Hopkins. Ejerció la docencia, principalmente, en las universidades de Rochester (1960-1964), y la de Chicago (1964-1975).

Especializado en temas de historia económica y econometría, se le considera uno de los iniciadores de la corriente conocida como “nueva historia económica”, que pretende aplicar las técnicas matemáticas, estadísticas y de teoría económica al estudio de la realidad histórica.

Douglass C. North nació en Cambridge, Massachussets, en 1921. Es profesor de la Universidad de Washington de Saint Louis. Ha sido asesor, con significativa influencia , de los gobiernos de Perú, Argentina y Checoslovaquia.

Se ha concentrado a estudiar el papel desempeñado por ciertas instituciones, especialmente los derechos de propiedad y el fiel cumplimiento de los contratos, en el desarrollo de los incentivos indispensables en la creación de bienestar y para fomentar el crecimiento económico.

La real Academia de Ciencias de Suecia les ha otorgado el Premio Nobel de Economía, correspondiente al año 1993, a los historiadores Robert W. Fogel y Douglass C. North, por haber renovado la investigación de la historia económica, y por la aplicación de la teoría económica y los métodos cuantitativos a los cambios económicos e institucionales.

El Premio que fue anunciado recientemente fue compartido entre John NASH, y John HARSANYI, de Estados Unidos, y Reinhard SELTEN, de Alemania.

John Nash nació en 1928. Trabaja en la Universidad de Princeton en Nueva Cork, y también ha impartido clases en el Instituto Tecnológico de Massachussets. En particular, Nash fue galardonado por refinar el “Equilibrio Nash”, una fórmula en la que los jugadores reciben información óptima sobre las posiciones de cada uno para poner en práctica sus propias estrategias. El “Equilibrio Nash” es ahora un instrumento estándar en casi todas las áreas de la teoría económica para mejorar nuestra comprensión de las interacciones estratégicas complejas.

John Harsanyi nació en Budapest, Hungría, en 1920, pero salió de su país tras la invasión soviética en 1956. Actualmente, es ciudadano estadounidense y trabaja como profesor en la Universidad de California, en Berkeley. Entre lo significativo de sus aportes a la ciencia económica, está el hecho de que incluso retiró ciertos datos disponibles para que sus estudios se aproximaran más a lo que ocurre en la vida real.

Reinhard Selten es un economista alemán nacido en Breslau, en 1930. Enseña actualmente y desde 1984 en la Universidad de Bonn. Con anterioridad ejerció la docencia en las universidades de Berlín y Bielefeld. Selten profundizó la investigación haciendo cambios en los datos disponibles y comparando las decisiones simultáneas de varios jugadores.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia, al designar ganadores del Premio Nobel de Economía a los investigadores John Harsanyi, John Nash y Reinhard Selten considera que los tres economistas hicieron una contribución eminente a los análisis del equilibrio, la teoría que permite realizar predicciones. Es decir, por su trabajo de análisis pionero del equilibrio en la Teoría de los Juegos No Cooperativos.

Se toma en cuenta que refinaron la Teoría de los Juegos, descubierta hace 50 años por John von Neumann y contenida en la obra que escribe conjuntamente con Oskar Morgenstern y que es publicada en 1944, aunque el tema ya se había comenzado a estudiar en 1928, como método de investigación operativo aplicable a problemas económicos en los que se conocen los resultados que se pueden alcanzar, pero cuya obtención depende de determinados convencimientos de los que no se conoce su probabilidad de presentación, ni se puede determinar empíricamente su influencia.

(Una parte del presente trabajo, que llegaba hasta el Premio del año 1980, fue publicado en la revista Enfoque Económico, Año II, Nª 2, que dirigía el autor. La totalidad apareció en entregas sucesivas del suplemento Academia, del diario “Economía Hoy” de Caracas, publicadas en los días sábado del mes de febrero de 1995).

Es el título del libro de nuestro dilecto profesor Domingo F. Maza Zavala, cuyo bautizo formó parte del programa de la VI Asamblea de la Federación de Colegios de Economistas de Venezuela que acaba de concluir en la ciudad de Barquisimeto. Durante el acto de presentación del referido volumen, además del autor y del presidente de la Federación, intervino con un interesante y extraordinario discurso el profesor Dámaso Campos Suárez de la Universidad del Zulia.

Esta nueva obra contiene dos valiosas intervenciones del doctor Maza Zavala, con las cuales –sin proponérselo- hace más frondoso el árbol de admiración y respeto a que se ha hecho merecedor. Una es la Lección Magistral dictada en el recinto del Alma Mater con motivo de su merecida jubilación tras tres décadas de brillante servicio como miembro del cuerpo docente de la Universidad Central de Venezuela. También se incluye en “el economista y su ciencia” la Lección Inaugural del Instituto para el Desarrollo Profesional del Economista, efectuada en el auditórium del Banco Central de Venezuela. A manera de presentación están las palabras pronunciadas por el doctor Ismael Puerta Flores en la oportunidad en que el profesor Maza Zavala pasa a la situación de docente universitario jubilado.

Es de gran trascendencia el esclarecedor planteamiento inserto en esta obra, sobre todo cuando consideramos que ni siquiera en las sociedades que han alcanzado mayor desarrollo se tiene una clara comprensión de la naturaleza y contribución aportada por el economista al bienestar común; y por otra parte, que el perfeccionamiento de la ciencia económica va a ser el resultado de una elaboración por etapas y con particulares posiciones no siempre coincidentes.

Realmente los economistas han sido en el curso de los años, dentro de la historia de la humanidad elementos de excepcional importancia, quienes con su persistencia y empeño investigativo fueron construyendo el cuerpo doctrinal de la ciencia social representada por la economía. Valga recordar los nombres de Adam Smith, David Ricardo, Tomás Malthus, Carlos Marx, William Jevons, Kart Menger, León Walrás, Wilfredo Pareto, Alfred Marshall, Knut Wicksell, Gustavo Cassel, Joseph Schumpeter, John Keynes, etc.

La ciencia de los economistas no se va a escapar de los vaivenes a que han estado expuestas las ciencias sociales y es así que cuando se creía ya concluida y definitivamente establecida su armazón teórica advienen las sacudidas y la prolongada depresión durante un decenio iniciado en 1929, que derriba de su sitial la teoría sustentada hasta entonces para que sean colocados los nuevos planteamientos surgidos a raíz de la publicación de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero.

Desde ese tiempo se inicia una nueva etapa para el economista y su ciencia, aprovechando la experiencia y los planteamientos que desde la lejana época de los clásicos se venían perfeccionando. Desde luego que esta llamada nueva Economía también estará emparentada y relacionada con otras ramas del saber científico con lo cual se va a lograr la ampliación de los límites de competencia de los economistas. Hoy día continúa el perfeccionamiento con miras a dar respuesta cabal y definitiva a los problemas y particularidades que confrontan las distintas sociedades humanas. Por eso está más que justificado el clamor que se desprende del trabajo del profesor Maza Zavala, en el sentido de que el economista debe formarse integralmente como científico, como profesional y como miembro de la sociedad.

(Fue publicado en el diario El Universal, Caracas 23 de junio de 1977, página 1-4).

En días pasados fue promulgada la Ley Aprobatoria de la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional que incluye, entre otros, los acuerdos resultantes de la VI revisión quinquenal para la generalidad de las cuotas de los países miembros.

Cuando una mayoría no menor del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos del Fondo haya aprobado y ratificado las enmiendas del convenio y las modificaciones propuestas del monto de las cuotas, que según lo acordado por la Junta de Gobernadores se elevarán hasta 32 % para los países no petroleros y se duplicarán para los países exportadores de petróleo, tanto la cuota absoluta (que pasará de 330 a 660 millones de DEG) como la participación relativa de nuestro país experimentarán incrementos.

Esta sexta revisión de las cuotas, como ha sido propuesta, va a significar aumentar la participación de los países exportadores de petróleo en las finanzas internacionales y el parcial reparo de una gran injusticia existente, ya que hasta la fecha los diez países más avanzados ostentan el 55 % de los votos, mientras que los trece miembros de la OPEP, con igual suma de reservas monetarias sólo disponen de 5,4 votos. Por ejemplo, Venezuela que tiene una liquidez monetaria que sobrepasa los ocho mil millones de DEG tiene un voto; pero Gran Bretaña con menos de cinco mil millones tiene ocho votos.

La “cuota” es el equivalente, expresado en derechos especiales de giro, de la suscripción pagada por cada país miembro y su monto va a determinar las relaciones financieras entre el Fondo Monetario Internacional y los países que lo forman.

La cancelación de la cuota que anteriormente debía ser de un 25 % de oro y el resto en moneda nacional, se ha modificado y de acuerdo a las enmiendas del Convenio Constitutivo ese veinticinco por ciento debe ser pagado en derechos especiales de giro o también en monedas de otros países miembros que con la conformidad de éstos el Fondo especifique o en la moneda del país, si así lo establece la Junta de Gobernadores.

Tiene una muy singular importancia el monto de la cuota por cuanto ella determina la cantidad total de las monedas de otros países miembros que otro país miembro puede girar del Fondo, así como también el número de votos con los cuales el país puede participar en las votaciones del Fondo. Según el monto que en la actualidad tiene suscrito y pagado nuestro país se dispone de 1,08 votos.

Las cuotas inicialmente establecidas, que en 1947 llegaron a totalizar US $ 7.700 millones, estaban basadas en el volumen comercial que en términos internacionales mantenían los 44 países que participaron en las conferencias que dieron origen en 1945 al Fondo Monetario Internacional.

Nuestra cuota acordada al iniciarse el F.M.I., fue establecida en US $ 15 millones según las recomendaciones del comité sobre cuotas de la Conferencia de Bretón Woods (que formaban representantes de Bélgica, Brasil, Canadá, China, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, Francia, India, México, Nueva Zelandia, Noruega, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) con lo cual se modificaban las propuestas británicas de marzo de 1944 y los cálculos efectuados por Estados Unidos en julio de ese año que asignaban a Venezuela montos de US $ 50 y US $ 25 millones, respectivamente. De tal modo que cuando nuestro país suscribe su cuota y ratifica el Convenio Constitutivo del F.M.I., en fecha 21-2-47, cancela en oro la cantidad equivalente de US $ 3,75 millones y en moneda nacional el resto.

En marzo de 1949 se acordó interpretar que los períodos de cinco años que el Convenio Constitutivo señalaba para la realización de ajustes a las cuotas de todos los miembros, se contarían a partir del 27 de diciembre de 1945 o sea la fecha correspondiente al establecimiento del Fondo Monetario Internacional tras la firma y ratificación del Convenio por treinta países. En consecuencia, la primera revisión de cuotas se efectúa en 1950. Es de hacer notar que en esta ni en la segunda revisión ocurrida en 1955, por razones que no es del caso reseñar, nuestro país acepta modificación y viene a ser en octubre de 1960 cuando se eleva a US $ 150 millones, en virtud del aumento generalizado y al especial referido en la resolución Nº 14-4 del 6 de abril de 1959. Es que después de la experiencia de la presión que se hizo sentir durante la crisis del Canal de Suez, la reunión de Gobernadores del F.M.I., recomendó incrementar en un 50 % la cuota de cada país, con aumentos adicionales para treinta países, entre ellos Venezuela. Como resultante de esos cambios y de la circunstancia de que nuevos miembros entraron a formar parte del Fondo, el total de las cuotas se elevó considerablemente, de un equivalente a US $ 9.200 millones a fines de 1958 a cerca de quince mil millones para finales de octubre de 1960.

En las revisiones subsiguientes la cuota venezolana ha ido experimentando crecimientos, impulsados por la importancia manifestada en la economía nacional, en su posición reiteradamente superavitaria de la balanza de pagos, la mayor participación en el comercio mundial y el reconocimiento de nuestra moneda como instrumento utilizado en forma generalizada para transacciones internacionales. Para 1965, después de la cuarta revisión quinquenal que acuerda un aumento de 25 %, nuestra cuota en el Fondo registra una adición especial de US $ 62 millones que la lleva a totalizar la cantidad de US $ 250 millones, los cuales se hacen efectivos a partir del mes de marzo de 1966, ya que como era el caso de las correspondientes a otros quince países se consideraba que su nivel resultaba demasiado bajo en comparación con las de los demás países miembros.

En febrero de 1970 la Junta de Gobernadores adoptó por una mayoría superior al 85 % de la totalidad de los votos que representaban a los 107 países miembros del Fondo, un acuerdo relacionado con la quinta revisión general de cuotas, mediante la cual a casi todos los países miembros se le ofrecía un aumento de sus cuotas de por lo menos 25 % y que alrededor de 75 países miembros se le ofrecían aumentos de más del 30 %, con lo cual se aumentarían los recursos potenciales del Fondo a un total aproximado de US $ 28.900 millones. Nuestro país aceptó la cuota máxima propuesta y a partir del mes de noviembre de dicho año la cuota venezolana será de US $ 330 millones, que representa un incremento de 32 % sobre el monto anterior, y estará compuesta de US $ 82,5 millones en oro y US $ 247,5 millones en moneda nacional y equivaldrá al 1,42 % del total de las cuotas en el Fondo para el 31 de noviembre del referido año.

Como consecuencia de la nueva valorización aplicada por el Fondo Monetario Internacional en los últimos años, referida en base a los derechos especiales de giro (DEG) cuyo valor se desliga del dólar norteamericano a partir de 1971 y se origina como un promedio ponderado que incluye una “cesta” de las monedas de los principales países del sistema, el total de nuestra cuota ha experimentado algunas fluctuaciones absolutas, alcanzando su máximo en 1974 al situarse en 404 millones de Degs, claro está que estos últimos cambios no representan variaciones significativas en el peso relativo de la cuota venezolana en el total de los recursos que por tal concepto tiene la referida institución.

(Fue publicado en el diario El Universal, Caracas, sábado 24 de septiembre de 1977, página 1-4)

Últimamente está en nuestro país bastante en boga el término de Banco Hipotecario. La popularidad de tal denominación se debe no tanto a la proliferación de esos institutos en la República, en los años más cercanos, como a la discusión que en la actualidad se realiza por la posible creación de un Banco Central Hipotecario.

A consecuencia de la puesta en moda de tal vocablo, ha venido a nuestra mente el hacer un pasajero recuento de la permanente preocupación que desde hace muchos años se ha observado en Venezuela por la creación de un instituto que tiene su origen en Alemania. Precisamente por iniciativa del comerciante de Berlín, M. Buring, es fundado en 1770 el primer Banco Hipotecario de que tengamos noticia, en Silesia, bajo los auspicios de Federico El Grande.

A pesar de que en todo el siglo pasado no se hace realidad la instalación de un instituto de esta especialidad en el territorio nacional, siempre estuvo presente en muchos compatriotas la sana inquietud por su creación. Muchos son los acuciosos estudios, los proyectos de creación y de leyes sobre Bancos Hipotecarios que ven luz pública en la Venezuela del siglo diez y nueve.

El cuatro de mayo de 1845 fue aprobado por el Congreso un proyecto que presentó el año anterior el Licenciado Francisco Aranda sobre la creación de un Instituto de Crédito Territorial y como consecuencia de las objeciones que le hizo el Presidente de la República, General Carlos Soublette, en su Mensaje del 19 de mayo de aquel año es archivado.

Años más tarde, en 1861 el doctor Manuel Cadenas Delgado presenta al Despacho de Hacienda un Proyecto de Sociedad de Crédito Territorial. Fue muy bien visto por el Gobierno y no se hizo realidad por la Guerra Federal que campeaba en el país. El proyecto de Cadenas Delgado fue presentado al Congreso y el 22 de junio fue elevado a Ley, referida al establecimiento de las Asociaciones de Crédito Territorial “que tengan por objeto proporcionar a los dueños de bienes inmuebles empréstitos sobre hipotecas, reembolsables a largos plazos por anualidades” (artículo 1 de dicha Ley). Ese mismo año el Ministro del Interior, doctor José de Jesús Paúl, nombra una Comisión formada por los licenciados Juan José Mendoza y Luis Manojo, y el doctor Julián Viso, con el encargo de redactar los proyectos de leyes sobre régimen hipotecario y créditos privilegiados (cosa que hicieron en un folleto).

En el año de 1864 el Ministro de Fomento, General Jesús María Aristeigueta, presentó a consideración del Gremio Agrícola un proyecto de institución de Crédito Inmobiliario. También en la Memoria de ese Despacho se cuenta del Monte Piedad proyectado por el señor Eduardo Iribarren. Al respecto, el 28 de junio de 1864 el Ministerio de Fomento concedió patente para fundar un Monte Piedad y Lotería anexa. Solamente llegará a crearse la Lotería.

Vale la pena registrar que el 6 de mayo de 1865 el Encargado del Ejecutivo Nacional, Antonio Guzmán Blanco, autoriza una patente a varios agricultores para establecer una Casa Protectora de la Agricultura de Venezuela, que fue aprobada el 13 de junio de 1866 por el Congreso.

Al triunfar la Revolución Azul en junio de 1868, el Ministro de Fomento doctor Nicanor Borges encargó a varios señores estudiar la situación ecónomo-agrícola. El 3 de agosto de ese mismo año presentaron su informe y el Proyecto de Banco Agrícola. Seguidamente se modificaron algunos puntos del proyecto; pero las guerras no dejaron crearse.

En 1873 varios diputados al Congreso presentaron un proyecto de Banco Agrícola. Resultó aprobado en la Cámara de Diputados pero, según se desprende de los Diarios de Debates, no pasó del Senado porque allí lo paró la oposición.

El 27 de junio de 1877 el Ministro de Hacienda, Adolfo Urdaneta, dicta una resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial de esa fecha, crea el Instituto de Crédito para recibir rentas adicionales y suministrar fondos al gobierno. También en un folleto editado en el año comentado, están los estudios del General Nicanor Bolet Peraza referidos la formación de un instituto que sirviera para proteger al Gremio Agrícola. Son igualmente interesantes las ideas publicadas, fechadas en el año 1877, en el periódico La Independencia por el General Domingo Santos Ramos, o las del señor A. M. Monsanto en un folleto titulado Institutos de Crédito.

El seis de diciembre de 1877 el Presidente de la república, General Francisco Linares Alcántara, dictó un decreto mandando a apartar ochocientos pesos venezolanos diarios para el establecimiento de los Bancos de Crédito Territorial que no llegaron a fundarse. Es de hacer notar que en apoyo a ese decreto, el 3 de febrero de 1878, la Junta Directiva de la Sociedad Económica Industrial dedica al Presidente Linares Alcántara un proyecto de instituto de crédito y Banco Económico Industrial de Venezuela.

Un decreto del Congreso fechado el nueve de mayo de 1885 mandaba a establecer Institutos de Crédito Territorial en todos los estados de la Unión. En septiembre de 1888, mediante una resolución del Ministerio de Fomento, se nombra una Junta para propender el mejoramiento de la agricultura. Esa Junta organizó Juntas Cooperativas en la república y a finales de ese año ve la luz pública un proyecto de Banco de Crédito Territorial presentado por la Sociedad Agrícola Nacional Central.

El 5 de junio del año siguiente aparecerá un proyecto sobre el mismo tópico, redactado por el doctor Martín José Sanabria y fundamentado en la ley de 9 de mayo de 1885. Propone crear institutos de crédito en cinco circunscripciones con un capital de por lo menos veinte millones de bolívares. En el mes de agosto se conoce otro proyecto sobre Banco de Crédito Territorial que presenta el doctor Eduardo Gárate a la Sociedad Nacional Agrícola. Y el veinte de diciembre también de 1889 el doctor Heriberto Gordón envía, al Ministerio de Fomento, un proyecto de Banco Hipotecario que ni siquiera llega a ser considerado.

En junio de 1894 se firma un Contrato entre el señor Eleuterio Morales y el Ministerio de Fomento para la creación de un Banco Hipotecario de veinte millones de bolívares de capital. El 18 de ese mes y año fue aprobada la celebración de tal Contrato por el Consejo de Gobierno de la República, en sesión extraordinaria, y posteriormente recibe la probación por parte del Congreso; a pesar de todo ello, el referido Banco no llegó a establecerse.

El 6 de junio de 1894 fue puesto por el Presidente de la República General Joaquín Crespo, el ejecútese a la Ley de Bancos Hipotecarios de treinta artículos, que había sido sancionada el 26 de mayo por el Congreso Nacional. Las leyes sobre Bancos de los años 1895 y 1896 traerán disposiciones dirigidas a los Bancos Hipotecarios que se establecieran en el país.

El señor Federico Bauder publica en 1895 un proyecto de banco de Retroventas de fincas urbanas que se establecería en el Distrito Federal y en las ciudades de La Guaira, Puerto Cabello y Valencia. En 1898, dicho señor Bauder, presentará nuevamente un proyecto de tal naturaleza, dirigido al Crédito Inmobiliario Urbano y el primero de junio de 1899 el de un Banco Nacional Hipotecario de Fincas Urbanas, y como las guerras obstaculizan el paso de sus proyectos, en 1901, insistirá nuevamente en su aspiración.

En el año 1896 varios señores elaboran el proyecto de un Banco de Crédito Hipotecario que tendría anexo una Caja de Ahorro. Dicho Instituto sería en forma de Cooperativa y decían sus proponentes que ese proyecto era equitativo, pues aprovechando la reforma de la Ley de Hipotecas, efectuada en el pasado Congreso de la Nación, contribuirá a que las transacciones para la transmisión convencional de la propiedad se realicen bajo condiciones más racionales y más de acuerdo con las prácticas establecidas por las leyes. El capital estaría formado por acciones de quinientos bolívares cada una y las Cédulas Hipotecarias que emitiera tendrían un valor igual que las acciones.

El día 28 de mayo de 1898 el Congreso expide una ley creando un Banco de Crédito Territorial. Por cierto que el Club Agrícola de Caracas promovió un Congreso Agrícola, el cual fue electo por las municipalidades de la República y se instaló el 2 de mayo de 1898 en Caracas. Como consecuencia, en diciembre de ese año fue presentado un proyecto ampliado por Francisco Hernández Ustariz.

Un ciudadano norteamericano llamado Geo W. Upton propone, el 22 de abril de 1899, la creación del Banco Bolívar que sería de circulación e hipotecario con quince millones de bolívares de capital. El gobierno atiende la petición y otorga franquicias con una Resolución del 22 de octubre de ese año; pero el Banco no llega a crearse por causa de la guerra que hizo desaparecer al Gobierno del General Ignacio Andrade.

También en 1899 varios diputados presentan a la Cámara un proyecto de ley sobre Bancos populares para cada capital de distrito y con un Banco Central de Liquidación en Caracas que sería para emisión, circulación y préstamos hipotecarios; pero el Senado negó su aprobación.

El 22 de mayo de 1900 el doctor Rafael Domínguez da a conocer un proyecto de un Banco Nacional con sucursales en toda la República y con una sección de Crédito Hipotecario a la manera del Crédito Territorial Francés. Además publica una serie de artículos que trataban sobre el tópico de los Bancos Hipotecarios.

Así pues, no obstante la preocupación y el gran interés observado durante el siglo pasado, al igual que en el actual, el establecimiento de un Banco de Crédito Hipotecario se hace esperar hasta hace algunos pocos años y Venezuela es adelantada, en ese aspecto, por casi todos los países americanos en la creación de un instituto de tal categoría.

(Fue publicado, inicialmente, el la revista Banca y Seguros, Nº 91, Caracas, septiembre de 1964)

Hasta el año de 1839 no existía en Venezuela ninguna oficina bancaria; estas operaciones eran realizadas por los comerciantes. La situación preponderante de éstos se mantendrá durante muchos años. La confianza de que gozaban las casas comerciales no bancarias se evidencia, sobradamente, en el hecho de que el Gerente del Banco de Maracaibo hace reunir, el 7 de septiembre de 1889, a la Asamblea Delegataria de dicho instituto, en sesión extraordinaria, para pedir autorización a fin de depositar el tesoro del Banco en manos de las firmas comerciales de Blohm & Cía., Minlos Breuer & Cía, y Van Dissel Thies & Cía, considerando que guardando los fondos en el propio banco se corría mayor riesgo debido a la situación de intranquilidad que vivía la nación para aquella época.

La evolución de las oficinas bancarias en Venezuela se puede dividir en tres epatas: una primera, de larga duración, abarca unos sesenta años, que podemos llamar de iniciación. Hasta 1882 son casi intentos de creación de oficinas bancarias de efímera vida, los que se observan en Venezuela. La inestabilidad de la banca es una clara consecuencia de la inestabilidad política que padeció nuestro país hasta avanzados años del siglo en que vivimos. La segunda etapa está caracterizada por su lento crecimiento, tiene una duración de aproximadamente cuarenta años y su final coincide con el del llamado Período Agrario de la economía de Venezuela. La tercera etapa es de un crecimiento acelerado en forma de progresión geométrica, que arranca con la intensificación de la explotación petrolera y se mantiene hasta nuestros días.

El progresivo, rápido crecimiento y evolución de los servicios bancarios, que se observa en los últimos años del período bajo estudio, es una clara prueba del mayor aprovechamiento de los recursos financieros, del desarrollo de la población y del comercio nacionales. Se observa, en la expansión y crecimiento de los servicios bancarios, una fuerte concentración en la zona central del país. Tal cosa corrobora el papel de gran importancia que juega la población en la distribución de las oficinas bancarias, porque en la región central se encuentra nuestra mayor densidad demográfica y el consiguiente desarrollo de nuestro país.

Antes de entrar de lleno a reseñar la evolución histórica de los servicios bancarios, en Venezuela, hemos de aclarar que el presente trabajo se refiere únicamente a los Bancos comerciales y que, por lo tanto, en el número de estas oficinas no se incluyen los Bancos Hipotecarios, Agrícola y Pecuario, Obrero, Central de Venezuela, etc.

El veintinueve de mayo de 1839 inicia sus operaciones la primera oficina bancaria del país en la casa que instala en Caracas el Banco Colonial de Londres, creado con el nombre de Banco Colonial Británico y un capital de 330 mil pesos. Permaneció abierta esta oficina hasta abril de 1849 entre las esquinas de Padre Sierra a Bolsa. Dirigido por los señores Leandro Miranda (hijo mayor del generalísimo Don Francisco de Miranda) y el inglés William Ackers.

Al iniciarse el año 1850 operaban ya ocho oficinas bancarias. La única casa matriz era la que negociaba en Caracas, entre las esquinas de Pajaritos y La Palma, desde 1841; y las agencias, también pertenecientes al Banco Nacional de Venezuela (que fue decretado en mayo de 1841 con dos millones de pesos de capital suscrito en 4/5 partes por particulares y una quinta parte por el Fisco Nacional, siendo sus promotores Juan Nepomuceno Chavez, William Ackers, Juan Elizondo y Adolfo Wolf; los directores por parte del gobierno fueron Guillermo Smith y Wenceslao Urrutia), operaban en Angostura, Cumaná, Barcelona, Puerto Cabello, Barquisimeto, Barinas y Guanare. Para el final de ese año no habrá oficinas bancarias porque el Congreso, haciéndose eco de la fuerte oposición que suscitó el funcionamiento del primer banco mixto de nuestro país, decreta el 23 de marzo de 1850 su eliminación.

En 1855 nace una nueva oficina bancaria y corresponderá a la Compañía de Accionistas, que se fundó el 4 de diciembre de ese año. Estaba ubicada en la esquina de Camejo, y fue clausurada en 1858, a raíz del triunfo de la llamada Revolución de Marzo. La otra oficina bancaria que tendrá nuestro país será la del Banco de Venezuela, que autoriza otorgando patente, un decreto firmado por el General Páez el 17 de octubre de 1861. Su capital de cuatro millones de pesos estaba constituido principalmente por el aporte de papeles de la deuda pública y tenía poder para emitir billetes y ser agente fiscal del Gobierno. También estará situada en la esquina de Camejo y con mil contratiempos termina de funcionar en noviembre del año siguiente. Otra oficina, de vida efímera, fue la del Banco de Caracas creada en el año de 1862.

El primero de enero de 1865 comenzó sus operaciones la oficina bancaria creada a raíz del contrato que varios hombres de negocios firman en mayo del año anterior en la ciudad de Londres. Tal entidad fue el Banco de Londres y Venezuela Ltd., con capital de 500 mil pesos que estuvo situado, en el Nº 96, entre Padre Sierra y Bolsa (esa vía era llamada Calle del Comercio) y fue liquidado en el año 1867.

Por un decreto ejecutivo se creó, el 19 de diciembre de 1870, la Compañía de Crédito de Caracas, e instaló sus oficinas en todos los puertos habilitados de la República. En 1871 se crearon también subsidiarias en Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo. Podemos decir que en 1872 existía una oficina principal o casa matriz, situada entre Padre Sierra y Bolsa; y sucursales en Puerto Cabello, La Guaira, y Agencias en Barcelona, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Carúpano, Coro, Cumaná, Maturín, Güiria y Juan Griego. Esta Compañía se liquida en 1876 pero es sustituida por el primer Banco de Caracas, que cierra el año siguiente al ser sustituida por el segundo Banco de Caracas, establecido en agosto con un capital de 327 mil pesos venezolanos. Al clausurarse el antes mencionado, a principios de 1879, da paso al tercer Banco de Caracas, que inicia sus operaciones en abril de 1879 con un capital de 260 mil pesos venezolanos.

Al finalizar el año 1882 eran dos las casas principales en actividad: correspondían al tercer Banco de Caracas que operaba frente a la Plaza de San Jacinto, en la Casa Natal del Libertador, y la otra al Banco de Maracaibo, que había sido creado el 20 de julio de 1882 en la ciudad de Maracaibo. Durante el siguiente año se instalan dos nuevas casas bancarias matrices: una es el Banco Comercial de Caracas, situado entre Sociedad y Camejo, y la otra el Banco de Carabobo, registrado en junio en la ciudad de Valencia.

En febrero de 1884 se liquida el tercer Banco de Caracas, al ser absorbido por el Banco Comercial de Caracas, el cual, en agosto de 1890, se convierte en Banco de Venezuela con capital de ocho millones de bolívares, ubicado entre Sociedad y Camejo. En enero de 1891 el Banco de Carabobo pasa a ser sucursal del Banco de Venezuela.

En el año de 1891 inician sus operaciones dos casas bancarias matrices en la ciudad de Caracas, y serán –en enero- el Banco Caracas, creado en agosto y cuyo establecimiento fue autorizado por el Ministerio de Fomento en octubre del año anterior. La otra oficina corresponde a la Casa de Empeño, que operaba desde 1884 y se transformó en Banco Monte Piedad, en el mes de julio y operará primero en la esquina de Ibarras y después en la esquina de Muñoz. Éste se transforma nuevamente en Casa de Empeño en octubre de 1898. El Banco Caracas estuvo primero entre Pajaritos y La Palma, luego en 1897 se traslada a un edificio construido entre las esquinas de Camejo y Santa Teresa.

Durante enero de 1896 inicia sus operaciones la Agencia del banco de Venezuela en la ciudad de Valencia. Esta oficina es la misma que hasta esa fecha actúa con el nombre y categoría de sucursal. En la ciudad de Coro se establece, en junio de ese año, la Sociedad de Economía y Préstamos de Coro. Propiamente no es un banco, pero realizará parecidas funciones.

Para el año de 1900 operaban en nuestro país trece oficinas bancarias: tres casas matrices que eran los Bancos de Maracaibo, de Venezuela, y Caracas. Diez agencias pertenecían al banco de Venezuela y operaban en Barcelona, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Puerto Cabello, San Cristóbal, Carúpano, Cumaná, Coro, La Guaira, y Maturín. El extraordinario radio de acción de este Banco queda justificado por la circunstancia de estar desempeñadas por dicho instituto las funciones de Agente del Gobierno Nacional, recaudador de impuestos y derechos de importación.

En 1903 va a operar otra agencia perteneciente al Banco de Venezuela en Porlamar y corresponde a la que estuvo negociando, años atrás, en Juan Griego. En 1906 se inicia su otra agencia, en San Fernando de Apure y, en 1909, comienza sus actividades la de Cristóbal Colón, también del Banco de Venezuela, que antes tuvo abiertas sus puertas en la población de Güiria.

Durante seis años se mantienen operando las mismas quince oficinas bancarias en nuestro país. En 1915 comienzan a operar nueve oficinas más del Banco de Venezuela; en Barquisimeto, Maracay, Calabozo, La Victoria, Mérida, Ocumare del Tuy, Río Chico, San Felipe y Trujillo. Este mismo año clausuró sus operaciones la que por su cuenta estuvo operando en Curazao desde el año de 1878. En 1916 se eleva a veinte el número de oficinas bancarias de Venezuela, con la instalación del Royal Bank of Canada, en Caracas, y el Banco Comercial de Maracaibo. Además tres agencias del Banco de Venezuela empiezan a operar en Altagracia de Orituco, El Callao y El Tocuyo.

Al finalizar el año 1917 serán seis las casas matrices, porque se instala en Caracas el Nacional City Bank, y serán veintisiete las agencias: porque entrarán a funcionar en Tucupita y en Aragua de Barcelona las del Banco de Venezuela, y el Banco de Maracaibo crea su primera agencia, que vendrá a operar en Caracas. La agencia de Aragua de Barcelona se inicia a principios de año, en la población de Zaraza.

En 1919 adquiere la categoría propia de sucursal la agencia del Banco de Venezuela que operaba, desde 1870, en la ciudad de Maracaibo. En 1920 se convertirán también en sucursales las agencias situadas en Puerto Cabello y en Ciudad Bolívar. Habrá una nueva casa matriz, desde el mes de marzo, correspondiente al Banco Holandés Unido y se inaugura la agencia del Banco de Venezuela en Acarigua. En 1922 traslada a la ciudad de Barinas la oficina que había creado el año anterior en Barinitas. Al iniciarse el de 1923 operaban, en nuestro país, treinta y seis oficinas bancarias y entre ellas siete eran casas matrices: cuatro eran de bancos enteramente venezolanos y tres extranjeros.

En 1925 se crea el Banco Venezolano de Crédito, el Banco de Venezuela inaugura su agencia en San Carlos y convierte en sucursal la oficina que operaba como agencia en Valencia desde 1896. En julio de 1826 abre sus puertas en Banco Mercantil y Agrícola (conversión del banco Neerlandés en banco Mercantil). En 1927 entra a funcionar una nueva oficina, será la agencia del Banco de Venezuela en Encontrados. A excepción de la conversión en sucursal, en 1929, de la agencia de dicho banco en la ciudad de Barquisimeto, no observamos variación del número de oficinas bancarias (durante los años de la gran crisis económica mundial) hasta el año de 1935, cuando vuelve a operar una agencia del Banco de Venezuela en Güiria. El año siguiente inicia sus negocios en el país el Banco de Londres & Sur América Ltd., y en el mes de julio empieza a operar la sucursal en Valencia del Banco Mercantil y Agrícola.

Al finalizar el de 1938 existían 45 oficinas, porque ese año inicia sus operaciones el Banco Industrial de Venezuela, el Banco de Venezuela crea una agencia en Caripito y convierte en sucursal la oficina que operaba como agencia en la ciudad de San Cristóbal. El año siguiente también será convertida en sucursal la agencia del Banco de Venezuela en Barcelona.

El primero de julio de 1943 será inaugurada la primera sucursal que instala el Banco de Maracaibo y estará radicada en la ciudad petrolera de Cabimas. En San Cristóbal abre sus puertas la oficina principal del Banco Táchira, en noviembre de 1944, y una agencia que había sido fundada a principios del año por el Banco de Venezuela en San Juan de los Morros. En 1945 comenzará sus operaciones otra agencia del Banco de Venezuela, en San Antonio del Táchira.

Para finales de este mismo año 1945 operaban en Venezuela cuarenta y nueve oficinas de Bancos comerciales. Las doce entidades matrices eran los Bancos: de Maracaibo, Venezuela, Caracas, Comercial de Maracaibo, Royal Bank of Canada, Nacional City Bank, Holandés Unido, Venezolano de Crédito, Mercantil y Agrícola, Londres & Sur América Ltd., Industrial de Venezuela, y Táchira. Las nueve Sucursales estaban compuestas por las oficinas que tenía el Banco de Venezuela en las ciudades de Maracaibo, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal y Barcelona. La del Banco de Maracaibo en Cabimas, y la del Banco Mercantil y Agrícola en Valencia. Las veintiocho agencias estaban radicadas así: Del Banco de Venezuela: en Carúpano, Cumaná, Coro, La Guaira, Maturín, Porlamar, San Fernando de Apure, Maracay, Calabozo, La Victoria, Mérida, Ocumare del Tuy, Río Chico, San Felipe, Trujillo, El Callao, El Tocuyo, Tucupita, Aragua de Barcelona, Acarigua, Barinas, San Carlos, Encontrados, Güiria, Caripito, San Juan de los Morros, San Antonio del Táchira, y la del Banco de Maracaibo en Caracas.

Durante el año 1946 comienzan a operar cuatro nuevas oficinas bancarias: son tres sucursales y una casa matriz. Ésta última corresponde al Banco Unión, abierto desde el 14 de marzo. Las tres nuevas sucursales, del Banco de Maracaibo, iniciaron sus operaciones en enero, abril, y noviembre en las ciudades de Valera, Caracas y Barquisimeto, respectivamente. Ciertamente, desde 1917 negociaba en Caracas una agencia del Banco de Maracaibo y desde el mes de julio de 1943 tenían autorización del Gobierno para el establecimiento de la sucursal; pero debido al aumento de los negocios del referido instituto n las ciudades de Maracaibo y Cabimas aplazan hasta el 8 de abril de 1946 la apertura de las puertas de la sucursal en la capital de la República.

En 1947 y 1948 no se crearon nuevos institutos ni sucursales, solamente inicia sus operaciones, el 17 de mayo de 1948, una agencia del Banco Industrial de Venezuela en Puente Hierro, que había sido autorizada el mes anterior en base a la solicitud presentada al Ministerio de Hacienda el 30 de marzo del mencionado año, y también empieza a operar una agencia del Banco de Venezuela en Puerto La Cruz.

En el año 1949 se establecen nueve oficinas: una casa matriz, tres sucursales y cinco agencias. La casa matriz es el Banco de Fomento Regional de Barquisimeto, constituido el 16 de julio, inicia sus operaciones el 15 de octubre. (Este Banco solicita con fecha 19 de febrero de 1959 al Ministerio de Hacienda autorización para cambiar su denominación y en agosto de acepta el cambio a Banco de Fomento Comercial de Venezuela). Las sucursales son la del Banco Holandés Unido en la ciudad de Maracaibo, del Banco de Maracaibo en Punto Fijo y la del Banco de Venezuela en Maracay, que hasta julio de aquel año actuó como la Agencia que fue inaugurada en el primer semestre de 1915. El 16 de junio del año anterior solicitó el Banco Holandés Unido autorización para reabrir su sucursal en Maracaibo, que permanecía cerrada desde su clausura en el año de 1943; su reestablecimiento es el 26 de febrero de 1949. Las otras dos sucursales nombradas comienzan en el mes de agosto. Las Agencias son las que crea el Banco de Venezuela en Guanare, en Altagracia de Orituco y en el Aeropuerto de Maiquetía. La del Banco Industrial de Venezuela en Sabana Grande, y la del Banco Unión en El Conde. Las dos últimas en la ciudad de Caracas.

Para el año 1950 tenemos tres nuevas oficinas bancarias y corresponden a la creación del Banco Francés e Italiano para la América del Sur, y el Banco de Carabobo. Además de la sucursal que abre en enero el Banco de Venezuela, en Sabana Grande, y para la cual el Gobierno había dado su autorización en julio del año anterior.

Así como en el año 1950 no se abren agencias, en 1951 no se establece ninguna sucursal. Las diez nuevas oficinas de este año serán las casas matrices de los Bancos Fomento Regional Coro, Los Andes, y de Oriente. Las agencias en El Paraíso y Catia del Banco Industrial, la del Banco Unión en Sabana Grande. Las que abre en Catia, en el Terminal de Pasajeros de La Guaira, en Las Piedras, y en la Aduana de San Antonio del Táchira, el Banco de Venezuela.

Trece nuevas oficinas bancarias inician sus operaciones en el año 1952: ocho sucursales y cinco agencias. La sucursales son: del Banco Venezolano de Crédito en Bello Monte, del Mercantil y Agrícola en Catia, la Sucursal 5 de julio del Comercial de Maracaibo, del Fomento Regional Coro en Punto Fijo, la del Royal Bank of Canada en Puerto La Cruz, del Fomento Regional Los Andes en Mérida. Del Banco de Venezuela comienza como sucursal la agencia que desde 1947 actuaba en Puerto La Cruz, y la del Banco Industrial de Venezuela en La Guaira. Todos esos establecimientos fueron autorizados en el año en cuestión, a excepción de la sucursal del Venezolano de Crédito que había sido autorizada en el mes de mayo del año 1950 y la del Comercial de Maracaibo que lo fue en octubre del año 1951. Las agencias son las que crea el Banco Unión en la Avenida Nueva Granada, en Los Teques, en Catia y en la avenida Andrés Bello, y la del Banco de Venezuela en Punto Fijo.

En 1953 se realiza la apertura de quince nuevas oficinas bancarias. Los bancos Metropolitano, constituido el 21 de noviembre del año anterior, da inicio a sus negocios el 1º de agosto, y el Provincial de Venezuela, constituido el 8 de agosto, también del año anterior, comienza sus operaciones el 15 de octubre. El Banco de Maracaibo abre como sucursal a la agencia que tenía desde el 24 de octubre de 1952 en Bella Vista y crea otra en Santa Bárbara del Zulia. El Francés e Italiano instala en Maracaibo la oficina que tenía autorizada desde agosto del año anterior, y convierte en sucursal, el 10 de diciembre, a la agencia que operaba en la Parroquia El Recreo, en Caracas, desde el mes de septiembre. El Mercantil y Agrícola crea una en Sabana Grande y otra en la avenida San Martín, y el Comercial de Maracaibo establece una en Cabimas.

Agencias son las que crea el Banco Unión en la Avenida San Martín, en Quinta Crespo y en La Guaira; las del Fomento Regional Oriente en El Tigre y en Maturín, y la perteneciente al Francés e Italiano en Quinta Crespo.

En el año 1954 se crean 29 oficinas bancarias, entre ellas hay seis casas matrices de nuevos institutos, seis sucursales y diecisiete agencias. Los nuevos institutos son: Banco de Lara, de Comercio, Italo-Venezolano, del Caribe, Nacional de Descuento, y Miranda. Las sucursales son las establecidas por el Banco Comercial de Maracaibo en la ciudad de Trujillo y en la avenida Los Haticos de Maracaibo, la del Carabobo en Maracay, la del Maracaibo en Ciudad Ojeda, del Provincial de Venezuela en Villa de Cura, y la del Italo-Venezolano en Valencia.

Las agencias que comienzan sus negocios durante el año son las creadas por el Banco de Fomento Regional de Barquisimeto y localizadas en Acarigua, Carora, San Carlos, San Felipe y Yaracuy; las del Fomento Regional Oriente en Porlamar y en Carúpano; las del Metropolitano en Quinta Crespo y Sabana Grande; las del Unión en Chacao y Maracay; la del Venezuela en Cabimas; del Provincial en Los Dos Caminos; del Comercial de Maracaibo en el Hotel del Lago; del Carabobo en Villa de Cura; del Fomento Regional Coro en Churuguara; y del Banco de Comercio en el Centro Simón Bolívar, de Caracas.

Durante el año de 1955 se establecerán 44 nuevas oficinas bancarias: veinte sucursales y veinticuatro agencias. El Banco Caracas crea sucursales en la avenida España de Catia, en Chacao y en la avenida San Martín; el Banco de Maracaibo inaugura una en San Cristóbal, otra enmarida y otra en Mene Grande; el Comercial de Maracaibo, una en Machiques y otra en Boconó. En las ciudades de Barinas y en Barquisimeto empiezan a operar sucursales del Banco del Caribe. Una es del Banco de Carabobo en Puerto Cabello. En la Parroquia Santa Teresa y en Caucagua abre sus correspondientes en Banco Miranda; una del Italo-Venezolano estará en Barquisimeto; una del Venezuela se crea en El Silencio. El Nacional City Bank abre su sucursal en el Estado Miranda; el Banco Francés e Italiano instala una en Mene Grande. El Venezolano de Crédito establece una sucursal en la avenida España de Catia; el Unión crea una en la Parroquia El Recreo y abre como sucursal, el 5 de septiembre, la que operaba como agencia en Maracay desde el 15 de febrero del año anterior.

Las agencias son oficinas que abre el Banco Mercantil y Agrícola en la avenida Nueva Granada, en San Bernardino, en La Florida, en la Urbanización Las Mercedes y en la avenida España de Catia. El Banco de Comercio abre las suyas en la Parroquia de Candelaria, en Las Acacias y en Sabana Grande; el Nacional de Descuento crea una en Chacao. El Carabobo establece una en el Este y otra en la Parroquia Candelaria, ambas en la ciudad de Valencia. El Royal Bank of Canada inaugura una Puerto Ordaz. El Fomento Regional Oriente, en Anaco, Valle de la Pascua y en Puerto La Cruz; el Fomento Regional Coro, en Dabajuro; el Fomento Regional Los Andes, en Tovar; el Fomento Regional Barquisimeto, en la Colonia Agrícola Turén. El Banco Unión crea agencias en en la avenida España de Catia y en El Valle; el Provincial de Venezuela, una en Sabana Grande; el Francés e Italiano, en la avenida San Martín; el Venezuela, en el sector San Blas Michelena, de Valencia; y el Banco Miranda, una en Bello Monte.

Todas las agencias que inician operaciones este año de 1955 habían sido autorizadas por el Gobierno Nacional en ese mismo período, a excepción de la perteneciente al Fomento Regional Coro en Dabajuro, y la del Royal Bank of Canada en Puerto Ordaz, cuyos permisos de establecimiento fueron otorgados el año anterior.

El 16 de noviembre de 1955 el Ministerio de Hacienda autoriza el establecimiento de “Auto-Bancos”, o sea taquillas móviles, para el Banco de Maracaibo. El primero que se inaugura es dependiente de la sucursal de Bella Vista, con el nombre de “Auto Banco Maracaibo Nº 1”, destinado a visitar las poblaciones de La Concepción, Campo Mara, San Rafael de Mara y otros sitios del Distrito Maracaibo. Los servicios de este tipo, que se inauguran después, son: Auto-Banco Maracaibo Nº 2, de la sucursal Cabimas, el día 15 de diciembre de 1955; el Auto-Banco Maracaibo Nº 3, en la sucursal Punto Fijo, el 29 de octubre, y el Auto-Banco Maracaibo Nº 4, en la sucursal de Mérida, el 19 de diciembre de 1956.

Para el año 1956 tendremos iniciación de operaciones en 61 oficinas bancarias: son tres casas matrices, 26 sucursales y 32 agencias. Las casas matrices pertenecen a los nuevos institutos: Banco de Fomento Regional Guayana, Banco La Guaira y Banco de la Construcción, que habían sido constituidos en el año anterior.

En cuanto a las sucursales, el Banco de Carabobo instala en Acarigua y en Coro; el Banco del Caribe, una en Valencia; el de La Guaira abre su sucursal en Caracas; del Comercial de Maracaibo serán en Bachaquero, La Concepción y El Milagro; el Francés e Italiano abre una entre Traposos y Chorro; el Italo-Venezolano, en Los Teques y en Puerto Cabello. Las pertenecientes al Banco de Maracaibo serán inauguradas en Bachaquero, Lagunillas, Plaza Páez del Distrito Maracaibo, Casigua, Ureña y Santa Bárbara; el Mercantil y Agrícola, en Puerto La Cruz y en Barquisimeto; el Nacional de Descuento, una en Sabana Grande; el Nacional City Bank, una en la ciudad de Maracaibo; el Banco Táchira, una en la avenida Urdaneta de Caracas. El Banco Unión transforma en sucursal la oficina que venía operando como agencia en La Guaira desde el mes de diciembre de 1953, y crea las de Barquisimeto y Valera. El Venezolano de Crédito establece una en la avenida San Martín y otra en la Nueva Granada de Caracas.

De las agencias que inician sus negocios en este año, el Banco de Venezuela instala en Quinta Crespo, Prado de María, Parroquia Candelaria de Valencia, Parroquia Chinquinquirá de Maracaibo, El Tigre y Anaco. El Banco Unión, en Bello Monte, avenida Victoria, y Carora; el Banco Táchira, en Rubio y San Antonio del Táchira; el Banco Provincial de Venezuela, en Cagua y Calabozo; el Nacional de Descuento, en Quinta Crespo; el Banco Miranda en la avenida México de Caracas. El Banco Metropolitano, en las avenidas México y Andrés bello; el Mercantil y Agrícola, en la avenida Victoria de Caracas, y en la calle Branger de Valencia. El Italo-Venezolano, en la avenida Carabobo de Valencia, y en La Victoria; el Holandés Unido, en la avenida Francisco de Miranda; el Francés e Italiano, en La Carlota y en Las Acacias; el Fomento Regional Los Andes, en Guasdalito; el Fomento Regional Guayana, en San Félix. El Banco del Caribe, en el Municipio Fraternidad y en la calle Comercio, ambas en Puerto Cabello, en la Zona Oeste y en el Municipio Catedral de Barquisimeto, y en Morón. El Banco de la Construcción crea una en la avenida Urdaneta y otra en el Centro Simón Bolívar de Caracas.

Muchas oficinas creadas antes como agencias fueron transformadas, durante el período estudiado, en sucursales bancarias. También alguna fue clausurada, cosa que ocurrió con la sucursal del Venezolano de Crédito en la ciudad de Maracaibo. En efecto, el 13 de febrero de 1947 se participa al Ministerio de Hacienda su clausura y su activo y pasivo habían sido adquirido por el Banco de Maracaibo desde el día 1º de aquel mes. Así pues, al final del año 1956 en todo el país operaban 238 oficinas bancarias repartidas en 30 casas matrices, 84 sucursales y 124 agencias.

(Fue publicado en la revista Banca y Seguros de Caracas. La parte que abarca desde 1839 hasta 1945, en las páginas 33, 34 y 40 del Nº 94 correspondiente a diciembre de 1964; y la reseña del período comprendido entre 1946 y 1956, en las páginas 41, 42 y 43 del Nº 95, correspondiente al mes de enero de 1965).

En los últimos años se ha repetido insistentemente acerca de la gran necesidad que tiene planteada nuestro país de emprender una lucha por conquistar mercados extranjeros para la colocación de productos nacionales de origen industrial. Tal cuestión ha dado motivos a múltiples foros, así como a la creación de organismos –tanto en la esfera gubernamental como en la privada- encargados de coordinar, encauzar y hacer realidad esa “necesidad” nacional. Uno de tales organismos que, desde el primer momento, se ha considerado con mayor posibilidad para contribuir con la expansión industrial y el desarrollo de nuestras exportaciones de productos con un considerable grado de valor agregado, es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Creemos que fue, precisamente, convencido de este razonamiento como el Ejecutivo Nacional con fecha 27 de agosto de 1969 decretó el nombramiento de una Comisión “encargada de estudiar todo lo relativo a la constitución y organización de un Banco de Comercio Exterior”.

En Venezuela, como en muchos otros países de América Latina, la insuficiencia del mercado interno es un freno importante para la industrialización y desarrollo económico, y por lo tanto se hace imprescindible la búsqueda de compradores en el exterior para sus productos. Hasta ahora se ha achacado gran parte de culpa a los empresarios particulares por carecer de una conciencia exportadora y antes que tratar de vender fuera de nuestras fronteras prefieren, por comodidad y por evitar posibles riesgos, mantener una alta tasa de capacidad ociosa en sus instalaciones y maquinarias productivas, con la consiguiente tendencia al alza de los precios de sus productos en el mercado doméstico; sin embargo, es preciso reconocer que hasta hace pocos años eran nulos los esfuerzos llevados a cabo por el Sector Público para cambiar ese equivocado modo de actuar. Es cierto que Venezuela se ha caracterizado por ser tradicionalmente un país abierto al comercio exterior; pero tan “extremadamente especializado” en la exportación de muy pocos renglones que su apertura al exterior ha venido a convertirse en una peligrosa espada de Damocles para el desarrollo de la actividad económica interna.

Nuestro país se encuentra hoy día ante una obligante necesidad de diversificar su comercio exportador y por tanto se precisa de aunar recursos y esfuerzos, porque ello contribuirá a acelerar el desarrollo económico y social. No hay que olvidar el extraordinario efecto multiplicador de las exportaciones en otros sectores de la vida económica, evidenciado en la creación de empleos y aprovechamiento en forma eficiente de los recursos nacionales. La actividad exportadora en el sector industrial crea demanda dentro del mismo sector y en el agropecuario y el de servicios, extendiendo su influencia en la elevación y la más justa distribución de la renta.

Para la diversificación de nuestras exportaciones es imprescindible introducir una serie de modificaciones en la estructura y, además, hacer ver a los industriales y comerciantes la conveniencia del negocio de exportación, tanto desde el punto de vista particular como para el país entero. El Banco de Comercio Exterior jugará un gran papel, pues es de todos sabido la importancia que tiene el financiamiento dentro del negocio de exportación, más aún en nuestro país donde se ha carecido hasta ahora de un organismo que financie exportaciones y es indudable que ello signifique la principal traba para el buen desenvolvimiento de la actividad exportadora de productos distintos de los tradicionales petróleo, mineral de hierro, café y cacao.

Recordemos que la práctica del financiamiento por parte de la Banca Comercial es de operaciones a corto plazo, de modo que estará en manos de entidades dependientes del sector público el otorgamiento de financiamiento para operaciones de exportación con plazos mayores. Por otra parte y como prueba de lo anteriormente expuesto puede señalarse que el Banco Central de Venezuela, de acuerdo al numeral 7º del artículo 55 de su Ley respectiva, solamente le permite financiar exportaciones por plazos que no excedan de ciento ochenta días vista. En tal sentido que un solo organismo, la Corporación Venezolana de Fomento, ha asumido este tipo de asistencia a la exportación, concediendo entre la iniciación de su programa en 1963 y 1969 algo más de Bs. 70 millones.

Ahora bien, si fuera la asistencia financiera el único pilar para lograr un incremento constante en la exportación de productos no tradicionales, podría argumentarse sobre lo innecesario de un Banco dedicado a ello, pensando que sería suficiente una modificación en la Ley del Banco Central para hacer más flexible la cuestión de los plazos. Pero sucede que el campo de acción del Banco de Comercio Exterior será mucho más amplio, ya que actuará dentro del general de operaciones permitidas al sistema bancario; pero encauzaría sus recursos al objeto principal de conceder asistencia a diversos niveles tendientes a la aceleración del desarrollo de la actividad exportadora.

Está reconocido que uno de los problemas de más difícil solución en el presente ha sido la falta de dinamismo y el extremado formulismo y papeleo en los trámites a seguir a los fines de asistencia financiera y técnica para la exportación, asimismo se habla del alto costo del financiamiento bancario a corto y largo plazo. No existe ninguna duda que el Instituto a crearse solucionaría tales inconvenientes, dando la oportunidad a los empresarios venezolanos a abocarse a la conquista de mercados extranjeros para sus productos. El Banco de Comercio Exterior debería ser una sociedad anónima, formada por un capital mixto, suscrito en condiciones similares a las existentes en el Banco Central de Venezuela y que no persiga el lucro entre sus finalidades principales.

No obstante el ingente beneficio y gran vacío que va a llenarse con el establecimiento de un Banco de Comercio Exterior en Venezuela, hasta la fecha se desconocen los resultados de los estudios ordenados a la Comisión designada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 130 del 27 de agosto de 1969.

(Fue publicado en el diario “El Universal”, Caracas, martes 23 de marzo de 1971, pág. 1-4).

Es realmente nuevo el establecimiento de Bancos Centrales en América Latina; aunque desde 1896 el Banco de la República Oriental del Uruguay desempeña las funciones propias de un Banco Central, la creación de tal institución en otras Repúblicas ocurre después de la celebración en Bruselas de la Conferencia Financiera Internacional de 1920, en la cual se recomienda tal cosa para los países que no lo poseían. Colombia es el primer país que pone oído a la recomendación y en 1923 nacerá el Banco de la República. El primero que se establece bajo la denominación de Banco Central viene a ser el de Chile en 1925.

En casi todos los países americanos los bancos centrales emisores -aún teniendo diferentes nombres- fueron especialmente creados y (en cuanto a sus funciones tienen antecedente en uno o varios institutos de creación anterior) por lo general no serán resultantes de evolución operada en instituciones anteriores. Solamente en tres países surgen como resultado de la reorganización y transformación de bancos comerciales: en Bolivia nace de la reorganización del antiguo Banco de la Nación Boliviana; en Perú, del Banco de la Reserva que había sido fundado en 1922; y en El Salvador por la transformación del Banco Agrícola Comercial.

Lógicamente el establecimiento de un Banco Central significó el paso decisivo para la modificación del sistema bancario imperante en cada país, ya que se logra la eliminación del arcaico y anárquico sistema de múltiples emisiones y la uniformidad de la emisión y circulación de monedas. Basta recordar que para 1890, en Argentina, trece bancos eran emisores; en México en 1910, veinticuatro bancos ponían en circulación sus propias monedas; y aquí en nuestro país, Venezuela, para diciembre del año 1939, con una población de unos cuatro millones de habitantes (de los cuales era población rural el 60 por ciento) operaban los bancos emisores siguientes: De Venezuela, Caracas, Venezolano de Crédito, Mercantil y Agrícola, de Maracaibo y Comercial de Maracaibo (los bancos Agrícola y Pecuario, e Industrial de Venezuela no tenían ya emisión en circulación), con una emisión de billetes que sobrepasaba los 157 millones de bolívares, distribuida según el cuadro inserto a continuación:

Las misiones norteamericanas encabezadas por Edwin Walter Kemmerer, las inglesas por Sir Otto Niemeyer, así como algunas personalidades de nuestra América, jugaron papel de gran importancia en la creación y organización de los Bancos Centrales de América Latina. Tal circunstancia explica, en parte, el por qué unos institutos tengan como modelo el Sistema de la Reserva Federal y otros guarden parecido con el Banco de Inglaterra. En la actualidad casi todos los países americanos poseen un Banco Central.

El Banco de la República Oriental del Uruguay fue establecido por la ley del 13 de marzo de 1896, siguiendo los lineamientos del Banco de Inglaterra. En 1923 es fundado el Banco de la República de Colombia. En 1925 son creados el Banco de México, el Banco Central de Chile y el Banco Central de Guatemala, éste último en 1945 con una reorganización de sus funciones monetarias es convertido en Banco de Guatemala. En 1927 se crea el Banco Central del Ecuador. En 1929 por reorganización del antiguo Banco de la Nación Boliviana y de acuerdo a la ley del 20 de julio de 1928 surge el Banco Central de Bolivia.

El Banco de la Reserva del Perú que había sido fundado en 1922 es convertido en Banco Central de Reserva del Perú en el año de 1931. Por transformación del Banco Agrícola Comercial en 1934 nace el Banco Central de Reserva de El Salvador. En 1935 es fundado el Banco Central de la República Argentina. El año siguiente es creado el Banco Nacional de Costa Rica, el cual en 1950 como resultado de una reorganización al Departamento Emisor pasa a llamarse Banco Central de Costa Rica.

En 1941 se crea el Banco Nacional de Nicaragua y por una reorganización del Departamento Emisor nace en 1960 el Banco Central de Nicaragua. En 1944 se funda el Banco de Paraguay y por reorganización del Departamento Monetario aparece en 1952 el Banco Central de Paraguay.

En 1947 se crea el Banco Central de República Dominicana. En 1949 lo es el Banco Nacional de Cuba. En 1951 el Banco Central de Honduras.

En cuanto al Banco Central de Venezuela observamos que tiene su antecedente en el Banco de Venezuela y en la Junta Nacional de Centralización de Cambios. Aunque desde 1935 comienza a discutirse acerca de su creación, la ley que lo establece es sancionada el 13 de julio y promulgada el 8 de septiembre de 1939.

De acuerdo al artículo 78 de la ley, dentro de los treinta días siguientes a su publicación debe constituirse una Comisión Organizadora formada de siete miembros. La referida Comisión dejaría de existir cuando se constituyera el Directorio del Instituto. Eran miembros de la Comisión el Ministro de Hacienda, el Ministro de Fomento, el Contralor General de la Nación, o sus representantes, y cuatro nombrados por el Ejecutivo Federal, dos de los cuales serían personas de experiencia en asuntos bancarios, uno en contabilidad y el otro un abogado que sería el Secretario de la Comisión.

La referida Comisión cumple con las funciones mandadas por la ley y el 15 de julio de 1940 convoca a los accionistas para la Asamblea Constituyente que tuvo lugar un mes después. La Compañía quedó inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal el 27 de septiembre de 1940. El Banco Central dará inicio a sus operaciones el 15 de octubre de ese año y en esa misma fecha queda suprimida, de acuerdo al artículo 85 de la antes mencionada ley, la Oficina Nacional de Centralización de Cambios. La inauguración oficial se llevó a efecto el 1 de enero de 1941.

Por mandato de la ley, el naciente Banco Central de Venezuela toma a su cargo las emisiones de los bancos comerciales y el crédito que tal operación motivaba tendría que quedar forzosamente cancelado al vencimiento del plazo de cinco años. Los montos de las emisiones que recibe el Banco Central son los que se señalan en el cuadro siguiente:

Nota: El Banco de Venezuela, el primero en traspasar su emisión, lo había hecho para diciembre del año 1940.Durante el año de 1940 el Banco Venezolano de Crédito acelera el retiro de sus emisiones en circulación, al comienzo del año eran de Bs. 16.189.995 y en diciembre Bs. 1.954.295.

El Directorio autorizado por la ley del año 1939 estaba formado por el Presidente del Banco (elegido por la Asamblea de Accionistas de una terna que enviaba el Presidente de la República) y ocho directores (cuatro de los cuales eran designados por el Ejecutivo Federal, tres por la Asamblea General de Accionistas y uno por el Consejo Bancario Nacional); por la ley actual vigente, que fue sancionada el 28 de noviembre y promulgada el 5 de diciembre de 1960, el Directorio está compuesto por el Presidente del Banco -nombrado como en la forma anterior- y seis directores (tres por el Ejecutivo Nacional, uno por la Asamblea General de Accionistas, uno por la banca privada y uno por los sectores de Comercio y Producción).

(Fue publicado en la revista Banca y Seguros, Nº 102, Caracas, agosto, 1965, páginas 35, 36).

Nuestra unidad monetaria actual es el Bolívar de Oro, de acuerdo a la Ley de Monedas, vigente, que data el 17 de febrero de 1954, equivale a doscientos noventa mil trescientos veintitrés millonésimos de gramo de oro (Grs. 0,290323). En Venezuela se pueden acuñar monedas oro, plata y níquel; sin embargo, las únicas monedas que se han venido acuñando desde 1931, son de plata y níquel. Por la ley del 26 de junio de 1936, el Congreso autoriza al Ejecutivo Federal ordenar la acuñación de ochenta millones de bolívares en monedas de oro, cuarenta millones en monedas de plata, y cuatrocientos mil bolívares en monedas de níquel; pero el General López Contreras solamente decreta por veinte millones en plata y los cuatrocientos mil en níquel, el 6 de agosto de ese año. No se mandan acuñarlas monedas de oro porque en el fondo de reserva del Tesoro había en oro acuñado una cantidad algo mayor de cuarenta millones de bolívares. La última acuñación de monedas de oro se ordena el 8 de febrero de 1930 en conmemoración al centenario de la muerte del Libertador.

El Bolívar de Oro como unidad monetaria de Venezuela es de creación algo reciente. Precisamente la Ley de Monedas que sanciona el Congreso el 15 de junio de 1918 y promulga el Presidente Provisional de la República Victorino Márquez Bustillos el día 24, estipulaba en su artículo segundo: “La Unidad de moneda de los Estados Unidos de Venezuela será el Bolívar de Oro, equivalente a doscientos noventa mil trescientos veintitrés millonésimos de gramo (Grs. 0,290323) de oro fino, y se considera dividido en cien partes iguales o céntimos”. Antes habían existido otras unidades.

Hasta 1848 se mantiene nuestro país sin unidad monetaria, legalmente eran admitidos en toda la República el peso fuerte y la onza de oro español, los pesos fuertes y onzas de oro de las nuevas naciones americanas, el peso fuerte de Estados Unidos y sus facciones, el franco francés, el shilling de Inglaterra y los pesos de Portugal y Brasil. La ley de Monedas de 30 de marzo de 1848, siendo Encargado del Poder Ejecutivo Diego Bautista Urbaneja, crea como unidad monetaria de la República a “El Franco” que contendría nueve partes de plata fina y una de liga, con peso de cinco gramos.

El 1º de abril de 1854, el Presidente José Gregorio Monagas crea una nueva unidad monetaria y será “El Venezolano”, de forma circular, en el anverso tendrá la efigie de la libertad con 16 estrellas alrededor simbolizando las Provincias de la República, y en base el año de acuñación; en el reverso las armas nacionales con la inscripción “República de Venezuela”, y en la base el peso y valor respectivos de la moneda. Se podrá acuñar monedas de oro, plata y cobre.

El Senado y la Cámara de Representantes, en Congreso, decretan el 18 de junio de 1857 una ley que será promulgada el día 23 de ese mes por el General José Tadeo Monagas, por la cual se crea “El Peso fuerte de Oro” como unidad monetaria con un valor de diez reales, y con formas idénticas al Venezolano.

La ley de Monedas sancionada el 7 de junio de 1865 y promulgada el día 12 por el General Antonio Guzmán Blanco, establece al “Venezolano de Oro” como unidad monetaria, también con valor de diez reales. El 11 de septiembre, mediante una Resolución del Ministro de Hacienda, José D. Landaeta, se fija el dólar americano de oro en un peso treinta y uno y un cuarto de centavo o sea en diez y medio reales sencillos. En el segundo artículo de la referida ley se dispone: “El tipo de moneda que se acuñe será de cordón y de forma circular, teniendo en el anverso la efigie del Libertador Simón Bolívar, con una inscripción alrededor que diga: “Estados Unidos de Venezuela” y en la base “Bolívar” y el año de acuñación. En el reverso tendrá las armas nacionales: alrededor, expresado en letras, el valor, y en guarismos, el peso y lei respectivo a cada moneda; y siete estrellas”. Esta va a ser la primera moneda venezolana que contenga la efigie del Libertador.

La ley de 1865 es derogada por una que decreta el General Antonio Guzmán Blanco, Presidente Provisional de la República, en uso de las facultades con que le invistió el Congreso de Plenipotenciarios de los Estados, el día 11 de mayo de 1871. Esta mantiene al Venezolano de Oro como unidad; pero trae algunas innovaciones: 1º) La pieza de oro de veinte venezolanos se llamará Bolívar. (La moneda que se llamaba Bolívar equivale en moneda actual a cien bolívares). 2º) La descripción del tipo de moneda de oro y plata viene definido en el artículo 10 de dicha ley así: por el anverso tendrá la efigie de Bolívar, mirando a la derecha, e inscrito en la parte superior “Bolívar-Libertador”; por el reverso las armas nacionales, la inscripción “Estados Unidos de Venezuela”, alrededor, y en la base el peso y lei respectivo a cada moneda, expresado el último con relación a la unidad; y debajo el año de la acuñación.

Para hacer los troqueles de la moneda con la efigie del Libertador se encarga al grabador general de la Casa de Monedas de París, Désire Albert Barre, quien tomó como modelo un dibujo de Carmelo Fernández.

En 1876 aparece la emisión del Fuerte de plata con la efigie de Bolívar y hasta la fecha se han puesto en circulación veintidós emisiones. Los años de tales acuñaciones son: 1876, 1879, 1886, 1887, 1888, 1889, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, 1935 y 1936.

El 31 de marzo de 1879 Guzmán Blanco, “Ilustre Americano, Pacificador, Regenerador de Venezuela y Supremo Director de la Administración Nacional, etc., etc., etc.”, decreta una nueva ley de monedas que crea el Bolívar de Plata como unidad monetaria de la República y el cual se considerará subdividido en cien céntimos. Según esta ley, acuñado en oro existirán piezas de 100, 50, 20, 10, y 5 bolívares; y en plata las piezas serán de 5, 2, y 1 bolívar, además de 50 y 20 centésimos de bolívar. El tipo de la moneda será igual al descrito en la anterior para el Venezolano.

Según el artículo 22, de la referida ley de 1879, a partir del 1º de julio de ese año se contará en toda la República por la unidad monetaria que es el Bolívar de Plata. Esta unidad se mantendrá hasta 1918, cuando por la ley del 24 de junio se establece una nueva unidad monetaria en Venezuela. Desde la fecha de nacimiento del Bolívar de Plata hasta ahora se han puesto en circulación acuñaciones con las siguientes fechas: 1879, 1886, 1887, 1888, 1889, 1893, 1900, 1901, 1903, 1911, 1912, 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, 1935, 1936, 1945, 1954, y 1960. Hoy día se habla de ordenar una nueva acuñación de monedas de plata y níquel.

(Fue publicado en el diario La República, Caracas, jueves 23 de septiembre de 1965, página 6).

A partir del primero de enero de 2008, tendremos en Venezuela una nueva unidad monetaria. Precisamente, un Decreto Ley de Reconversión Monetaria emitido por el Poder Ejecutivo y publicado en la Gaceta Oficial número 38.638, de fecha 6 de marzo de 2007, contempla el surgimiento del “Bolívar Fuerte” como nueva unidad monetaria.

Ello nos motiva a recordar los cambios y denominaciones de la Unidad Monetaria registrados históricamente en nuestro país. Hasta 1848 se mantiene Venezuela sin unidad monetaria. Legalmente eran admitidos en toda la República el peso fuerte y la onza de oro español, los pesos fuertes y onzas de oro de las nuevas naciones americanas, el peso fuerte de Estados Unidos y sus fracciones, el franco francés, el shilling de Inglaterra y los pesos de Portugal y Brasil.

La Ley de Monedas de 30 de marzo de 1848, siendo Encargado del Poder Ejecutivo el doctor Diego Bautista Urbaneja[2], crea como unidad monetaria de la República a “El Franco” que contendría nueve partes de plata fina y una de liga, con peso de cinco gramos.

El 1º de abril de 1854, el Presidente José Gregorio Monagas crea una nueva unidad monetaria y será “El Venezolano”, de forma circular, en el anverso tendrá la efigie de la Libertad con dieciséis (16) estrellas alrededor simbolizando las Provincias de la República[3], y en la base el año de acuñación; en el reverso las armas nacionales con la inscripción “República de Venezuela”, y en la base el peso y valor respectivos de la moneda. Se podrá acuñar monedas de oro, plata y cobre.

El Senado y la Cámara de Representantes, en Congreso, decretan el 18 de junio de 1857 una ley que será promulgada el día 23 de ese mes por el general José Tadeo Monagas[4], mediante la cual se crea “El Peso Fuerte de Oro” como unidad monetaria con un valor de diez reales, y con formas idénticas a “El Venezolano”.

La ley de monedas sancionada el 7 de junio de 1865 y promulgada el día 12 por el general Antonio Guzmán Blanco[5], establece al “Venezolano de Oro” como unidad monetaria, también con valor de diez reales. En el segundo artículo de la referida Ley se dispone: “El tipo de la moneda que se acuñe será de cordón y de forma circular, teniendo en el anverso la efigie del Libertador Simón Bolívar, con una inscripción alrededor que diga ‘Estados Unidos de Venezuela’ y en la base ‘Bolívar’ y el año de acuñación. En el reverso tendrá las armas nacionales; alrededor, expresado en letras, el valor, y en guarismos, el peso y lei[6] respectivo a cada moneda; y siete estrellas”. Esta va a ser la primera moneda venezolana que contenga la efigie del Libertador.

La ley de 1865 es derogada por el decreto del General Antonio Guzmán Blanco, Presidente Provisional de la República, en uso de las facultades con que le investió el Congreso de Plenipotenciarios de los Estados, el día 11 de mayo de 1871. Esta mantiene al Venezolano de Oro como unidad monetaria; pero trae algunas innovaciones: 1º) la pieza de oro de veinte venezolanos se llamará “Bolívar”[7]. 2º) la descripción del tipo de moneda de oro y plata viene definido en el artículo 10 de dicha ley, así: por el anverso tendrá la efigie de Bolívar, mirando a la derecha, e inscrito en la parte superior “Bolívar-Libertador”; por el reverso las armas nacionales, la inscripción “Estados Unidos de Venezuela”, alrededor, y en la base el peso y lei respectivo a cada moneda, expresado el último con relación a la unidad; y debajo el año de la acuñación.

Para hacer los troqueles de la moneda con la efigie del Libertador se encarga al grabador general de la Casa de Moneda de París, Désire Albert Barre, quien tomó como modelo un dibujo de Carmelo Fernández[8].

El 31 de marzo de 1879 Guzmán Blanco, “Ilustre Americano, Pacificador, Regenerador de Venezuela y Supremo Director de la Administración Nacional, etc., etc., etc.”, decreta una nueva ley de monedas que crea el “Bolívar de Plata” como unidad monetaria de la República y el cual se considerará subdividido en cien céntimos. Según esta ley, acuñado en oro existirían piezas de 100, 50, 20, 10, y 5 bolívares; y en plata las piezas serán de 5, 2, y 1 bolívares, además de 50, y 20 centésimos de bolívar. El tipo de la moneda será igual al descrito en la anterior para el “Venezolano”.

Según el artículo 22, de la referida ley de 1879, a partir del día 1º de julio de ese año se contará en toda la República por la unidad monetaria que es el Bolívar de Plata. Esta unidad se mantendrá hasta 1918, cuando por la ley del 24 de junio, que promulga el Presidente Provisional de la República doctor Victorino Márquez Bustillos, se establece una nueva unidad monetaria en Venezuela y es que en su artículo segundo estipulaba: “La unidad de moneda de los Estados Unidos de Venezuela será el “Bolívar de Oro”, equivalente a doscientos noventa mil trescientos veintitrés millonésimas de gramo (Grs. 0,290323) de oro fino y se considera dividida en cien partes iguales o céntimos”.

La unidad monetaria antes descrita se mantiene en la Ley de Monedas que data de 17 de febrero de 1954, hasta que la ley del Banco Central de fecha 30-10-1974 en su artículo 68 define: “la unidad monetaria de la República de Venezuela es el Bolívar”.

( La nota titulada “Reseña histórica de las Unidades Monetarias en Venezuela”, fue publicada con ilustraciones en el “BOLETÍN DEL NÚCLEO de Economistas del BCV”, Vol. I, Nº 8, julio 2007, págs. 20-22. También se incluyó en el Boletín Informativo de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela, Nº 66, septiembre 2007, págimas 22-23 ).

Transcurridos ya 131 años de la primera acuñación de monedas de níquel equivalentes a doce céntimos y medio (12,5 cms) de la unidad monetaria de ese momento[9], corrientemente denominadas “Cuartillo” (un cuarto de ‘real’) y popularizadas con el nombre de “locha” (tal denominación parece derivarse de la moneda “ochava” –octava parte de la peseta española- que anteriormente había circulado con cierta profusión en nuestro país.

A casi cuarenta años de que nuestras autoridades dieran el permiso para acuñar las últimas monedas de la referida denominación. Cuando las generaciones actuales habían olvidado completamente dicho espécimen monetario, ocurre su renacer por cuanto en el decreto ley de Reconversión Monetaria, de fecha 6 de marzo de 2007, la mencionada moneda está contenida dentro del “Cono” previsto para las futuras monedas de circulación.

Para ese entonces, año 1876, gobernaba a Venezuela el General Antonio Guzmán Blanco[10]. Durante su gestión gubernativa se interesó en dotar al país de un sistema monetario nacional que lo liberara de una vez por todas de la dependencia del numerario extranjero en que había vivido hasta entonces.

El día 14 de junio de 1876, mediante una Resolución, el Ministro de Hacienda (cuya titularidad ejercía Pedro Toledo Bermúdez) ordenó la acuñación de los primeros dos millones de piezas de monedas de níquel del valor de dos y medio (2 ½) centavos[11] de ‘Venezolano’; a partir del establecimiento del ‘Bolívar de Plata’ como unidad monetaria, en 1879, el valor expresado será de doce céntimos y medio (12 ½) de ‘Bolívar’. Nuestras populares lochas tendrían el diámetro del cuarto del dólar americano de 1876 (módulo de 23 mm que permaneció invariable en todas las acuñaciones subsiguientes).

La firma H. L. Boulton & Cía, fue la encargada de gestionar la acuñación con la Casa de Monedas de Filadelfia. El señor Anthony C. Paquet elaboró los troqueles (por cierto que los cuños fabricados estaban, en 1883, en poder de los herederos del señor antes citado y fueron adquiridos por Venezuela por el monto de cincuenta dólares y remitidos el 23 de febrero de 1884 al Ministerio de Relaciones Exteriores).

La acuñación de 1876 no se rigió por la Ley de Monedas vigente (que contemplaba acuñación de monedas de cobre de un centavo), esa fue una de las causas aparentes para la oposición que se suscitó en el país; por lo cual se dicta un Decreto Ejecutivo, el 15 de enero de 1877, donde el General Antonio Guzmán Blanco, Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela determina que “desde la presente fecha se declara en circulación legal”, obligatoria para los particulares en la proporción que establece para la de cobre la Ley de Monedas de 1871, la moneda de níquel mandada a acuñar a los Estados Unidos de Norte América.

La nueva “locha” acuñada en 1896 presenta como diferencia (además de que, en el reverso, el valor está expresado así: “12 ½ céntimos”) que el “caballo del escudo” en su carrera mira hacia atrás; y no al frente, como en el escudo de la moneda con fecha anterior. A partir del 1944, el escudo tiene forma rectangular; y desde 1958, la inscripción del anverso, alrededor del escudo dice: “República de Venezuela”.

En trece fechas distintas (entre 1876 y 1969) han sido acuñadas monedas de la denominación que comentamos. Los años de acuñación son: 1876-77, 1896, 1925, 1927, 1929, 1936, 1938, 1944, 1945, 1946, 1948, 1958, y 1969 (esta última no circuló). La de 1896 fue acuñada en Berlín; la de 1944 en Denver; la de 1969 en Madrid y todas las otras fechas fueron acuñadas en Filadelfia. El total general de monedas de “locha” acuñadas alcanza la cifra de cincuenta y dos millones cuatrocientas mil (52.400.000) piezas.

La moneda venezolana llamada Locha fue siempre acuñada en níquel (con excepción a la de 1944 que fue una aleación de bronce y zinc) y con las mismas proporciones de tamaño y peso. Las únicas particularidades perceptibles están en los cambios de la forma del ‘escudo nacional’ y las inscripciones contenidas. La gran popularidad y uso generalizado tiene su razón en que facilitaba las negociaciones en cuanto al fraccionamiento del precio de bienes y servicios.

(Publicado con ilustraciones en el “Boletín del Núcleo de Economistas del BCV, Volumen I, Nº 10, Septiembre 2007, páginas 10-12. También en el “Boletín Informativo de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela”, Nº 67, Diciembre 2007, páginas 24-25 ).

El “centavo” o la “puya” fueron monedas venezolanas muy populares, conocidas y de gran tradición, de muy profusa circulación hasta hace algunos años. Ahora desconocidas porque la inflación obligó su desaparición por su inexistente capacidad para adquirir hasta el más insignificante objeto. Sin embargo, con la llamada “reconversión monetaria” decretada por el Ejecutivo Nacional, volverá la acuñación y circulación de monedas metálicas con valor de cinco céntimos del Bolívar Fuerte. Tal cosa nos ha impulsado a elaborar un recuento histórico acerca de las monedas, conocidas con esa denominación, que circularon en Venezuela durante casi dos siglos.

En nuestro país circularon monedas norteamericanas de cobre de la denominación de un centavo a partir de la autorización contenida en la Ley de Monedas del 13 de mayo de 1834, ratificado por las leyes fechadas en marzo de 1835, mayo de 1840 y marzo de 1842.

La Ley sancionada por el Congreso el 29 de marzo de 1842 con las firmas del doctor José Vargas y José F. Blanco, y promulgada por el Presidente de la República general José Antonio Páez, y el Secretario de Hacienda Francisco Aranda, establece que “había en Venezuela una moneda de cobre y cuño nacional denominada centavo, que representa la centésima parte de un peso fuerte”. La referida Ley, en su artículo 7º precisaba que continuarían “circulando los centavos enteros que con el sello de los Estados Unidos, como ya se ha dicho, autorizados desde 1834 y ratificados últimamente por Decreto del 2 de mayo de 1840; sin embargo, una vez que se reciben y son distribuidas las piezas venezolanas elaboradas en Londres, una Resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de octubre de 1844, prohibirá el acceso corriente del centavo norteamericano.

Las disposiciones legales vigentes en Venezuela hasta principios de 1857 permitían también la acuñación de monedas de medio centavo y también de cuartos de centavo. La Ley de Monedas sancionada el 18 de marzo de 1857 y promulgada cinco días después por el Presidente de la República, José Tadeo Monagas, precisará que “no habrá más monedas de cobre que el centavo, cuyo peso será de setecientos cincuenta miligramos” y su liga de estaño y zinc no pasará de cinco por ciento, con noventa y cinco partes de cobre puro. El diámetro del centavo será de veinticinco milímetros. Llevará en el anverso el busto de la Libertad con la inscripción “República de Venezuela” y en el reverso una orla de laurel en cuyo centro diga “un centavo” y el año de su acuñación. Esta moneda valdrá la centésima parte de un peso fuerte que era la nueva Unidad Monetaria de Venezuela.

Una pequeña modificación en la moneda de cobre de un centavo se observará con la Ley dada por el General Antonio Guzmán Blanco el 11 de mayo de 1871, precisando que llevará en el anverso el cuartel de las espigas del escudo de armas nacionales, con la inscripción “Estados Unidos de Venezuela”, y en el reverso una corona de oliva en cuyo centro diga “un centavo” que representa la centésima parte del Venezolano o sea la Unidad Monetaria.

La moneda de centavo, hasta ahora referida, no volvió a ser acuñada. De tal manera que dejó de circular poco tiempo después, por tanto no es la que popularmente conocimos con el apodo de “puya”. Hablaremos de ésta en los siguientes párrafos.

El 14 de junio de 1876, mediante Resolución firmada por el Ministro de Hacienda, Pedro Toledo Bermúdez, se ordena la acuñación, en una fábrica norteamericana, de la moneda de Níquel de un centavo. Esta moneda tendrá exactamente el diámetro y espesor de la pieza americana de diez centavos del año 1866. Nuestro Centavo de Níquel, también conocido como “puya”, será de borde liso y su módulo de diecinueve milímetros permanecerá invariable, con muy ligeras modificaciones en sus características generales, hasta la que fue su última acuñación en el año 1986.

Es de hacer notar que, la acuñación ordenada en 1876 no se enmarcaba en las disposiciones de la Ley de Monedas vigente; es por ello que el gobierno presidido por el General Antonio Guzmán Blanco decreta, el 15 de enero de 1877, la circulación y aceptación obligatoria de las nuevas monedas, aunque más tarde el gobierno que sustituyó a Guzmán Blanco intentó, sin suerte, hacer una nueva acuñación de monedas de cobre con el fin de recoger las fabricadas con níquel que estaban circulando.

La Ley creadora del “Bolívar de Plata” como Unidad Monetaria de Venezuela, dictada por el Ilustre Americano, General Antonio Guzmán Blanco, y refrendada por el Ministro de Relaciones Interiores, Diego Bautista Urbaneja, el 31 de marzo de 1879, señala expresamente que las monedas de níquel de un centavo de venezolano continuarían circulando con el valor de cinco céntimos de bolívar, al igual que los centavos de cobre nacionales.

La acuñación de monedas de níquel de cinco céntimos de bolívar, popularmente llamadas “puyas” ó “centavos” será autorizada por Decreto legislativo de fecha 19 de mayo de 1896 con “ejecútese” del Presidente de la República, General Joaquín Crespo, firmado en el Palacio Federal de Caracas a 25 de mayo de 1896. Fue contratada con la Real Casa de Monedas de Berlín, la fabricación de cuatro millones de piezas que serían de igual diámetro y peso a las que circulaban desde hacía veinte años; las únicas variantes son que en el anverso, donde antes decía “un centavo”, las de ahora expresan “5 céntimos”, y las originadas por los cambios que las leyes respectivas habían pautado en la forma del cuerpo del escudo. Llegaron al puerto de La Guaira el 11 de marzo de 1897 y comienza su puesta en circulación.

Sucesivamente se registraron acuñaciones de la citada moneda en los años 1915, 1921, 1925, 1927, 1929, 1936, 1938, 1944, 1945, 1946, y 1948, las cuales totalizan la cantidad de sesenta y siete millones (67.000.000) de piezas. Salvo la acuñación de 1944 que fue efectuada por la Casa de Monedas de Denver, Colorado, todas las demás se contrataron con la Casa de Monedas de Filadelfia.

La acuñación de monedas de cinco céntimos de bolívar ordenada por Decreto Nº 219 del 17 de mayo de 1958, también se corresponde a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Monedas, es decir, que la aleación fuera de 75% de cobre y 25% de níquel, con dos gramos y cinco decigramos (1,5 grs.) de peso y diecinueve milímetros de diámetro; con la inscripción ahora de “República de Venezuela”. Así serán también las acuñaciones de 1964, 1965, y 1971 que representan un total de ciento sesenticinco millones (65.000.000) de piezas. (La de 1958 se efectuó en Filadelfia; las de 1964, y 1965 en Madrid, y la de 1971 en Ottawa).

Para 1974 se hace necesario tramitar una acuñación de monedas de cinco céntimos de bolívar. Los fuertes cambios en el valor internacional del níquel y de los otros metales obliga a modificar la aleación. Es por ello que el Decreto Ejecutivo Nº 340 de fecha 15 de agosto de 1974 establece que la acuñación sea de acero chapado en cobre, en una proporción de 90% de acero y 5% de cobre en cada cara, manteniéndose que cada pieza tenga el peso, diámetro y demás características de las que circulaban. Así también serán las acuñaciones de 1976 y 1977 y en total representarán mil millones (1.000.000.000) de piezas.

En la nueva acuñación de seiscientos millones de monedas de cinco céntimos, dispuesta según Resolución del Directorio del Banco Central de Venezuela, será de aleación de acero chapado en níquel con una proporción de 90% de acero y 5% de níquel en cada cara de la moneda, con un diámetro de dieciocho milímetros y peso de dos gramos.

La última acuñación de la moneda venezolana llamada “puya” ó “centavo”, es decir de cinco céntimos de bolívar totalizará quinientos millones (500.000.000) de piezas, de características similares a las correspondientes a 1983; pero el metal utilizado será aleación de acero chapado en cupro-níquel, o sea 90% de acero y 5% de cupro-níquel en cada cara de la moneda; según la Resolución del Directorio del Banco Central de Venezuela en fecha 2 de septiembre de 1986.

( Publicado con ilustraciones en el “Boletín del Núcleo de Economistas BCV”, Volumen I, Nº 11, octubre 2007, páginas 12-16 ).

Desde mucho antes de que se establecieran instituciones bancarias en nuestro país, algunas de las operaciones que a ellas corresponderían, eran ejercidas cabal y eficientemente por casas comerciales. El prestigio, seriedad y fortaleza se les reconocía a tal extremo que superaban la confianza otorgada por la población a las propiamente llamadas instituciones bancarias. Esa situación se mantendrá hasta transcurridas varias décadas del siglo pasado.

En Venezuela se conoce interés por establecer y operar oficinas bancarias desde tiempos coloniales[12]. Sin embargo, fue en las décadas finales del siglo XIX cuando se inauguran Bancos que no serán de vida efímera. La poca permanencia operativa de las oficinas bancarias creadas con anterioridad, es la principal causa de la desconfianza de los sujetos económicos en tales instituciones, y de la tendencia a recurrir al servicio y ayuda que prestaban las firmas mercantiles.

Ciertamente muchas empresas o casa de comercio gozaban de gran renombre y una confianza que podría ser hasta envidiada por las propias instituciones bancarias. Como una prueba de ello podría recordarse que las autoridades del Banco de Maracaibo (que había sido fundado el 20 de julio de 1882 con un capital de ciento sesenta mil bolívares, aumentado al doble el primero de marzo de 1884 y por un segundo aumento aprobado el 15 de febrero de 1889 llegará su capital a ochocientos mil bolívares) ante los temores porque la alteración del orden público amenazaba una nueva guerra civil, con fecha 7 de septiembre de 1889 piden a la Asamblea Delegataria la autorización para depositar el tesoro del Banco en casa comerciales; y por aprobación de la Asamblea dicho depósito se hizo en Bloher & Cía., y en Minlos Breuer & Cía., dejando en la Caja del instituto bancario tan solo la módica cantidad de ochenta mil bolívares (Bs. 80.000,oo) para atender la clientela, hasta que pasara el peligro de lo que se perfilaba como una guerra civil.

Era tal la importancia y magnitud de las operaciones financieras y cambiarias desempeñadas por las firmas mercantiles que justifica la necesidad de enmarcarlas en las leyes bancarias. Es así que la Ley de Bancos, promulgada el 27 de junio de 1918[13], contiene disposiciones específicas para el establecimiento, funcionamiento y fiscalización de las Casas de Cambio o firmas que realizaban operaciones de cambio de billetes, bonos o valores fiduciarios del exterior por monedas legal o billetes nacionales. Valga recordar la significativa actividad y proporción del comercio exterior, de las operaciones monetarias, financieras y cambiarias como característica siempre permanente y observable en el recorrer histórico de la economía venezolana.

De acuerdo al artículo 25, de la antes referida Ley, la autorización para funcionar como Oficina de Cambio deberá gestionarse ante el Ministerio de Fomento, expresando el solicitante su nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y clase de negocio que ejerce, si fuere comerciante. A las Casas de Cambio le estaba permitido comprar billetes, bonos o valores fiduciarios a los pasajeros que vengan del exterior, asimismo podrán exportar los billetes, bonos o valores fiduciarios que reciban, cambiarlos entre sí y venderlos a personas que se dirijan al extranjero, bastando que éstos lo pidan por escrito, declarando la expresa circunstancia. Quedaba entendido que el funcionamiento de las Oficinas o Casas de Cambio, sería supervisado por los Fiscales de Bancos[14]. Años más tarde, a partir de 1940, la tarea de controlador le corresponderá a la Superintendencia de Bancos.

Inmediatamente comienza la regularización que impone la Ley para las firmas que deseaban continuar como operadores cambiarios. En el mes de julio fueron debidamente autorizadas diez (10) firmas para desempeñar las funciones de Casas o Agencias de Cambio: Banco de Venezuela, Antonio Graells; H.L. Boulton & Cía.; Banco Mercantil Americano; Banco Caracas, Morris E. Curiel; José Antonio Guerrero; The Royal Bank of Canada; The National City Bank of N.Y.; y Juan Santana. En los meses restantes de 1918 (agosto- diciembre), se le permitirá tal tipo de funcionamiento, a otras trece (13) firmas: David T. Pardo; Comercial Bank Sapnish of Am.; Banco Comercial de Maracaibo; R.& O. Kolster; Francisco Graells; Venezuela Comercial Company; C. Hellmund & Cía.; Banco de Maracaibo; Eduardo Berrizbeitía y Cía.; Otamendi y Cía.; Rivas Hermanos y Cía.; Héctor L. Ortiz; y Joviniano Pineda.

En los años siguientes se reduce la intensidad, en cuanto al número de firmas aprobadas. Desde junio de 1918 hasta 1925, el Ministerio de Fomento otorgará la correspondiente autorización a más de cincuenta firmas para operar como Casas o Agencias de Cambio en el territorio nacional.

Las Casas de Cambio trimestralmente estaban obligadas a enviar al Ministerio de Fomento una relación del movimiento de ingreso, egreso y existencia de billetes extranjeros, determinando el valor de los billetes y el país de la emisión. Además de eso, está la supervisión y control de las operaciones que cumplen, directamente, los funcionarios fiscales de bancos hasta 1939 y en los años sucesivos la Superintendencia de Bancos.

A continuación se presenta un cuadro que muestra las fechas de autorización, firma solicitante, y localización operativa de la Oficina de Cambio:

( La nota titulada “Las primeras casas de cambio en Venezuela”, fue publicado en el “BOLETÍN DEL NÚCLEO DE ECONOMISTAS BCV”, Volumen I, Nº 9, agosto 2007, páginas 13-16 ).

Comúnmente se dice que en los países subdesarrollados las estadísticas son también subdesarrolladas. La mecanización es indicativa en muchos casos del adelanto; sin embargo, para el caso específico de Venezuela ni la avanzada mecanización existente ni la experiencia de los tantos años de vida que tiene el organismo oficial encargado de la centralización de las informaciones estadísticas venezolanas, han podido ser factores de contribución eficiente en el mejoramiento de nuestro sistema estadístico.

No es raro que muchos desprevenidos se sorprendan al constatar que la Dirección General de Estadística, un organismo del sector público que fue creado por un decreto del General Guzmán Blanco fechado el 9 de enero de 1871, con amplios poderes que aseguraban la centralización de las informaciones estadísticas nacionales y con un Reglamento decretado el 14 de agosto de ese mismo año en el que se precisa con lujo de detalles las materias que serían competencia de los ocho Despachos que conformarían dicha Dirección de Estadística, a saber: 1) Estadística Natural; 2) Estadística Social; 3) Estadística Moral; 4) Estadística Intelectual; 5) Riqueza Territorial; 6) Riqueza Mueble e Inmueble; 7) Fomento, y 8) Política y Administrativa.

Siendo la Estadística un instrumento de tanta importancia no es fácil explicarse la razón que justifique su imperceptible progreso.

En nuestro país son muy diversos los organismos públicos y privados que se encargan de producir estadísticas. Cada ministerio, instituto o empresa, en forma desorganizada y sin ninguna coordinación recolecta o produce estadística, en base a sus necesidades y particularmente criterios. De allí que cada cifra, aún refiriéndose al mismo concepto varíe de uno a otro organismo. Por otra parte, además de la segmentación e incongruencia, el atraso con que son producidas, determina que sea casi imposible elaborar estudios actualizados. Como consecuencia de ello, al ser deficiente la información estadística también tienen que ser deficientes los análisis que con ellas puedan realizarse.

Desde luego que hacen ya muchos años que se viene hablando de la necesidad de un organismo que centralice en la debida forma todas las actividades de recolección de informaciones estadísticas. Ahora bien, es indudable que el organismo a crearse llenará un gran vacío pero también es fácil suponer que su establecimiento total y funcionamiento eficaz requerirá de varios años. Para cubrir la falta del citado organismo podrían darse autorizaciones a instituciones que en la actualidad desempeñan por su cuenta algunas de esas actividades y que, pensamos confrontan grandes dificultades. Por ejemplo tengo entendido que el Banco Central de Venezuela, Universidad Central y otras instituciones de gran importancia y seriedad tienen que salvar considerables obstáculos para realizar los estudios que acerca de la situación económica y social del país dan regularmente a conocimiento público.

Para nadie es un secreto que en los últimos dos quinquenios, las estadísticas venezolanas que tradicionalmente proporcionaba la Dirección General de Estadística han experimentado un deterioro cada vez más acentuado. Multitud de excusas justificantes han sido declaradas por los personeros a quienes competían; pero de allí no pasaron y las cosas siguieron de mal en peor, hasta el punto de que por ejemplo se desconocen las magnitudes del comercio de importación en un considerable número de meses transcurridos.

Sabido es que la Estadística es un instrumento de primordial importancia para elaborar y poner en práctica las mejores políticas económicas, sobre todo cuando está atravesando nuestro país, el hemisferio y el mundo en general por una coyuntura preñada de problemas de índole económica; sin embargo las autoridades no se han abocado a implementar las soluciones al problema de las estadísticas venezolanas. Nos da por pensar que se andaría por el camino que conduce hacia el logro de un remedio a la situación existente con:

a) adaptar la organización y funcionamiento de la D.G.E., ó del organismo que se creare, a las exigencias y necesidades actuales;

b) implantar sistemas que agilicen las labores de recolección, procesamiento y publicación;

c) eliminar la multiplicidad de organismos que producen las mismas o similares informaciones sobre determinadas variables que sólo contribuyen a distraer cantidades mayores de fondos financieros en un mismo objetivo;

d) dar el nivel jerárquico que debe tener a la Oficina Central de Estadística, es decir, como quiera que ella va a centralizar actividades que son comunes para todos los ministerios y demás organismos del sector público también del sector privado, su mejor localización en cuanto a su tutela jerárquica debería ser como Oficina Presidencial, como lo es hoy la de Planificación, Personal, Presupuesto, etc.

Deseable sería que el nuevo establecimiento viera la luz desprovisto de las taras, complejos y resabios perniciosos que al organismo hoy actuante se le enrostran.

(Fue publicado en el diario El Universal, Caracas, viernes 24 de junio de 1977, página 1-4).

Ciertamente nuestro país, históricamente, fue considerado de gran estabilidad cambiaria. En efecto, durante el lapso comprendido entre 1900 y 1983 el tipo de cambio pasa de 5,20 hasta 4,30 bolívares por dólar norteamericano. Aunque en esos ochenta y tres años se registran algunas variaciones que evidencian disminución del precio internacional de nuestro signo monetario, podemos decir que en ese largo período se revaluó la moneda venezolana frente al dólar.

Para el año 1921, el precio del US $ era de Bs. 5,72; seguidamente acusará el bolívar cierta revaluación y el tipo de cambio correspondiente al año 1926 se sitúa en Bs. 5,35. La gran crisis económica mundial del final de esa década es principal causante del debilitamiento del bolívar y en 1931 su equivalente es de Bs. 6,75 por un dólar.

Desde el año 1934, con el llamado Convenio Tinoco, se establecieron las bases del sistema de cambios diferenciales. El tipo de cambio será ahora de Bs. 3,90 y así se mantiene cuando, el 3 de febrero de 1937, se crea la Oficina de Centralización de Cambios. En abril de 1937 se revalúa, llevándose a Bs. 3,19. Un decreto del Presidente Medina Angarita, fechado el 23 de julio de 1941, establece el precio oficial en Bs. 3,35 por dólar, invariable hasta la llegada del Control de Cambios en 1960.

A partir del 11 de noviembre de 1960 tendremos un mercado controlado de Bs. 3,35 y en el llamado mercado libre el precio del dólar era de Bs. 4,59. El 18 de enero de 1964, por decreto del Presidente Rómulo Betancourt, se elimina el Control de Cambios y el tipo de cambios se establecerá en Bs. 4,50. Posteriormente se registrarán algunas leves revaluaciones y para el año 1982 estaba en cuatro bolívares con treinta céntimos por cada dólar.

Contrariamente a lo observado en los ochenta y dos años referidos, el período que va desde 1983 hasta el presente se caracteriza por una gran inestabilidad y marcada desvalorización de nuestro signo monetario (que ha llevado el bolívar desde 4,30 hasta rozar el valor de mil quinientos con respecto al dólar), coincidente con ensayos de seis regímenes cambiarios distintos, tal como se resume a continuación:

1.- Tipo de cambio fijo.- Estuvo vigente hasta el mes de febrero de 1983. El tipo de cambio permaneció invariable por casi veinte años y era libremente convertido a la tasa de Bs. 4,30 bolívares por US $.

2.- Tipo de cambio múltiple.- El viernes negro, el 20 de febrero de 1983, ya en el último año del gobierno de Luis Herrera Campins, significará una modificación en el régimen cambiario que consistirá en el mantenimiento de una o varias tasas de cambio. Fue el período del “Régimen de Cambio Diferencial” (conocido por sus siglas RECADI, oficina adscrita al Ministerio de Hacienda) que fue decretado cuando las reservas internacionales llegaron a niveles de nueve mil millones de dólares. Se establece un esquema con tres tasas cambiarias preferenciales fijas: Bs. 4,30, pagos de amortización de deudas e importación de alimentos y medicinas; Bs. 6,00 importaciones de bienes no esenciales; eran de adquisición muy restringida; y Bs. 7,50 para el resto de operaciones. Durante la vigencia de dicho esquema, el “preferencial” será, pues, de Bs. 7,50 por dólar y otro “fluctuante” que inicia en Bs. 14,50 y también se aplica durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Este sistema se mantiene hasta febrero de 1989. Vale recordar que entre los años 1985 y 1988 el manejo de la política cambiaria se complicó y las paridades son ajustadas, llegando el dólar libre a valer Bs. 32,oo.

3.- El llamado “Crawling Peg”.- En febrero de 1989, al asumir el gobierno Carlos Andrés Pérez decide, como parte de un programa de ajustes, unificar el tipo de cambio de nuestra moneda. Este sistema de Crawling Peg consistía en mini devaluaciones diarias del bolívar para no permitir que se revaluara. Al momento inicial el tipo de cambio era de Bs. 37,3 por dólar. Es de hacer notar que, para el 21 de mayo de 1993, cuando ocurre la salida del Presidente CAP, el tipo de cambio era de Bs. 87,60 por US $. (Valga recordar que el viernes 21 de mayo de 1993 el Congreso Nacional acuerda autorizar el enjuiciamiento de CAP y será encargado de la Presidencia de la República el senador Octavio Lepage. El 4 de junio de 1993 se elige al doctor Ramón J. Velásquez, para ejercer mientras dure la suspensión del ciudadano CAP; pero será definitiva, hasta la toma de posesión de Rafael Caldera en febrero de 1994).

4.- Tipo de cambio fijo con control de cambio.- La crisis bancaria al inicio del 1994 aceleró la fuga de capitales e hizo que las reservas internacionales llegaran a 8.861 millones de dólares y motivó el establecimiento de un control de cambio en junio de 1994, encargado a la Junta de Administración Cambiaria (JAC) el establecer todas las regulaciones, y a la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (OTAC) como ente ejecutor de los procesos. Este otro sistema empieza en julio de 1994 y concluye en marzo de 1996 (el Presidente Caldera había asumido en febrero del 94, cuando el tipo de cambio era de Bs. 106,13 por dólar). Durante este período el gobierno implanta un control de cambio con una tasa de ciento setenta bolívares por dólar hasta diciembre de 1995 y de Bs. 290,oo por US $ entre diciembre 95 y marzo de 1996.

5.- Sistema de bandas cambiarias.- Comienza en abril de 1996, cuando el tipo de cambio arranca colocándose en Bs. 470,oo y termina en febrero de 2002, muy cercano a novecientos bolívares por cada dólar.

6.- Sistema de flotación sucia.- Desde el 13 de febrero de 2002, se elimina el sistema de bandas, y tenemos actualmente en vigencia. En sus primeros tres meses, el pito de cambio ha registrado diariamente alzas y bajas. El precio de un US $ casi ha tocado el nivel de mil quinientos bolívares.

(Fue publicado en el diario La Religión, Caracas, viernes 9 de agosto de 2002, página 2).

La próxima realización del programa censal previsto para 1980, es propicia para que se lleve a cabo una exhaustiva investigación que permita cuantificar la magnitud del pluriempleo en Venezuela. Este no es un fenómeno nuevo en nuestro país; sin embargo en los últimos años es cuando ha alcanzado niveles insospechablemente elevados, el caso de una persona que aparte de su actividad de trabajo principal dedica algunas horas de su tiempo a uno o más empleos remunerados; y eso sin llegar al extremo señalado, hace algunos meses por los medios de comunicación social se sabía de personas con diversos contratos de trabajo que al sumarse significaban el estar ocupado trabajando durante veinticuatro horas diarias.

Algunos países han efectuado estudios de cuantificación del pluriempleo. Así tenemos que según datos del Departamento de Trabajo de Inglaterra, referido al año 1970, una encuesta reveló que el 7,4 % de la población era pluriempleada; por su parte el Centro Studi Investimenti Sociali, encontró para 1976 que un 5 % de la población trabajadora de Italia, lo cual significaba una cifra superior al millón de personas tenía dos o más empleos; en cuanto a Estados Unidos, para 1977 se estimaba un pluriempleo equivalente a ocho millones de puestos de trabajo a jornada completa; y en Francia se ha demostrado que a pesar de las severas leyes y campañas del gobierno para disuadir a la gente del pluriempleo, hay un número superior a ochocientas mil personas con varias ocupaciones, asegurándose que la proporción de pluriempleados sobrepasa al 10 %.

Se puede enumerar un conjunto de razones que explican este fenómeno. Entre esas causas mencionamos:

b) la elevación de los precios de los bienes y servicios de consumo obliga a sacrificar las horas libres a objeto de obtener los medios que coadyuven el mantenimiento del nivel de vida;

c) el factor oportunidad, por cuanto con la práctica de trabajos a turno o reducción de la jornada laboral normal hay más tiempo libre y si la empresa o sindicato o leyes no permiten más número de horas extras, uno con tiempo libre disponible a la fuerza suele preferir usarlo para ganarse algún dinero más;

d) el evitar la creciente carga impositiva: a mayor exacción impositiva del fisco, mayor intento de la gente a ahorrar impuestos pluriempleándose;

e) compensar con sus oficios secundarios el tedio originado por la ocupación primordial;

f) buscar ocupaciones auxiliares en las que puedan participar también sus familiares.

Existen defensores del tema considerado, que le identifican aspectos beneficiosos. Entre los efectos positivos que generalmente se le reconocen al pluriempleo tenemos los siguientes:

1) crea empleos cuando un pequeño negocio iniciado como empresa en la penumbra utilizando los ratos libres, a menudo crece convirtiéndose a la larga en firma registrada que da oportunidad de ocupación a otros;

2) los trabajos en el pluriempleo suelen ofrecer mayores recompensas y comodidad que los empleo regulares;

3) las técnicas aprendidas con el gran patrono pueden ser transferidas para mejorar la eficiencia de los negocios más pequeños;

4) sirve como lubricante porque los mayores ingresos generados por el pluriempleo se recirculan para dar nuevo aliciente a la economía.

El fenómeno objeto de la presente nota tiene también sus aspectos negativos para la sociedad y actividad económica en general. En este sentido, conviene enumerar seguidamente los efectos perniciosos del pluriempleo:

b) menores impuestos al Fisco sobre el ingreso personal por remuneraciones al trabajo;

d) aumentos de los desembolsos por seguro de paro o enfermedad a causa del otro empleo;

g) según la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, los pluriempleados padecen de irritabilidad y de problemas familiares, a consecuencia de la fatiga experimentada, y también están más expuestos a contraer úlceras duodenales, jaquecas y perturbaciones abdominales, que las personas con una sola ocupación.

Ante el balance presentado, no cabe otro camino sino reflexionar seriamente en torno a las medidas necesarias que conlleven a una minimización del índice del pluriempleo.

Fue publicado en el diario El Universal, Caracas, sábado 8 de diciembre de 1979, página 1-5)

En los últimos meses se ha venido hablando insistentemente de poner en práctica la autoliquidación para el impuesto sobre la renta; es decir, que sea el mismo sujeto contribuyente quien calcule, elabore su planilla y cancele el impuesto correspondiente en una o varias porciones, según sea el monto de impuesto a pagar resultante.

La autoliquidación es un recurso contemplado en el artículo 86 de la Ley de Impuesto sobre la Renta promulgada el 23-6-78. En efecto, dicho artículo estipula que “mediante resolución del Ministerio de Hacienda podrá ordenarse que los contribuyentes determinen sus enriquecimientos, calculen los impuestos correspondientes y procedan de inmediato a su cancelación en las oficinas receptoras de fondos nacionales. La resolución señalará las categorías de contribuyentes a los cuales se aplicará el procedimiento de la autoliquidación, los plazos que se fijen para el pago de los impuestos derivados de las declaraciones de rentas estimadas o definitivas y las normas de procedimiento que al respecto deban cumplirse”.

Basado en el referido artículo legal, el Ministerio de Hacienda publica en la Gaceta Oficial del 27 de mayo pasado la resolución Nº 196 sobre detalles y mecanismos a utilizar en el proceso de la autoliquidación de impuesto sobre la renta, aplicables en las declaraciones que deban presentarse a partir del primero de enero próximo. Precisamente, el señalamiento de las categorías de contribuyentes a los cuales se aplicará el procedimiento de la autoliquidación y el período con el cual se iniciará, según la citada resolución, ponen en peligro el éxito del nuevo mecanismo y multiplican los márgenes de improvisación en la entrada en práctica del procedimiento a implantarse.

Es realmente positiva la autoliquidación, sobre todo si tomamos en cuenta su efecto en la creación del hábito de la población a declarar sus rentas percibidas durante el año y cancelar de motu propio y en su oportunidad las cantidades que legalmente correspondan al fisco nacional. Sin embargo, me da por pensar que sería conveniente definir las categorías de contribuyentes e iniciar dicha práctica con una determinada categoría dejando la generalización para otro ejercicio fiscal, porque de esta manera se aprovecharía, a manera de ensayo, para medir los resultados, obstáculos y problemas que su establecimiento genera.

Si convenimos en tomar en cuenta la poca tradición de los contribuyentes venezolanos a presentar sus respectivas declaraciones de renta sin defectos y en la debida oportunidad, el mayor número de planillas que se recibirán el próximo año como consecuencia de los más altos volúmenes de ingreso nominales sin ocurrir la modificación de los niveles topes para la obligación de declarar, además de otros diversos aspectos derivados de las aparentes facilidades para los contribuyentes que han sido anunciadas, la introducción de la autoliquidación podría significar un aumento muy importante de personas empleadas en la administración y manejo de la misma, en un gran volumen de horas-hombre a ser utilizadas, en poca eficiencia y un futuro incierto para el nuevo sistema.

Por lo anteriormente expuesto, me atrevo a creer que debería ser objeto de un detenido estudio previo la introducción del citado mecanismo.

(Fue publicado en el diario El Universal, Caracas, viernes 7 de noviembre de 1980, página 1-4)

Cuando hablamos de un multiplicador del Comercio Internacional nos referimos a la ampliación del efecto sobre la renta nacional de un cambio en las importaciones o exportaciones. Una variación de las exportaciones produce el mismo efecto sobre la renta nacional que la variación del gasto autónomo. (Es que el aumento de las exportaciones, al incrementar la demanda efectiva, estimulará directamente la renta nacional). Una variación de las importaciones tiene el mismo efecto sobre la renta nacional que una variación de cualquiera de las salidas del flujo de renta.

El aumento de las exportaciones y de la inversión exterior surtirá sobre la producción y el empleo interiores los mismos efectos que un aumento de la inversión interior. La hipótesis es cierta, pues en ambos casos encontramos los mismos efectos del tipo multiplicador. Pues bien, las nuevas exportaciones tienen exactamente los mismos multiplicadores: elevan los ingresos directamente; pero, además, establecen una cadena de nuevos gastos originales o secundarios. Por lo tanto es evidente que el multiplicador agranda las fluctuaciones de la actividad económica iniciadas por variaciones del gasto.

Así, los 1.000 millones de bolívares importe de un pedido de exportación hecho a las fábricas de maquinarias del país “A”, crearán empleos e ingresos primarios por valor de esa misma cantidad. Después los obreros y los propietarios gastarán quizás unos dos tercios de esos ingresos suyos en productos de consumo; a su vez, dos tercios de estos ingresos serán gastados y así sucesivamente. El proceso se detendrá solamente cuando el total llegue a sumar 3 = 1 + 2/3 + … = 1 ( 1 - 2/3 ) veces 1.000 millones, o sea, 2.000 millones de bolívares, de gastos de consumo secundarios, además de los 1.000 millones de gastos primarios. Hemos supuesto que cada bolívar adicional de ingreso se divide en tres fracciones a distribuirse en: a) para bienes de consumo producidos en el país; b) para la propensión a importar bienes exteriores; c) para la cantidad restante que se dedica al ahorro.

Es claro que un país con una elevada propensión marginal a la importación es un país en cierto modo “abierto”, que dispersa a los cuatro vientos una parte de los beneficios que obtiene por mayores importaciones; mientras que un país con una reducida propensión a la importación es en cambio un país reservado, cerrado, que una vez obtenida una ventaja la guarda para sí en gran parte. La propensión marginal a la importación resulta de comparar el incremento de la importación y el incremento de la renta para un período determinado o sea que nos muestra la proporción en que un aumento de la renta nacional se dedica a la compra de bienes producidos en el extranjero.

Hagamos subir entonces las exportaciones en una unidad y el multiplicador nos indica que nuestra renta aumentará en 1 / ( 1 – C ) = 1 / ( b + a ). Multiplicando este ingreso o renta adicional por la fracción b obtendremos las importaciones inducidas de b / ( b + a ), lo que es ciertamente menos de la unidad original de nuevas exportaciones, siempre que “a” sea positiva. Si existe inversión interior inducida, puede incluirse en c, y el resultado seguirá siendo válido para todo el sistema estable con una filtración positiva “a”.

siendo K el efecto multiplicador, m la propensión marginal a la importación, s la propensión marginal al ahorro.

Repasando un ejemplo numérico: Supongamos que el país tiene una propensión marginal a la importación calculada en 0,25 y la propensión marginal al ahorro es de 0,15 entonces el multiplicador del comercio exterior será:

Esto significa que si se realiza una exportación adicional por un valor de 1.000 millones de bolívares, esto determinará un aumento previsible de la renta monetaria nacional por 2.500 millones de bolívares.

Considerando la fórmula podemos averiguar de qué manera variará el multiplicador del comercio exterior al variara las propensiones marginales que lo determinan. Así podrá decirse que el multiplicador es tanto más elevado cuanto más baja sea la propensión marginal a la importación.

También puede hacerse otra consideración: la relación del multiplicador de un país determinado con el multiplicador del “resto del mundo” está en proporción a la relación entre la propensión al ahorro del “resto del mundo” y a la propensión al ahorro del país que se considera. Si el país considerado lo llamamos “A” y al resto del mundo lo llamamos “B”, expresada simbólicamente dicha proporción es la siguiente:

Esta breve fórmula es importante porque demuestra que la propensión a la importación, aún cuando esté en situación de influir sobre la magnitud absoluta del multiplicador, no influye sobre las relaciones “relativas” entre los diversos multiplicadores.

(Fue publicado en la revista COYUNTURA ECONÓMICA, Año 1, Nº 2, Caracas, Abril y Mayo, 1976, página 7)

Vista la gran importancia del Comercio Exterior para la economía nacional, conviene referirse a algunos indicadores utilizados para estudiar los efectos del intercambio internacional. He aquí la gran utilidad de algunos coeficientes, entre ellos, mencionaré brevemente los siguientes:

Según la fórmula ideada por Simón Kuznets (Premio Nobel de Economía en 1971), es decir: Exportaciones más importaciones entre Producto Territorial Bruto más importaciones. Tiene un rango de variación desde cero hasta uno, y su interpretación es la siguiente: si no existieran relaciones económicas con el exterior, el numerador del coeficiente sería cero y, por lo tanto, también el coeficiente. Por otra parte, si todo el producto se exportara, en tanto que todas las necesidades del país se cubrieran con importaciones, el coeficiente sería igual a la unidad, y se tendría la máxima dependencia, desde este punto de vista, con el exterior. Este coeficiente muestra en consecuencia el nivel de apertura de la economía con el exterior, sobre todo, en cuanto a sus relaciones comerciales.

(Es decir, dividir los montos totales absolutos del Producto Nacional entre el Producto Territorial). En los países donde existen inversiones de capital extranjero, ya sean directas o en cartera, una parte del Producto generado dentro de los límites del territorio se convierten en ingresos de factores de producción extranjeros, los cuales, por lo tanto, no forman parte del Producto Nacional. Esos ingresos se sustraen al efecto multiplicador en el país de origen para ejercerlo en el país de donde provienen los capitales extranjeros. Esta en una de las tantas razones que nos obligan a considerar que es muy importante el conocimiento de la relación entre el Producto Nacional y el Producto Territorial. Cuando ese coeficiente crece (y muy especialmente cuando es mayor que la unidad) nos indica una situación más ventajosa desde este punto de vista. (Cuando es el caso de los países acreedores, el Producto Nacional es mayor que su Producto Territorial, debido a que reciben ingresos de gran significación por sus inversiones en el extranjero).

(Variación de las importaciones dividida por la variación de las exportaciones). Este coeficiente relaciona las variaciones absolutas de las importaciones con las de las exportaciones; aunque en su cálculo práctico no se utiliza el Producto, tiene en realidad una estrecha relación con éste, pues es, realmente, un multiplicador de la exportación respecto a la importación, cuyo valor, como lo indica la fórmula, será más elevado mientras mayor sea la propensión marginal (o cuota marginal) a importar y menor la propensión marginal a ahorrar. Cuando las variaciones absolutas de las importaciones son de mayor cuantía que las correspondientes a las exportaciones, el coeficiente de reflexión internacional es mayor que la unidad. Cuando las variaciones tienen signo opuesto (disminución y aumento, respectivamente) el coeficiente resultará negativo. Si un país exporta, tiene más posibilidades para también importar. Cuando el coeficiente crece de un año actual respecto a un año anterior, significa que se dedicó ahora a las importaciones un porcentaje más elevado del incremento de las exportaciones que el respectivo del año anterior.

(Mide las variaciones relativas correspondientes a las importaciones en relación con las variaciones relativas del Producto Territorial Bruto). Es un indicador tanto de la naturaleza de las relaciones comerciales de cada país con el resto del mundo, como de su grado de industrialización. Por lo general, los países industrializados deben tener una elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, tanto más baja cuanto mayor sea la importancia de sus importaciones de productos agrícolas (de precios bajos o decrecientes), en tanto que los países subdesarrollados deben tener una alta elasticidad, por ser importadores de productos manufacturados. Un mayor crecimiento en las importaciones que en el Producto origina un resultado en este indicador mayor que la unidad. De los movimientos o variaciones de signos contrarios en las dos magnitudes resultan los coeficientes de signo negativos.

Resultan de dividir el valor de las exportaciones (o en su caso las importaciones) entre el Producto Territorial. Indican que las transacciones internacionales corrientes del país representan una parte del Producto Territorial. Una baja en la cuota media de importaciones nos muestra que el incremento del Producto ha sido de mayor intensidad o sea también el resultado de una política de sustitución de importaciones, lo que significa una reducción de nuestra dependencia del exterior.

Relación de los incrementos de las cuotas medias, respectivamente. (La cuota marginal de importación de bienes y servicios es igual a: aumento de las importaciones entre el aumento del Producto Territorial Bruto. La cuota marginal de exportación de bienes y servicios será igual a: aumento de la exportación entre el aumento del Producto Territorial Bruto).

Otros coeficientes de importancia para el análisis del sector externo, respecto al grado de dependencia con el resto del mundo, son por ejemplo: Cuota media de importación de bienes de consumo (monto de las importaciones de bienes de consumo entre el consumo total); Cuota media de importaciones de bienes de capital (total de la importación de bienes de capital entre la formación de capital fijo). También sus correspondientes cuotas marginales, o sea la relación de los incrementos de las magnitudes mencionadas anteriormente.

(Fue publicado en la revista Coyuntura Económica, Año 1, Nº 3, Caracas, junio julio, 1976)

A partir de la segunda guerra mundial, ha tomado gran difusión el estudio de los Términos de Intercambio. Este concepto es importante no sólo en relación con significativos problemas de política económica corriente sino que es cada vez más usado para explicar el curso de la historia económica, tanto a corto como a largo plazo. Algunos tratadistas asocian la amplia preocupación mundial por los términos de intercambio a la gran significación que tienen para los países cuyas exportaciones representan una elevada proporción de diferencias en los niveles de ingreso real entre países.

Ahora bien, en los países subdesarrollados, a la razón anteriormente señalada se agrega la circunstancia de que en casi la totalidad de estos países un porcentaje excepcionalmente grande de la producción interna se exporta y también un porcentaje igualmente grande de los gastos en que incurre el país para sus adquisiciones de artículos de capital y de consumo provienen del extranjero en calidad de importaciones.

Fácil es convenir que los términos de intercambio tienen una decisiva influencia en el desarrollo económico de un determinado país, en razón al evidente efecto que sobre la economía de un país ejerce la variación de los mismos. Si mejora puede dar lugar a efectos benéficos de gran magnitud sobre el ingreso nacional. De tal modo que, si un país subdesarrollado ve crecer sus términos de intercambio en una cierta proporción, significa que puede incrementar sus importaciones en igual proporción sin tener que aumentar el volumen de sus exportaciones, o bien, puede obtener la misma cantidad de importaciones que antes con una menor cantidad de exportaciones. De una forma u otra, el país se ve beneficiado por una mayor cantidad de bienes disponibles. De su utilización racional dependerá, entonces, que dicho aumento se traduzca o no en desarrollo económico.

Cuando se habla de estas relaciones de exportación e importación, se trabaja con la hipótesis de que todas las exportaciones se dedicaron a importar. Si se realizó un gran número de operaciones crediticias las conclusiones pueden perder validez, pues el cambio en alguna de las relaciones, aparentemente favorable, podría no ser producto de un incremento en el poder adquisitivo de nuestras exportaciones.

La Relación Neta de Cambio es igual al cociente del índice de precios de exportación entre el índice de precios de importación, ambos calculados por igual procedimiento e idéntica base:

tal expresión puede interpretarse que por cada unidad monetaria que en término medio sale del país por concepto de importaciones, ingresan al país “x” cantidad de unidades monetarias por concepto de exportaciones; y dicha cantidad puede ser mayor, menor o igual de la que salió del país, o sea, que esta relación mide simplemente los cambios en las cantidades expresada en unidades monetarias, de bienes extranjeros recibidos en paga de bienes exportados. Un valor superior a 100 de dicho índice nos señala que con una misma cantidad de exportaciones podemos obtener una mayor cantidad de importaciones, o que una determinada cantidad de importaciones la podemos obtener con una menor cantidad de exportaciones. El análisis sería inverso si la Relación Neta de Cambio baja de 100.

Los términos de intercambio netos comenzaron a ser aplicados a casos prácticos por algunos economistas ingleses que intentaron medir estadísticamente los cambios en los términos del comercio exterior inglés. Hay tratadistas que niegan exactitud a este indicador y para ellos la comparación de los ingresos monetarios, por ejemplo, constituye un mejor índice de la situación de un país en el comercio internacional que la comparación de niveles de precios.

Los términos de Intercambio Brutos fueron introducidos en 1925 por el economista norteamericano Frank William Taussig (nacido en St. Louis en 1859 y muerto en Cambridge, Mass. En 1940), cuando señala que el camino correcto para medir la tendencia de los términos de comercio es comparar el volumen de importaciones anuales con el volumen de exportaciones, después de deducir la influencia de los cambios en los precios comprendidos en las estadísticas monetarias del comercio exterior. El mencionado autor indica la fórmula inversa que todos conocemos.

La relación bruta de cambio es el cociente del índice del volumen de exportación entre el índice del volumen físico de la importación:

ambos índices calculados por igual procedimiento y para la misma base. Esta relación nos dice que por cada kilogramo que entra al país por concepto de importaciones, salen del país en término medio “x” cantidad de kilogramos por concepto de exportaciones; y esta cantidad puede ser mayor, menor o igual que aquella. Dicha Relación es indicativa de cómo varía la proporción en que las exportaciones se intercambian por importaciones, en relación a la proporción existente en el año que se toma como base. Un descenso en el índice de la Relación Bruta de Cambio nos mostrará una situación favorable, pues indica que efectivamente el país está recibiendo un mayor volumen de importaciones por una misma cantidad de exportaciones.

El concepto de Términos del Intercambio de Ingresos (que otros llaman poder de compra o poder adquisitivo de las exportaciones o capacidad para importar) fue introducido por G. S. Dorrance con el objeto de medir al mismo tiempo los cambios en los términos de intercambio netos y el volumen físico de las exportaciones. El índice de la capacidad para importar es el mismo que el índice de la ganancia total obtenida del comercio que señala el economista norteamericano de origen canadiense Jacob Viner (1892-1970).

El concepto de Capacidad para Importar reviste enorme importancia para los países subdesarrollados, ya que en gran medida su desarrollo económico está condicionado a la adquisición de bienes de capital en el exterior. Aplicando la fórmula conocida se puede decir que la capacidad para importar es igual al producto de la relación neta de cambio por el índice de volumen físico de las exportaciones. Cuando esta fórmula se refiere a números índices, deben estar relacionados a un mismo período base:

Hagamos una referencia del término expresado no en forma de índice sino en valor absoluto. Según la CEPAL, (en su Boletín Económico de

Hagamos una referencia del término expresado no en forma de índice sino en valor absoluto. Según la CEPAL, (en su Boletín Económico de América Latina, 1956), “la capacidad para importar puede definirse como el valor de los bienes y servicios que un país puede comprar en el exterior sin afectar sus reservas de oro y divisas, y sin contraer deudas en el extranjero. Este concepto se mide estadísticamente como la suma algebraica de la capacidad de pagos en el exterior, la salida de capitales a largo plazo y el ingreso neto de factores pagaderos en el extranjero”. Ahora bien, la capacidad de pagos en el exterior es igual a la exportación de bienes y servicios, más o menos el efecto de los términos de intercambio y más la entrada de capitales extranjeros.

De la comparación de la capacidad total para importar con las importaciones realizadas se deduce si el país para efectuar esas importaciones tuvo que hacer uso de sus reservas internacionales o de otros ingresos y si esa capacidad excedió el valor de las importaciones, en cuyo caso las reservas monetarias se incrementarían.

Refiriéndonos a la relación neta de cambio, un país puede presentar la relación neta de cambio desfavorable, y sin embargo su intercambio resultarle beneficioso; este caso sucede cuando la baja en los precios de exportación es motivada por aumentos de la productividad, que no son absorbidos por los factores, sino que son trasladados al precio; de esta manera, el país en cuestión, necesitaría hacer menor esfuerzo social con el objeto de producir los bienes exportables que le permitirán adquirir mercancías en los mercados externos. En la práctica resulta difícil o muy complicado el cálculo estadístico de este índice que se conoce como relación factorial, dada la dificultad para medir la productividad de los diferentes factores que intervienen en el proceso productivo.

Conviene hacer notar que en términos generales cuando en artículos o escritos y en lenguaje corriente de economistas se habla en términos de intercambio, tal expresión se asocia al concepto neto.

Haré referencia a otros conceptos de la misma familia como son: Términos de intercambio de productos que son por lo general los denominados netos pero en este caso de mercancías de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos solamente. Términos de intercambio en cuenta corriente son para mercancías y servicios, es decir, incluyendo tanto las partidas invisibles de la balanza de pagos en cuenta corriente como también las mercancías. Términos de intercambio de un factor que se define como el producto de los términos de intercambio de productos en su acepción neta y el índice de producción en las industrias de exportación:

esta relación es conocida también como Relación Factorial Simple y el que se ha llamado índice de producción en las industrias de exportación se identifica como la inversa del índice de costos de exportación:

Términos de intercambio a dos factores o bifactoriales, que son iguales al cociente de los precios de exportación ajustados por los cambios en la productividad, dividido por el índice de precios de importación también ajustados por el índice de productividad:

de otro modo se puede decir que estos términos bifactoriales son los términos de intercambio netos divididos por el cambio relativo de la productividad en el sector de exportación de un país dado y en las industrias extranjeras encargadas de producir sus exportaciones:

Esta relación bifactorial es también conocida como de Relaciones Factorial Dobles de Intercambio que resulta de multiplicar la relación neta de intercambio por la relación de costos de intercambio:

(Fue publicado en la revista Bolsa de Valores de Caracas, Año 27, Nº 326, Agosto 1974, páginas 26, 27 y 28).

Bien en sentido abstracto se entiende como un sinónimo de beneficio, de utilidad, de ganancia. Cuando se habla se bienes con ello se denota a la concretización de esta utilidad.

Para satisfacer las necesidades humanas son indispensables objetos materiales, tales como pan, vestidos, casas, carbón, películas, libros, disfraces de carnaval, aceras, faroles, autobuses, escuelas y otras muchas cosas. Estos objetos los denominamos bienes. Así pues, los bienes son medios naturales que satisfacen las necesidades humanas. El hombre obtiene estos medios de la naturaleza que los rodea. Algunos medios satisfacen las necesidades, como por ejemplo, el aire necesario para la respiración, son directamente suministrados por la naturaleza bajo una forma que no exige ninguna actividad humana para apropiárselos. Dado que estos bienes no son objeto de la actividad humana, la economía no se interesa por ellos. Por el contrario la inmensa mayoría de los medios que satisfacen las necesidades se obtienen de la naturaleza por vía de extracción, de transformación, de modificación de los caracteres físicos, químicos o biológicos, por medio de un desplazamiento en el espacio o de la conservación del tiempo.

No hay cualidad que haga de las cosas bienes económicos si se las considera fuera de sus relaciones con el hombre. Tampoco las hay que dé a los servicios un carácter económico si se le desligan del fin a qué sirvan. El hecho de que una cosa o un servicio sea económico depende enteramente de su relación con las valoraciones que a ellos damos.

El carácter fundamental de medios para fines que poseen los bienes determina que lo importante en ellos sea la adecuación para satisfacer necesidades humanas. Con un poco de reflexión se puede llegar en seguida al convencimiento de que un bien ha de tener propiedades aptas para satisfacer la necesidad y que el reconocimiento de estas cualidades por parte de la unidad económica es indispensable.

Los bienes económicos son una parte de los bienes en general. Veamos este ejemplo: hay un grupo de personas, sedientos, en la cercanía de una fuente fresca. Aquí está pues el fin al cual se quiere llegar (apagar la sed) y un medio con el cual alcanzar dicho fin: el agua. Pero el agua en este caso no es un bien económico sino solamente un bien. Diferente sería la situación si nos encontramos en alta mar, sobre una balsa, con posibilidades limitadas de agua dulce y en la imposibilidad de obtener más. En este caso habría quien daría una fortuna por un vaso de agua. En estas circunstancias, el agua sería un bien económico mucho más preciado de cuanto lo es normalmente. Es obvio que la característica de “cosa útil”, de “bienes” o de “bien económico” no es una cualidad propia, objetiva, intrínseca, sino una cualidad que refleja la opinión que dá del mismo, la unidad económica.

Para resumir lo anteriormente expuesto, llamaremos bienes económicos a todo aquello que posee la propiedad de ser apto para satisfacer directa o indirectamente, una necesidad humana y que la cantidad disponible es insuficiente a los requerimientos.

Para que un bien pueda ser considerado como tal debe llenar un conjunto de características:

a) Que exista una necesidad determinada. Por ejemplo de no existir la sed no apreciaríamos el alto valor del agua.

b) Que la cosa tenga cualidades o propiedades ya sea de forma o de fondo en manera objetiva o atribuible por el sujeto, que la hagan adecuada para satisfacer necesidades.

c) Que dichas cualidades y su uso sean conocidas. Resulta que mientras el sujeto desconozca las cualidades de una cosa pierde importancia para su valoración.

d) Que sea posible obtener y disponer de la cosa, es decir que no sea inaccesible.

e) La cantidad y su situación en el espacio y en el tiempo. Esto es muy importante y debe entenderse en su sentido relativo. A este respecto podrá considerarse que al descubrir una substancia que cure una enfermedad, no se le da título de bien, sino hasta que se descubre una cantidad suficiente, cuando menos para curar una persona. La cantidad es también la que nos permite distinguir los llamados bienes libres de los que se consideran bienes económicos.

Faltando alguno de los requisitos antes expuestos, las cosas pierden su cualidad de bienes económicos, esto es: si las cosas se manifiestan incapaces de satisfacer las necesidades, si la cantidad de la cosa viene a ser exuberante con relación a las necesites, o si, por el contrario, las necesidades se reducen hasta el punto de que la cosa necesaria venga a resultar exuberante; si por circunstancias que hayan sobrevenido (disposiciones legales), las cosas resultan inaccesibles. Análogamente, cosas que en un tiempo dado no participaban de los requisitos de los bienes económicos pueden venir a resultar tales. Viene al caso tener en cuenta que los bienes económicos son aquellos que su cantidad es inferior a la necesidad que de ellos se tiene, entendiendo por necesario lo que de acuerdo con determinaciones cuantitativas precisa una unidad económica o una pluralidad de unidades durante un período de tiempo dado.

Cuando las cosas de que se trata tienen algunas de las características, pero no todas, se dice que estamos ante una “cosa útil”, no ante un bien. Por lo tanto los bienes son una parte de las cosas útiles que existen en el mundo.

Los tratadistas han presentado un número muy considerable de variadas clasificaciones a los bienes.

a) Materiales, que son las cosas corporales, determinadas e individualizadas, los cuales podrían ser perecederos o de un solo uso o de fecundidad simple, es decir que al usarlos se destruyen con el mismo acto de consumo (como es el caso de los comestibles, combustibles, etc.) y los no perecederos o de fecundidad repetida, es decir, que el hecho de ser utilizados una vez no implica que no puedan ser utilizados en períodos ulteriores; pueden ser durables o no durables porque realmente la duración es relativa y depende de su conservación (por ejemplo un vestido).

b) Inmateriales, es decir los servicios humanos (de un sastre, de un médico, etc.) éstos son muy importantes ya que por su medio se practica la cooperación entre los hombres, al dedicar unos sus actividades a satisfacer necesidades sentidas por otros. La condición particular del trabajo humano, en cuanto no constituye un fin, sino un medio de la vida económica ha motivado que se le califique como bien activo frente a todos los demás bienes, de carácter pasivo.

Otra clasificación de los bienes, tomando en cuenta su mayor o menor aproximación al consumo es la presentada por el austríaco Karl Menger (1840-1921), trátase de los bienes de primer orden y de órdenes superiores. Por ejemplo, de primer orden: lo que en su forma natural o por haber sufrido tal transformación, se aplican inmediatamente a la satisfacción de las necesidades humanas, es decir, son directamente utilizables, a éstos se les llama también bienes directos o bienes de disfrute o goce. Los de segundo orden no son utilizables directamente, sino que se emplean como medios de producción de los de primer orden. Los bienes de tercer orden o sea los que sirven para obtener bienes de segundo orden; y así sucesivamente, se llega a los bienes de órdenes superiores. A los bienes de segundo y sucesivos órdenes se les denominan bienes indirectos, instrumentales o bienes de producción. Corrientemente, y referida a su utilización se emplea la denominación de bienes de uso y consumo a los de orden bajo y como bienes de producción a los de orden alto.

Otra clasificación los distingue en: a) bienes rivales, sucedáneos o sustitutivos; y b) bienes complementarios o de demanda conjunta. Los rivales o sustitutivos son los que por sus propiedades físicas son capaces de satisfacer de manera casi igual la misma necesidad y por tanto sustituibles uno por otro bien porque a juicio del consumidor son semejantes, trátase de bienes directos (té y café) o de bienes indirectos (cemento y ladrillo, seda natural y seda artificial). Los complementarios son aquellos que sólo conjuntamente satisfacen una determinada necesidad, o sea dependen de una relación de asociación, trátase de bienes directos (como una pluma, el papel y la tinta) o sean bienes indirectos (como máquina, materia prima y trabajo). La complementariedad puede ser técnica o instrumental. La primera depende del comportamiento o la conducta de la persona (tomar el té con limón y azúcar), y la segunda depende del proceso de producción propiamente dicho (una máquina trabaja con combustible).

Otra clasificación: bienes de oferta conjunta, y bienes alternativos o de oferta rival. Los bienes de oferta conjunta son aquellos que no pueden ser producidos más que conjuntamente y por tanto, se complementan mutuamente desde el punto de vista del costo (la lana y la carne, el grano y la paja, etc.). Los bienes de oferta rival o bienes alternativos son los que, resultando del empleo de los mismos factores de producción, no pueden ser producidos sino alternativamente (por ejemplo seda artificial y papel, respecto de la celulosa; dada una cantidad de materia prima, se produce seda artificial, entonces no se puede producir papel).

(Fue publicado en la revista Enfoque Económico, Año 1, Nº 1, Caracas, Noviembre-Diciembre, 1992, páginas 32, 33 y 34)

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española por igualdad se entiende la condición de ser una cosa no diferente en naturaleza, forma, cantidad, calidad de otra cosa; y por desigualdad, por tanto, debemos considerar lo contrario. Pero en realidad no es solo esto lo que mueve nuestra preocupación, como no lo ha sido a lo largo de los siglos, cuando tales palabras han estado presente como origen de profundas reflexiones filosóficas al llevarlas al plano de la conveniencia humana.

Desde tiempos ya desvanecidos por la bruma de la historia, se ha venido discutiendo el tema de la igualdad y la desigualdad entre los hombres, justificando o no ambas cuestiones en su índole natural. El filósofo chino Confucio observaba que “los hombres nacen muy parecidos unos a otros, pero con el cultivo de sus hábitos se apartan más y más los unos de los otros”. También otro filósofo, nieto del ya citado, Meng-Tse (siglo IV a. de J.C.), en su diálogo con Kung-Tu, refería:

“- Todos los hombres son iguales, pero algunos son grandes hombres y otros son pequeños hombres ¿cómo es esto?

- Los que siguen esa parte de si mismos que es grande, son grandes hombres; aquellos que siguen esa parte pequeña de si mismos que es pequeña, son pequeños hombres.

- Todos los hombres son iguales; pero algunos siguen esa parte de si mismos que es grande, y algunos la parte que es pequeña; ¿cómo es esto?”[15].

La preocupación sobre el tema que nos ocupa, por parte de tantos estudiosos, ya sean filósofos ya sean literatos, ha dado origen a lo que podríamos llamar una controversia sin final. Es un asunto fascinante el tratar de identificar las muchas veces sutiles diferencias entre los puntos de vista expuestos por cada uno de los pensadores. Porque ocurre, por ejemplo, que hasta finales del siglo XVII casi no encontramos quienes expresen su descontento con la desigualdad existente; todo lo contrario, la desigualdad era, salvo algunas excepciones, perfectamente aceptable, defendida y justificada con planteamientos tan deslumbrantes como las obras de utopías de la desigualdad de Platón, Herodoto, Tomás Moro y otros.

En el caso del pensamiento utópico de Moro se observa una singular contradicción. Por un lado habla de una especie de comunismo donde no hay propiedad privada y lo cual asegura la igualdad, y por otro lado señala la existencia de criados y de otras discriminaciones. Por cierto que la obra de Moro es la primera que se conoce publicada con el nombre de Utopía[16].

Una excepción a lo que sostenían los dichos filósofos, es la del famoso poeta griego Eurípides (480-406 a. de J.C.), quien sostenía que la ley natural de los hombres es la igualdad. Este poeta trágico “habla con simpatía de la clase media ‘salvadora de los Estados’, y opone a las ideas aristocráticas opiniones igualitarias de derecho natural. Un esclavo –dice- en ningún aspecto es peor que un libre; la naturaleza no conoce otra nobleza que la de la honestidad[17]. Otra excepción de importancia está en la obra el “Leviatán” de Tomás Hobbes (1586-1679) donde se sostiene que la igualdad es algo natural pero que no se mantiene por cuestiones psicológicas del individuo y es por ello que surge el gobierno para asegurar la justicia en la sociedad.

A partir de finales del siglo XVII comienzan a abundar los defensores de la igualdad política. Entre estos podemos mencionar a James Harrington (1611-1677), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), Edmund Burke (1729-1797), John Adams (1735-1826), los venezolanos Manuel Gual (1753-1800) y José María España (1761-1799) –quienes en sus ordenanzas que elaboraron para su conspiración fraguada en 1798 declaraban la igualdad natural entre los habitantes de la República que intentaron establecer, así como también propusieron la abolición de la esclavitud.

Desde los tiempos de los llamados socialistas utópicos y, más próximo, Marx y sus seguidores, así como un gran número de economistas han sido fervientes defensores de la igualdad económica. Por ejemplo, John Stuart Mill en sus Principios de Economía Política argumentaba que el mejor estado de la naturaleza humana es aquel en que, no habiendo ningún pobre nadie desea ser más rico, pero “al sostener que la política social debería encaminarse a aumentar la igualdad, no intentó implicar con ello que se debieran suprimir las variedades de genio y carácter individuales, sino que solo en una sociedad caracterizada por una gran medida de igualdad económica era probable que esas variedades encontraran plena expresión y apreciación adecuada”[18].

Es evidente que lo más conveniente para asegurar la armonía y el bienestar de los miembros de una sociedad es la igualdad económica; sin embargo me parece apropiado aceptar que la igualdad significa, no la ausencia de contrastes violentos de ingreso y posición social, sino oportunidades iguales de llegar a ser desiguales, según la capacidad o aptitudes de los ciudadanos que conformen el grupo social que se esté considerando.

La realidad nos enseña la existencia de desigualdades económicas en diversos sentidos. Resulta que con la igualdad económica ocurre como con la situación de equilibrio del sistema económico, es algo que se persigue pero difícil se logra con carácter permanente, porque la actividad humana no es idéntica en todos y cada uno de los individuos, entonces está expuesta a múltiples movimientos.

Podemos distinguir las desigualdades de poder de las desigualdades de circunstancias y condición. Las primeras son las ejercen unos grupos sobre otros y son características de las relaciones entre diferentes clases ocupadas en la producción, este tipo de desigualdad es inherente a la naturaleza de la sociedad organizada; pero pueden ser suavizadas mediante la acción de los sindicatos, las legislaciones, etc. Las segundas significan que unos grupos están privados de lo que otros grupos disfrutan y se pone de manifiesto en las disparidades no solo de ingreso, sino de medios, salud, educación, etc.; este tipo de desigualdad económica no puede evitarse por cuanto las funciones difieren en cada uno de los grupos de la sociedad.

Cuando nos enfrentamos a la pregunta de si es posible la igualdad entre los hombres, lo que a primera vista llama la atención es la desigualdad inevitable establecida por las mismas condiciones de la vida individual. La sociedad se compone de niños, adultos y viejos; de enfermos y sanos, de fuertes y débiles, tanto en lo físico como en lo moral. Esto es inflexible y no puede ser modificado por la organización social. Tales grados son creados por las leyes de la vida individual, que privan sobre las de la vida colectiva.

Es interesante observar que lejos de que las desigualdades hayan ido disminuyendo, lo normal con lo cual nos encontramos es su continua multiplicación; sin embargo, una de las preocupaciones más presentes en los individuos de inquietudes sociales es la de ingeniarse fórmulas tendientes a corregirlas. Ahora bien, claro está que “la igualdad no ha de buscarse rompiendo en pedazos las grandes rentas que son nocivas tanto para quienes las reciben como para quienes no, sino asegurando que una proporción creciente de la riqueza que en la actualidad absorben será dedicada a fines de ventaja común”[19].

Así como ha resultado difícil lograr la igualdad económica, la igualdad entre los hombres desde el punto de vista político y legal ha sido conquistado y reconocido en casi todas las sociedades.

(Fue publicado en la revista Coyuntura Económica, Año 1, Nº 2, Caracas, Abril y Mayo, 1976, páginas 30 y 31)

El tema de la igualdad desde el punto de vista económico va a tomar preponderancia a partir de los años finales del siglo 18. Principalmente en Francia y Gran Bretaña aparecen por primera vez, movimientos formales dirigidos por los llamados socialistas utópicos que perseguían disminuir la desigualdad económica. Francois Babeuf en Francia y Robert Owen (1771-1858) en Inglaterra y Estados Unidos, son pensadores que se destacan en este particular.

Las prédicas de los dos citados personajes tienen singular trascendencia, no sólo por lo original y futurista de sus ideas, sino también, por la vehemencia y perseverancia que ponen sus autores en llevarlas a la práctica. En efecto, Babeuf se convierte en artífice de un movimiento conspirativo tendiente a imponer una sociedad donde imperaran los ideales igualitarios en la distribución de las riquezas. Owen, por su parte, es uno de los hombres más descollantes de su tiempo, su actividad “seguía dos direcciones: una utópica, la creación de una sociedad de tipo socialista mediante colonizaciones modelo y cooperativas, y la otra realista, las formas sociales prácticas dentro de la sociedad capitalista existente”[20].

Es de destacarse que la influencia del pensamiento favorecedor de la igualdad sustentado por Babeuf, no experimenta desmedro con la nueva realidad francesa que impone Napoleón a raíz del golpe de Estado del 18 de Brumario[21] -9 de noviembre de 1799- y el cual trae como consecuencia, la terminación por el momento de todas las ideas de igualdad. Tales ideas se abren paso a otras fronteras y serán simiente de futuras realidades.

Francois Babeuf, el apodado Graco, nació en San Quintín, Departamento de L’Aine, el 23 de noviembre de 1760, hijo mayor de un antiguo soldado que desertó del ejército francés y se convirtió en labrador de una aldea. En razón a las estrecheces económicas que son de suponer el joven Babeuf no podrá recibir una educación completa y sistemática, puesto que a la edad de catorce años, tendrá que dedicarse a trabajar a fin de ayudar a su familia; pero él era de una inteligencia extraordinaria y su triste experiencia de la vida, la larga tradición de radicalismo social que ostentaba su nativa tierra picarda y otros diversos factores, irán modelando desde temprano la figura de uno de los más destacados personajes de su época.

El estallido de la Revolución lo fascina hasta el extremo de que durante los dos primeros años de la Revolución, se da por entero a las tareas de agitador, periodista, libelista, elaboración de proyectos, asaltos a castillos, organizador de huelgas, etc., siempre más violento y más extremista que cualquiera, y considerándose a si mismo como el defensor de los oprimidos. A la caída de la monarquía, desempeñará algunos cargos públicos hasta que, al verse envuelto en un lamentable suceso, huye a París dejando a su familia en fuertes apuros económicos. En la capital de Francia, se verá nuevamente envuelto en otras querellas. El 23 de agosto de 1793, es condenado a larga pena de prisión pero la sentencia es anulada en julio del año siguiente.

Babeuf será un verdadero apóstol del comunismo igualitario, y el centro o inspirador de la conspiración que lleva su nombre y la cual es referida por algunos autores como “la manifestación más incontestable y más absoluta del espíritu socialista bajo la revolución”[22]. Nuestro personaje da repetidas muestras de su coraje y de su identificación con los elevados principios de la revolución. Será el segundo Graco, ejecutor del último acto de la revolución que perseguía dar inicio a una era de igualdad real que significara la suma de la felicidad para todos.

Triste es el final como azarosos fueron los treinta y siete años de la vida de Francois Babeuf. Será conducido junto con su compañero Darthe[23] al cadalso el 8 de mayor de 1797, sangrante aún la herida producida por él mismo, al escuchar la lectura de la sentencia que lo condenaba a muerte[24].

A la doctrina de Babeuf y a su pensamiento igualitario en el campo económico y social, podemos situarle sus antecedentes en las prédicas de Eurípides (480-406 a. de J.C.); Platón (428-348 a. de J-C.); el ateniense Licurgo (396-323 a. de J.C.); el utópico Canciller inglés y santo de la iglesia católica Tomás Moro (1478-1535); Carlos Luis de Secondat Barón de Montesquieu (1689-1755); el Abate Meslier –llamado por algunos el primer teórico del socialismo revolucionario- ; Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785); Juan Jacobo Rousseau (1712-1778); Morelly, uno de los pilares del utopismo francés del siglo 18; Denis Diderot (1713-1784); el Abate Guillermo Raynal (1713-1796); Maximilien de Robespierre (1758-1794); Luis de Saint-Just (1767-1794); entre otros.

También merece destacarse su influencia en los fisiócratas y en el maltusianismo, ya que en cierto modo magnificaba la importancia de la agricultura considerando a la propiedad de la tierra como la verdadera riqueza de la sociedad, y porque en su programa social, se abogaba por una drástica reducción de la población que conduciría a una mejor distribución de la tierra.

La anterior es una lista parcial. Resulta difícil identificar las influencias que un determinado autor de siglos pasados, pueda tener y más aún de un personaje que se sentía heredero de todos los profetas de la virtud y la igualdad. En muchos casos son coincidencias pero sin ninguna relación de dependencia.

Principalmente en el periódico “Le Tribune du Peuple” que dirigió, en sus actuaciones como Presidente del Club de los Iguales, y por sobre todo, en las divulgaciones realizadas por su amigo y compañero de ideales Filippo Bounarroti, está contenida la más fiel expresión doctrinaria de Babeuf. Verdaderamente con él ocurre también quesea en publicaciones de otros, donde se encuentra el rico filón de su pensamiento consecuentemente revolucionario y futurista.

Fue un convencido defensor de la igualdad considerada como único principio de la existencia humana, por lo tanto el Contrato Social intenta establecer un sistema de instituciones que permiten mantener la natural igualdad e impidan que, las innegables desigualdades sean físicas o espirituales, se hagan más notorias. Demuestra ser un Roussoniano en sus planteamientos sobre la igualdad y su papel de primer orden que juega en el drama de la historia.

Sin duda alguna, su pasión igualitaria se sublimaba más ante la chocante discriminación social existente en su época y el trato despiadado y humillante hacia los menos afortunados, que acostumbraban dar los de la alta sociedad. El mismo lo experimenta en carne propia en una oportunidad en que fue invitado mediante carta muy halagadora por un Marqués para ser conducido luego, a comer con los criados.

No se contentaba con la sola proclamación de los derechos de igualdad, de una igualdad en el papel, sino que dedica su esfuerzo y energía a la obtención de medios para la satisfacción de las necesidades y de la seguridad de las ventajas sociales para todos, y cada uno de los miembros de la sociedad. Pensaba que talcosa se lograría, fácilmente, si toda la propiedad se pusiera en un fondo común o fondo colectivista, y entonces el Estado tuviera suficiente poder para distribuirla igualmente, sin conceder preferencias en el trato a alguna clase o profesión.

El babuvismo era enemigo declarado de la propiedad privada y defensores en extremo de la propiedad común, la que consideraban el gran principio de la república. A tales conclusiones comunistas fueron conducidos por las lecciones recibidas de la Revolución. Cuando se lograra la extinción del régimen de propiedad privada y fuera suplantado por el de la propiedad común, comenzaría realmente una etapa de regeneración moral y política, que garantizaría a cada uno de los miembros de la sociedad una felicidad estable, y la segura satisfacción de ls necesidades de todos los habitantes.

Es rica la doctrina de Babeuf en claros y revolucionarios planteamientos económicos. En efecto, tanto en sus propios escritos como en los programas del Club de los Iguales, y de su conspiración, se evidencia la gran importancia que atribuía a los diversos aspectos de la vida económica, de las relaciones de producción y de distribución que deberían imperar en su soñada república. “Babeuf preconizaba un estado plenamente socialista con igualdad económica general”[25], sus ideas, en este sentido, se convertirán en la piedra angular de teóricos de años posteriores.

El que se instituyera una Ley Agraria, era presentado como la mejor solución del problema social de la época. En este orden de idea se inclinaba al modo sustentado por los fisiócratas, a considerar la propiedad de la tierra como la muestra más genuina del patrimonio de la sociedad; pero que esa tierra estuviera en manos de los cultivadores con expresas prohibiciones en cuanto a la enajenación, venta y herencia de la misma, puesto que estas cosas no serían necesarias para el hombre de una república que consagrará el derecho a esperar trabajo de la sociedad y la asistencia social en caso de enfermedad y de vejez, así como también, una educación libre e igual para todos sus miembros.

La distribución de las tierras por parte del Estado, sería posible una vez que fuera liquidada la clase de los terratenientes que, hasta ese momento como bien lo conocía Babeuf, ya que lo había vivido en carne propia, explotaba despiadadamente a los trabajadores y era una de las causantes del reino de la desigualdad imperante.

Para asegurar el bienestar y la igualdad económica, era indispensable que el Estado tomara a su cargo, la organización total de la producción, distribución y consumo. Toda la población debía convertirse en empleados del Estado, en productores y consumidores a la vez. Convenía que todos los productos fueran llevados a los almacenes comunales y, desde allí, distribuidos a los centros de consumo en cantidades fijas. Esto quiere decir que se descarta cualquier tipo de competencia.

De acuerdo a los planes de Babeuf, los obreros serían clasificados según el tipo de trabajo y así la sociedad tendría noticia inequívoca de lo que cada uno de sus miembros estuviera haciendo en un momento dado, de forma tal que no habría ni subproducción ni superproducción. La sociedad misma sería quien determinará el número de gente a ser empleada en cada ramo de trabajo, todo con miras a satisfacer plena e igualitariamente las necesidades de la vida presente y las exigencias del futuro.

En la que Babeuf llamaba la Gran Economía Nacional quedaría abolida la moneda y en consecuencia a los trabajadores se les pagarían sus salarios en especie según las necesidades. En cuanto al comercio exterior, si bien es cierto que no se estuviera propugnando por un autarquismo como el propuesto más tarde en otro país por Fichte, ésta era una materia reservada exclusivamente al Estado. Pero es que toda la Economía Nacional estaría sometida a la Administración Suprema del Estado, reduciéndose a un sistema comunitario.

Babeuf estaba tan persuadido de las conveniencias de su modo de pensar económico y político, que se dedicará con gran coraje y denodada voluntad a promover maniobras en la búsqueda del Poder. Tal faceta es de una extraordinaria importancia especialmente, si tomamos en cuenta que “solo en dos casos intentaron los utopistas movimientos revolucionarios políticos; uno que fue el levantamiento social agrario de Winstanley, en la Inglaterra de Cromwell, y el otro fue el del revolucionario radical francés Babeuf”[26].

El movimiento jefatureado por Gerardo Winstanley[27] fue sofocado sin dificultad ni consecuencias por la policía de Cromwell; en cambio la conspiración de Babeuf, dejará huellas indelebles en la política francesa de la época y en el pensamiento revolucionario en general.

Babeuf y demás miembros del Club de los Iguales, se dan a la tarea efectista de organizar en todos sus detalles una gran acción, un complot que diera el traste con el gobierno imperante, y estuvo casi a punto de lograr sus metas. Sería en extremo ardua la tarea de referir con algún detalle todos los lineamientos de la conjura, así como los pasos llevados a cabo por los Iguales y otros descontentos tendientes al logro de los objetivos que perseguían.

Todo debería ser resultante de un plan cuidadosamente trazado; sin embargo, el hecho de que acontecimientos importantes entre los cuales merecen destacarse la promulgación de un conjunto de leyes draconianas, a mediados del mes de abril del año 1797, que amenazaban con la pena de muerte a quienes mantuvieran posiciones ideológicas como las que defendían Babeuf y sus compañeros, trae como secuela, la precipitación y el fracaso del movimiento, y la liquidación física de Babeuf y de algunos de sus principales protagonistas.

La Conspiración de Babeuf o Conspiración Babuviana es pues, abortada y con ella el fracaso de hacer realidad en la Francia del siglo XIX los ideales de igualitarismo económico que pregonaba su principal cabecilla.

Resulta decididamente imposible que se pueda referir una lista de nombres identificados como fieles continuadores de los planteamientos y prédicas de Francois Babeuf. El fue precisamente uno de los primeros pensadores que en el ya lejano siglo XVIII, hace énfasis y precisa distinción de la igualdad económica como meta superior esperada por los hombres.

Antes de él, la preocupación por el igualitarismo, se circunscribía al plano enteramente restringido a los derechos políticos de los ciudadanos. Después de él, puede decirse que entramos en la etapa de la búsqueda incesante de la igualdad económica como meta de primer orden.

Con justa razón se afirma que los escritos utópicos de Babeuf, “que en parte representaban una crítica nada utópica de la sociedad, han influido notoriamente sobre el socialismo posterior”[28]. Y es que nuestro personaje, aunque no utiliza la palabra “socialismo”, la cual con el sentido que nos es familiar solo comenzará a emplearse hacia 1830, será el inspirador de esa corriente de pensamiento. De allí que no falte razón incluirlo entre el selecto número de los profetas y los guías de la revolución.

Entre los múltiples seguidores del pensamiento de Babeuf, conviene citar muy especialmente a Filippo Michele Buonarroti y a Juan Teófilo Fichte. El primero no solamente es su compañero en muchos actos de su vida política sino que, además se convierte en eficiente divulgador de su vida y obra al publicar en 1826, la historia de la conspiración dirigida por Babeuf.

Ese interesante trabajo escrito por el descendiente de Miguel Ángel, va a resultar la principal fuente sobre este precursor socialista. En cuanto a Fichte, el “Estado Mercantil Cerrado”, obra clásica de la utopía socialista alemana, la escribe influido por el revolucionario francés, cuyo análisis nos ocupa en esta oportunidad.

Filippo Michele Buonarroti (1761-1837), nació en Florencia y era descendiente del gran artista de todos los tiempos Miguel Ángel. Había recibido una sólida y variada educación en la Universidad de Pisa, particularmente en el cultivo de la Filosofía, Política e Historia, lo que contribuye sin duda alguna, a sufrir desde temprano la influencia del pensamiento francés del siglo XVIII.

El estallido de la Revolución Francesa lo conmueve profundamente. Su admiración a los sucesos de Francia causan verdadera inquietud en la predilección que el Gran Duque Leopoldo sentía por el joven Buonarroti. Las calumnias y acusaciones de ingratitud hacia el Gran Duque, le conducen al exilio.

En octubre de 1789 deja la patria nativa y se refugia en Córcega, con su esposa e hijos. Allí comienza a publicar el periódico “L’Amico della Libertá Itálica”, manteniendo amargas controversias con los reaccionarios locales. La Convención Nacional en fecha 27 de marzo de 1793, lo declara ciudadano francés y como tal establecerá estrechas relaciones con Robespierre, así como con los jefes jacobinos. El encarcelamiento sufrido a causa de sucesos revolucionarios ayuda a templar el espíritu que lo convertirá en uno de los más altos exponentes del idealismo comunista e igualitario en Europa.

Será uno de los dirigentes de la conspiración organizada por Babeuf y experimentará nuevamente cárceles y extrañamientos. Sin embargo, fue un “compañero de Babeuf que logró sobrevivir a la conspiración, esperó primero la instauración del socialismo por Bonaparte, participó luego en las conspiraciones comunistas contra los Borbones, y fue uno de los primeros comunistas”[29].

En 1830 envuelto enana gloriosa aureola, retorna a París tras treinta y tres años de destierro y el 17 de septiembre de 1837, llega a su fin la existencia terrena para unirse en el recuerdo a Licurgo, Graco, Rousseau, Robespierre, Babeuf y otros tantos como ellos.

Filippo Michele Buonarroti encarna el prototipo de aquellos profetas revolucionarios a quienes las cárceles, el destierro o la tortura, no logran corromper ni apartar del sendero que se trazaron en la búsqueda permanente de hacer realidad sus ideales.

Escapa a nuestro interés en la presente oportunidad, hacer una amplia referencia al pensamiento igualitario que defendía el famoso biógrafo del Graco Babeuf; no obstante es fuerza afirmar que son muchas las coincidencias en las posiciones ideológicas que resultan evidentes en las concepciones revolucionarias y de la igualdad política y económica que predicaban tanto Francois Babeuf como Filippo Buonarroti, dos del grupo dirigente del Club de los Iguales.

Buonarroti fue uno de los fundadores de la Carbonaria, sociedad secreta establecida a principios del siglo XIX, cuyo principal objeto era tratar de lograr la instauración de las ideas liberales y la unificación de Italia.

Buonarroti, Filippo M.: Babeuf’s conspiracy for equality. New York, Augustus M. Killey, 1965. -454 páginas.

García Pelayo, F. y otros: Diccionario pequeño Larouse. Argentina, Editorial Larouse, 1964.

Gettel, Raymond G.: Historia de las ideas políticas. Segunda edición. España, Editorial Labor, 1937. -391 páginas.

Gonnard, René: Historia de las doctrinas económicas. Quinta edición. España, Editorial Aguilar, 1959 -602 páginas.

Marías, Julián: Historia de la Filosofía. Décima primera edición. España, Edic. Manuales Revista de Occidente, 1958 -463 páginas.

Marshall, Alfred: Principios de Economía Política. Tercera edición. España, Editorial Aguilar, 1957 -733 páginas.

Recasens Siches, Luis: Sociología. Tercera edición. Argentina, Editorial Porrua, S.A., 1960 -670 páginas.

Recasens Siches, Luis: Filosofía del Derecho. Argentina, Editorial Porrua, S.A., 1959 -715 páginas.

Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas. España, Editorial Ariel, 1959 -550 páginas.

(Fue publicado en la Revista CEV, Segunda Época, Nº 2, Caracas, Marzo 1979, páginas 37 hasta 43, inclusives).

Ajeno a mi intención está el irrumpir en un campo que es más propio para los juristas o especialistas en la rama hacendística; y es por ello que debo, primero que nada, reconocer las omisiones y extremadamente poca profundidad en el tratamiento de una cuestión de tanta importancia.

El trabajo que a continuación presento está dividido en varias breves partes. En primer lugar se refieren algunos antecedentes que con el tiempo conducen a la actual modernización de la técnica presupuestaria introducida por la Ley bajo estudio; se continúa con la reseña de los pasos dados por el Proyecto en las Cámaras Legislativas hasta su conversión en Ley de la República, y la presentación de un esquema de la distribución de su articulado. En los capítulos siguientes, se trata de analizar el alcance y contenido de la Ley y exponer una breve visión crítica a la misma, así como también poner de manifiesto lo que entiendo como una expresión futurista de dicho instrumento. Finalmente se exponen algunas conclusiones derivadas del contenido del trabajo.

La Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, cuyo análisis me propongo realizar en las páginas siguientes, viene a representar la culminación de un largo proceso que se había venido siguiendo con miras de modernizar la técnica empleada en nuestro país en las cuestiones relacionadas con el Presupuesto. El señalamiento de algunas fechas o acontecimientos avalan la anterior aseveración. En efecto, en el año 1959 se inicia la incorporación de criterios técnicos en la formulación del Presupuesto; en 1961 se prepara por primera vez un presupuesto-programa a nivel ministerial, en 1963 y 1965 se comienza su implantación en los institutos autónomos y en las entidades estatales, respectivamente.

Con esta novísima Ley se llena un gran vacío por cuanto hasta ahora los lineamientos legales básicos en que se sustentaba la cuestión presupuestaria en Venezuela, eran los de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública y los cuales, en términos generales, databan de 1936. Porque si bien es cierto que la Ley Orgánica de la Hacienda Pública fue modificada sucesivamente, por ejemplo: en fecha 30 de septiembre de 1948, el 23 de mayo de 1960, el 17 de marzo de 1961, es conveniente destacar que no alteraron en tales reformas algunos aspectos de superlativa importancia sobre el particular.

En este sentido vale recordar que el 16 de abril de 1967, la Cámara de Diputados aprueba un Informe de su Comisión de Finanzas en el cual, entre otras consideraciones, “proponía que se aceleraran los estudios para tener una Ley Orgánica de Presupuesto”[30], interpretando de esa forma el sentir de quienes desde hacía mucho tiempo venían insistiendo en la necesidad que tales normas satisfarían y se extrañaban de que en Venezuela no se hubiese “acometido la reforma presupuestaria que el país reclama, a los fines de que el presupuesto pueda ser utilizado como un arma moderna y eficaz de política fiscal y como medio importante para promover un desarrollo acelerado dentro de los márgenes de estabilidad”[31] y adaptado a las nuevas realidades y al papel que el sector público cumple en la economía nacional. Resultaba verdaderamente anacrónica la utilización de criterios y normas diseñadas para una situación y época en que eran otros y muy distintos los fines que el Estado perseguía a los que tiene la obligación de atender hoy.

En la sesión de la Cámara de Diputados del lunes 14 de abril de 1975 se da cuenta de una comunicación fechada el día 11 donde el Ministerio de Hacienda anexa un Proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto acompañada de su correspondiente Exposición de Motivos, la cual es remitida por la Cámara a su Comisión Permanente de Finanzas para su debido análisis. Entre el 23 de abril y el 14 de agosto la referida Comisión estudió el Proyecto y finalmente, conjuntamente con su Informe, lo envía a la Cámara.

El 10 de noviembre de 1975, luego de su examen es aprobado en primera discusión y remitido nuevamente a la dicha Comisión de Finanzas “con el objeto de que sea preparado el informe para los efectos de la segunda discusión”[32].

La aprobación del Proyecto en segunda discusión por parte de la Cámara de Diputados tiene lugar el día 28 de abril. En la Cámara del Senado serán modificados los artículos 30 y 42 y es así como volverá a la Cámara de Diputados, donde en la sesión del 19 de julio de 1976, tras aprobarse por unanimidad las observaciones que había formulado la otra Cámara, queda sancionado el referido proyecto, con el nombre de Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, promulgada por el Presidente de la República el día 30 y publicada en la Gaceta Oficial (Nº 1893, Extraordinario) de esa misma fecha.

El Proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, en el curso de las discusiones y estudio efectuado por las Cámaras Legislativas, como es de suponer sufrirá algunas modificaciones. Basta observar que originariamente era de 67 artículos y se convierte en una Ley de 73 artículos. No es nuestra intención en el presente trabajo analizar las modificaciones resultantes del ejercicio de las funciones legislativas; no obstante es de observar que refundieron algunos artículos del proyecto original, trece nuevos artículos se incorporaron y solamente los números 39 y 49 del Proyecto quedaron en la Ley con los números 38 y 50, respectivamente, con idéntica forma y contenido a como aparecían en el Proyecto presentado al Congreso en abril de 1975.

La Ley Orgánica del Régimen Presupuestario consta de 73 artículos repartidos en nueve títulos y tres capítulos. Un detalle de cómo está formada y distribuida dicha Ley es el siguiente:

Como Ley Orgánica que es, contiene los principios generales que regirán el proceso presupuestario, es decir las fases de elaboración, discusión y aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de todos los organismos del sector público (a saber: el Poder Nacional, los Estados y los Municipios, los Institutos autónomos, las sociedades y empresas del Estado o en las cuales posea el 50 % o más del capital social, y las Fundaciones públicas o aquellas de cuya gestión pudiera derivarse compromisos financieros para esas personas antes citadas); dejando para que por la vía de los reglamentos sean detallados los diversos procedimientos susceptibles de permanente modernización; sin embargo observamos que en muchos casos precisa en buena extensión y pormenoriza diversos aspectos del marco a que comprende.

La referida Ley, especialmente en su segundo artículo, a la vez que se establece la sujeción del Presupuesto Público al Plan de la Nación y a las orientaciones del Plan Operativo Anual, se consagra legalmente la introducción del concepto de Presupuesto por Programas. Esto es una innovación y es que la Ley objeto del presente estudio trae un conjunto de aspectos novedosos, tendientes al mejoramiento de la administración presupuestaria gubernamental, los cuales valen la pena poner de relieve.

Un aspecto de extraordinaria importancia que trae la Ley se refiere al contenido de los artículos 21 al 26 en cuanto a las normas a seguirse en caso de que el Presupuesto no quede aprobado por las Cámaras Legislativas para el 31 de diciembre del año precedente. Los criterios comprendidos en la Ley que nos ocupa amplían de manera considerable los exiguos preceptos que hasta la fecha existían sobre el particular.

El tercer Capítulo de la Ley (artículos 48 al 50) se refieren al Registro Nacional de Asignación de Cargos que permitirá conocer en cualquier momento el detalle de los cargos y las remuneraciones correspondientes discriminadas por instituciones. Este Registro hará posible que el Congreso, en los años sucesivos, solamente necesitará pronunciarse sobre las modificaciones que se contemplen cada año.

Mediante el artículo 64 crea con carácter de organismo superior a la Oficina Central de Presupuesto, se le adscribe a la Presidencia de la República y se determinan en forma expresa y detallada sus principales funciones. En otro artículo, el 67, se dispone el establecimiento de las Oficinas Sectoriales que permitirán llevar a cabo, en la forma más eficiente, la tarea asignada a la Oficina Central y posibilitar el logro de la uniformidad en los procedimientos técnicos que sea preciso poner en práctica.

Llaman la atención las cuestiones relacionadas con la mayor flexibilidad que caracterizarán en el futuro la ejecución presupuestaria en Venezuela, derivada de las potestades que la Ley Orgánica otorga al Ejecutivo, especialmente en cuanto a las modificaciones resultantes de la autorización de traspasos entre programas, proyectos y partidas, aún cuando modifiquen la distribución institucional del Presupuesto de Gastos. Igualmente conviene apuntar entre los elementos importantes de la novísima Ley las nuevas normas que se introducen en torno a los aspectos contables y del control presupuestario.

Muchas otras cosas podrían ser puestas de relieve cuando se trata de reseñar el contenido y alcance de la Ley; sin embargo con lo expuesto anteriormente me parece mostrar algo de lo significativo que se implanta en el ordenamiento jurídico de la materia hacendística en Venezuela a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario. Tal es la importancia de esta Ley que me embarga cierta aprensión el acometer una tarea crítica sobre sus particulares.

Lejos de mi está intentar la presentación de un examen exegético de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario. Razones de diversa índole me imposibilitan esa empresa; pero hay más, si tal cosa pretendiera sería enfrentar una lucha tan dura y dispareja como la que se planteó el valiente Belerofonte contra la Quimera mitológica, con la diferencia de que me resultaría imposible salir victorioso.

Hecha la anterior advertencia, me permito en los párrafos siguientes destacar algunas cuestiones que surgen de la lectura del articulado de la Ley, teniendo presente lo que a mi juicio está conectado con la experiencia hacendística y el ordenamiento normativo de la problemática presupuestaria en Venezuela. Es difícil perder de vista, en todo caso, la particularidad que significa una ley que aspira colocar al país a la cabeza de América Latina en materia de presupuesto, cuando el nuestro se había quedado a la zaga ante los adelantos de la técnica puesta en práctica en naciones hermanas.

La extensión de la aplicación de la ley a los entes descentralizados tanto desde el punto de vista territorial como funcional, a primera vista confronta, a mi juicio, una serie de problemas para el logro en la práctica; sobre todo cuando se piensa en las Sociedades por el dinamismo con que deben llevar a cabo su actividad en el campo económico. Desde luego que los legisladores, conscientes de tal realidad, tuvieron la previsión de establecer un lapso de tiempo durante el cual se vayan resolviendo y salvando los obstáculos sobre el particular y es por eso que no se haya previsto la puesta en ejercicio del cumplimiento del principio de universalidad del régimen presupuestario, desde un primer momento.

Es evidente que muchas del conjunto de normas contenidas en el segundo artículo de la Ley precisan de tiempo para su cabal consecución. Entre otras tantas cuestiones de marcada importancia se dice que los presupuestos públicos expresan el Plan de la Nación, que son parte e instrumentos de la planificación, que en su formulación y aprobación deberán seguir las orientaciones del Plan Operativo Anual, etc. Por cierto que en la oportunidad de la primera discusión en Diputados, fue este artículo el que motivó una larga intervención en la cual se dice que “si se trata de enfocar las cosas bajo el ángulo de una visión integral y global, como debería ser, luce obvio y con absoluta secuencia lógica, que lo primero que la Cámara de Diputados ha debido considerar es la Ley del Sistema Nacional de Planificación”. En otra parte de su intervención, el congresista asegura que no concibe “cómo puede aprobarse aisladamente este proyecto cuando desconocemos las intenciones que se tengan sobre la Ley del Sistema de Planificación, sobre sus alcances, sobre la estrategia del Plan de la Nación, sobre sus metas y objetivos y sobre su estructura, objetivos y propósitos de los llamados Planes Operativos Anuales”[33].

Con respecto al artículo en cuestión es bueno destacar que en su contenido también se otorga al Ejecutivo Nacional una serie de instrumentos apropiados para coordinar y controlar los presupuestos de todos los organismos que conforman el sector público, aunque no lesionando los grados diversos de autonomía que la Constitución y las leyes permiten a instituciones como son el Poder Legislativo, Poder Judicial, los Estados y Municipios, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y el Consejo Supremo Electoral.

En los artículos 2 y 5 se consagra el principio de programación. En ellos se hace hincapié de la vinculación y sujeción del presupuesto al plan. Ahora bien, me llama la atención que así como en estos artículos parece que fuera el presupuesto el que tuviera necesidad de corresponderse al Plan; en el artículo 9 sin embargo se asienta, yo diría que como un principio, el que los presupuestos pueden modificar los objetivos, políticas y metas previstas n el Plan de la Nación, lo cual –sin entrar a calificar la logicidad de tal previsión por cuanto además se otorga al Congreso un mecanismo de control de la ejecución de la Ley de Presupuesto con respecto a las metas del Plan- me luce como una cierta incongruencia.

El artículo 3 se refiere al contenido del presupuesto y a la vez consagra el principio de equilibrio contable del presupuesto. Se debe evitar el déficit y para ello la Ley (artículo 15) permite la utilización de parte de los superávit acumulados en años anteriores. En realidad el equilibrio contable del presupuesto ha sido un principio discutible pero la Ley lo ratifica porque en muchos casos ha demostrado ser el reflejo de una sana política financiera.

El establecimiento del principio de continuidad de la acción del Estado, en el artículo 8, que permite contraer compromisos que exceden el ejercicio presupuestario, viene a eliminar “la rigidez de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional que impedía realizar contratos por más de un ejercicio presupuestario”[34]. Tal disposición lo que hace es legalizar una cuestión que de hecho se acostumbraba, sin embargo le asigno gran importancia por el efecto político que tendrá, seguramente en los años en que se aproximen elecciones generales.

Es de destacar la unidad del tesoro con algunas excepciones que se establece en el artículo 14. Mediante normas contenidas en dicho artículo se trata de ordenar el presupuesto nacional, dejando claro que los ingresos públicos deben ser utilizados para gastos públicos.

Una innovación introducida por la Ley, que a mi manera de ver tiene una extraordinaria importancia (aparece en el artículo 20) señala que “el Ejecutivo Nacional, antes del primero de julio de cada año informará al Congreso acerca de los aspectos más relevantes que contendrá dicho proyecto y remitirá las bases preliminares del Plan Operativo Anual”[35]. Este procedimiento permite al Poder Legislativo poder preparar con tiempo sus argumentos para aprobar o modificar con suficiente sensatez, sin apresuramiento, el Presupuesto definitivo, así como tener una base para el trabajo de las Comisiones y unidades asesoras.

En varias oportunidades he señalado el considerable cambio que se opera, con la promulgación de esta Ley, en los sistemas y métodos contables. El artículo 27 expresamente atribuye a la Tesorería Nacional la contabilidad a que se refiere la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, y la institución de una Dirección Nacional de Contabilidad Administrativa. Esta materia requiere un cuidadoso análisis que me resulta imposible dilucidar en esta oportunidad y que, además, pienso se dificultará hasta tanto sea mejor definida por el Reglamento de la Ley; sobre todo porque ignoro hasta dónde se compaginan estas disposiciones con las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, institución ésta a quien ha correspondido hasta ahora la facultad para establecer los sistemas de contabilidad –aunque debo decir que tal tarea le tocaba legalmente al Ejecutivo en coordinación con la Contraloría- . Por otra parte no está demás señalar que en cuanto a lo que se refiere al presupuesto la nueva Ley trae distinción conceptual y práctica de la ‘contabilidad presupuestaria’ y de la ‘contabilidad de fondos’.

Un aspecto que no puedo pasar por alto y al cual considero de una gran trascendencia, es la flexibilidad, el poderoso margen discrecional que otorga al Poder Ejecutivo. Como prueba de ello valga indicar que el artículo 36 autoriza los traspasos de créditos aún cuando signifiquen modificación en la distribución institucional del presupuesto de gastos del sector público. Con ello se persigue aligerar y facilitar el logro de las metas planteadas.

Lógico sería que al estudiar la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario la situáramos en el sitio y papel que ella pueda jugar como vehículo de modernización de la estructura administrativa; que contribuyera a la “modificación del sistema de la hacienda pública y un cambio de la conducta económica nacional”[36], por la cual han clamado repetidamente muchos venezolanos preocupados por el bienestar y progreso de nuestra sociedad.

La ley objeto del presente trabajo es un instrumento normativo que mira hacia el futuro, no solo porque muchos de sus artículos y preceptos entrarán en vigencia en los años venideros, sino también que sus tantas innovaciones no podrán ser evaluadas de inmediato. Valga en este sentido reseñar que el artículo 70 de la citada Ley dispone la progresividad de su aplicación hasta 1980.

En efecto, “la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y sus disposiciones regirán para el ejercicio fiscal 1977, con excepción de los artículos 2, 5, 9, 11, 17, 45, 46, y 47 los cuales se aplicarán a ejercicios posteriores a medida que el Ejecutivo Nacional establezca los mecanismos y normas que su aplicación requiere. En todo caso, estos artículos se aplicarán al ejercicio fiscal de 1979”.

“El Ejecutivo Nacional podrá exceptuar transitoriamente y en ningún caso, más allá del inicio del ejercicio fiscal de 1980, a los organismos cuyos presupuestos son regidos por los Títulos IV, V, y VI, de la aplicación de aquellas disposiciones que a su juicio, requieren de un período de preparación y adaptación que asegure su eficaz cumplimiento”[37].

Por cierto que el artículo anteriormente copiado no aparece en el Proyecto elaborado por el Ejecutivo y surge en las discusiones legislativas como una forma de hacer más viable la aplicación de la Ley, considerando también que ésta significaba un gran cambio en la administración presupuestaria del país y en consecuencia era procedente, para asegurar su éxito, la introducción de esa progresividad en su aplicación.

El artículo 70 referido hace que no se obligue la puesta en práctica de las pautas normativas de la Ley, en forma inmediata, con lo cual se evidencia su visión futurista. Ello está conectado al interés del legislador en el acierto de la reforma del sistema y de la técnica del proceso presupuestario en nuestro país. De modo que con toda propiedad podemos observar etapas en la aplicación de la Ley del Régimen Presupuestario. Lo que es aceptable llamar primera etapa, considero que no es indispensable su análisis en esta parte del trabajo. Ahora bien, los pasos a cumplirse en el futuro, de acuerdo a una publicación emanada del Ministerio de Hacienda, estarán caracterizados principalmente por lo siguiente:

“1) Utilización de criterios técnico-operacionales homogéneos para la apertura de programas, sub-programas, proyectos, obras y actividades.

2) Aplicación de la técnica de programación sectorial del presupuesto, por cuanto la misma constituye uno de los soportes básicos de la práctica del presupuesto por programas en el marco de la planificación.

3) Presentación del anexo referido a los Programas Coordinados del Situado Constitucional.

4) Formulación del Presupuesto por Programas del Sector Público y de las Cuentas Consolidadas del mismo.

5) Extensión de la reforma contable en materia de presupuesto y de fondos a todo el sector público.

6) Implantación de un sistema centralizado de contabilidad de ingresos para el Gobierno Central y de métodos de contabilidad de costos en programas seleccionados.

7) Integración de la contabilidad presupuestaria, de fondos, de ingreso y patrimonial en un sistema único”[38].

Con lo referido hasta aquí no se agota el tema del lado futurista que se observa en la Ley, a cuyo análisis me he dedicado en el presente trabajo; no obstante con lo reseñado creo que se muestra el aspecto al cual me interesaba hacer referencia. Y es que desde luego, no se puede decir que ve al futuro por el hecho de extender en el tiempo el plazo en que sea puesta en ejecución a cabalidad, más importante es por las innovaciones y la modernización del sistema y la técnica que propicia.

1.- La Ley Orgánica del Régimen Presupuestario es la culminación de un largo período de gestación y viene a llenar un vacío, ya que las normas básicas que sustentaban la cuestión presupuestaria eran los de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, los cuales en términos generales databan de 1936.

2.- El estudio y discusión del Proyecto presentado por el Ejecutivo, dura unos quince meses en las Cámaras Legislativas para que al fin sancionen una Ley, de 73 artículos distribuidos en nueve títulos y tres capítulos, que introduce un conjunto de innovaciones en el proceso presupuestario venezolano y con la cual se aspira situar a nuestro país a la cabeza de América Latina en ese particular.

3.- La Ley define al presupuesto como un instrumento del Plan de desarrollo económico y social del país y establece la sujeción del presupuesto que comprende en sentido amplio a todo el sector público, respecto al Plan de la Nación y a los criterios y orientaciones del Plan Operativo Anual.

4.- Otorga un considerable poder discrecional al Ejecutivo, en cuanto a la flexibilidad que en el futuro caracterizará la ejecución presupuestaria en Venezuela y se pone de manifiesto una progresividad en la puesta en ejecución de dicha Ley, conjuntamente con la introducción de una serie de mecanismos de control.

Cámara de Diputados: Diario de Debates. Tomo V, Volumen II. Caracas, Julio-Diciembre de 1975.

Ministerio de Hacienda: Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Presupuesto, 1977.

Ministerio de Hacienda: Exposición de Motivos y Proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto.

(Fue publicado en la revista Actualidad Económica, Año 1, Nº 3, agosto 1977).

La aplicación de un sistema de ayuda al sector agrícola se hace primordial, sobre todo, en los países que como el nuestro se caracterizan por los ingresos relativamente bajos, casi a nivel de subsistencia en algunos casos, de las personas dedicadas a la agricultura. La escasez de capital y tecnología hace presión frenando el desarrollo, la falta de educación y de personal especializado hace que los recursos disponibles no sean aprovechados suficiente y eficientemente. Es aquí donde surge como tabla de salvación el establecimiento de un programa de crédito supervisado.

El crédito agrícola supervisado es un sistema de financiamiento para el bienestar rural, que trata de servir las necesidades de los agricultores minifundistas, y de colocar progresivamente a las empresas agrícolas y pecuarias marginales en una posición de ser elementos activos del desarrollo y progreso económico. Este sistema de crédito integral de estructura familiar y social busca de eliminar todas las causas que entorpecen el mejoramiento de la familia y es por ello que se considera eminentemente fundamental la parte educativa, pilar principal para el adelanto social y económico.

Lo que consideramos como Crédito Supervisado es llamado en otras partes por diversos nombres; así en Estados Unidos es el “Farm Security Administration”, en la mayoría de los países latinoamericanos es “Crédito de Capacitación”. En Paraguay es “El crédito Agrícola de Habilitación”, en Brasil es “El Crédito Rural Supervisionado”, y hay quienes prefieren llamarlo Servicio de Bienestar Rural “porque el crédito es solo una parte, ciertamente muy importante, pero no la más importante, del sistema”.(1)

Su práctica y uso es nuevo en América. En Estados Unidos se introduce en 1933 en los años de la gran depresión, a fin de adoptar una acción de emergencia en favor de las familias agricultoras afectadas, en Paraguay en 1950, en Honduras comienza su ensayo en 1952, en Perú en 1953, en Bolivia en 1961. Aquí, en Venezuela se inicia en 1948 pero pocos años más tarde es suspendido y es en 1958 cuando se va a reiniciar tal programa.

El Crédito Supervisado es un plan docente de promoción social por cuanto enseña a trabajar con más eficiencia tanto en la finca como en el hogar, induce a producir más artículos y de mejor calidad, señala a los agricultores los medios para sacar el óptimo provecho del uso y comercio de sus productos, y les indica la manera de vivir aprovechando las máximas satisfacciones materiales y espirituales. Es un plan de rigurosa selección, no abarca a todos los empresarios cultivadores o criadores pobres, rechaza los que sean muy difíciles de ser rehabilitados. Y es que ciertamente no se persigue únicamente el aumento de la producción sino que se aspira un mejoramiento conjunto de la unidad completa, porque los impedimentos a la satisfacción de las necesidades materiales de la familia rural no están sólo en la finca sino que en la mayoría de las veces radican en el hogar, por ausencia de conocimientos, de comodidades domésticas, de elementos modernos de trabajo y de un sano ambiente que la rodee.

El Crédito Agrícola Supervisado procura la capacitación del agricultor como empresario, una mayor productividad al obtenerse mejores plantas con el auxilio de buena semilla, conveniente abono, riego y maquinarias, de animales sanos y más productivos por el uso de alimentos nutritivos, de instalaciones, higiene y buenas prácticas de manejo y administración de la granja o finca.

Aunque toda clase de crédito es necesaria para el mejoramiento y desarrollo del sector, vale la pena destacar que “la concesión de crédito en cantidades adecuadas y adaptables a las necesidades peculiares de los productores tiene que ir combinada con la educación, el entrenamiento y la guía técnica. Para muchos agricultores de Venezuela, el crédito adiestramiento y algún grado de supervisión en su aplicación y en su uso efectivo, no sería, muy a menudo, sino una disipación sin sentido de un capital precioso, un desastre para los agricultores y el registro de partidas incobrables en los libros del organismo crediticio gubernamental”. (2)

Como ya se ha señalado que el Crédito Supervisado persigue la elevación del nivel de la unidad formada por la empresa rural y la familia, conviene decir que por la particular naturaleza de la producción agrícola o ganadera se pueden distinguir diversas clases de crédito supervisado, clasificables tanto por su mayor o menor grado de supervisión como por el tiempo de vencimiento de la deuda. En cuanto a lo primero, pueden separarse cuatro grupos: a) los casos que necesitan una supervisión muy intensa; b) los que necesitan una supervisión de intensidad moderada c) los que necesitan una supervisión ocasional; y d) los que necesitan poca supervisión. Con respecto al tiempo de vencimiento de la deuda se dan corrientemente los casos de créditos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Esta clasificación, aunque es la más usada, presenta alguna dificultad porque muchas operaciones requieren los tres tipos (o dos de ellos) simultáneamente.

El crédito a corto plazo o préstamo anual es el que se utiliza para sufragar gastos corrientes de todos los años, invirtiéndose en la compra de semillas, fertilizantes, insecticidas, alimentos para animales, reparaciones menores, etc., y su pago por lo general se hace con el producto de la cosecha lograda con la ayuda del préstamo.

El crédito a mediano plazo, hasta cinco (5) años, es normalmente utilizado para la adquisición de bienes de capital para la finca o el hogar, como es el caso de maquinarias, animales, equipo doméstico, así como también para la compra de semillas y fertilizantes para mejorar los pastos. En casi todos los casos, el plan de pago debe observar relación con la vida útil de los bienes adquiridos.

El crédito a largo plazo es el más indicado cuando se trata de ampliación de fincas, deforestación, perforación de pozos para riego, construcción de sistema de drenaje, etc. Tales créditos son pagaderos en plazo que puede llegar hasta quince (15) años.

Podrá adoptar la forma de corto plazo un crédito otorgado para algunos de los destinos señalados al tratar los de mediano y largo plazos, si se trata de un agricultor que tiene una finca poseedora de sus factores de producción debidamente balanceados y que produce los ingresos necesarios para cubrir: a) los gastos de vida del agricultor y su familia; b) sus costos de operación; c) el servicio de las deudas; y d) una utilidad anual moderada para formar una reserva de capital con la cual se pueda hacer frente a las contingencias propias de la agricultura.

(1) Así lo llama el doctor Darío Brossard, especialista de Crédito Agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

(2) Consejo de Bienestar Rural: El Crédito Agrícola en Venezuela, Caracas, 1953, páginas 361-362.

(Publicado en la revista “Ganagrinco”, Caracas, enero-marzo de 1967 , nº 7, vol II, año III, paginas 16, 18, 86)

Nuestro estimado profesor de la cátedra de Teorías y Políticas Monetarias, doctor Miguel R. Lollet C, me ha encomendado la obligación de hablar a ustedes sobre la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Eso voy a hacer, persuadido de que soy el menos indicado para ello, dado mi poco conocimiento y por tratarse de un tema considerado difícil hasta por personas de avanzados estudios. Mucho se ha escrito y hablado de ALALC; sin embargo, somos numerosos los que estamos esperando poder despejar las dudas y el desconocimiento que abrigamos sobre ella.

Aparentemente está justificada la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por cuanto significa el establecimiento de un gran mercado, y la amplitud del mercado facilita la adopción de estructuras productivas más modernas y económicas, se traduce en una más adecuada distribución del trabajo dentro de un plan de equilibrio regional, y como alguien ha dicho, gran mercado es determinante de la aceleración del crecimiento económico. Pero existe un inconveniente ampliamente reconocido y es el derivado de las peculiares características de las economías de los países americanos. Nosotros sabemos que la extensión del territorio abarcado no mide la fuerza, es decir, la grandeza del mercado porque tal cosa viene dada por la intensidad de las fuerzas de oferta y demanda, por el volumen de las transacciones que puedan llevarse a cabo. Ciertamente, es débil el comercio que mantienen los países americanos con ellos mismos. Por ejemplo, no es fácil hallar que un país latinoamericano produzca mercancías, que otro importa de una zona distante, a precios competitivos, quiero decir que no es fácil hallar complementación del comercio entre los países latinoamericanos.

La ALALC no es un mercado común. Un mercado común supone que los países que lo forman prometen crear un solo territorio, es decir eliminación total de las fronteras entre ellos en una integración económica real, y en algunos casos animados por fines políticos.

A la zona de libre comercio que actualmente existe en América en razón del tratado de Montevideo, podemos señalar algunos antecedentes, porque en nuestra América desde tiempos remotos se ha venido luchando por ella. Si nos remontamos a los primeros años de las Repúblicas americanas, encontramos la idea de un entendimiento político-económico propiciado por el Libertador. Si echamos la vista a tiempos más cercanos, vemos cómo después de la segunda guerra mundial, renace en América la preocupación por los problemas comunes, y es así como en la Novena Conferencia Panamericana, celebrada en abril de 1948, fue aprobado el que se ha llamado Convenio Económico de Bogotá y firmado por los países americanos. En el Articulo V de este Convenio, se asentaba que “el desarrollo económico en general, incluida la exportación de los recursos naturales, la diversificación de las economías y el perfeccionamiento tecnológico, mejorará las posibilidades de empleo, aumentará la productividad y la remuneración de la mano de obra, incrementará la demanda de mercancías y servicios, contribuirá a equilibrar las economías, expansionará el comercio internacional y elevará el nivel de los ingresos reales”. Unos meses después Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá firmaron el primer acuerdo de unión aduanera, creando la Organización Económica Grancolombiana. Diversos problemas van a imposibilitar tales iniciativas y tendrán que transcurrir doce años para que fuera materia de estudio la Integración Económica Latinoamericana.

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es el resultado del tratado multilateral firmado por un grupo de países con miras a eliminar, en el transcurso de cierto periodo de tiempo, las trabas aduaneras del comercio entre ellos. Yo me atrevo a decir que es sobre todo un convenio de tarifas arancelarias que aspira ser el camino necesario para el establecimiento de un Mercado Común. El llamado Tratado de Montevideo que es algo así como la partida de Bautismo de la ALALC fue firmado el 18 de febrero de 1960 por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Las Repúblicas de Colombia y Ecuador se adhieren al tratado en el año siguiente. Esos dos países y Venezuela asistieron como observadores a la Conferencia de expertos que elaboró el texto final del Tratado de Montevideo. Meses antes, en mayo de 1959, cuando se discutía la creación de la que hoy es la ALALC, el Ministro de Hacienda de Venezuela, explicaba ante la CEPAL que nuestro país tenía “que decidir con sumo cuidado acerca de su participación en un esquema de Mercado Común, pues, debido a la estructura peculiar de su economía, sus costos son de un nivel muy elevado en relación con el resto de los países de América Latina, su moneda tiene un poder adquisitivo externo muy alto y, hasta ahora, el desarrollo del país ha podido rea1izarse a base de una apreciable protección arancelaria”.

En abril de 1960, se instala en Montevideo el Comité provisorio de la ALALC con participación de representantes de las partes contratantes. En agosto se celebra una Reuni6n Aduanera Internacional en la cual se estudian diversas cuestiones arancelarias. En junio de 1961 entra en vigor el Tratado de Montevideo. Desde esa fecha hasta hoy día la influencia ejercida por la ALALC en la evolución de las economías de los países asociados, ha sido realmente insignificante. Tal cosa fácilmente puede apreciarse en el hecho reiterado del deterioro de dichas economías, sobre todo en el aspecto monetario, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio no ha podido ser la barrera que frene la creciente inflación en muchos países, por ejemplo Argentina en este año ha llevado a cabo dos devaluaciones, estableciendo en la última, en setiembre de 1965 la cotización oficial de 178 pesos por dólar norteamericano. Y es que rea1mente cuestiones monetarias han venido estando entre las más importantes determinantes de los pocos resultados obtenidos en la ALALC. Precisamente desde antes de ser firmado el Tratado de Montevideo, se venía discutiendo y haciendo estudios sobre un sistema de pagos. El no haberse logrado tal cosa y las particulares prácticas monetarias y cambiarias de los países miembros, los cuales han experimentado siempre serios problemas de liquidez, de reservas y de déficits en sus Balanzas de Pagos, ha pesado fuertemente en el financiamiento del comercio de la ALALC.

Un ligero vistazo al Tratado de Montevideo, permite observar que la zona de libre comercio aspira perfeccionarse en un plazo de doce años, con la progresiva y gradual eliminación de los gravámenes y restricciones que se ejercen sobre el comercio entre los países miembros, según las Listas Nacionales y Común de productos de Comercio Internacional. Además, valga señalar que en el texto del Tratado referido, se indican los organismos mediante los cuales funciona la Asociación, como por ejemplo son la Conferencia de las Partes Contratantes, formada por delegados especiales del gobierno de los respectivos países; el Comité Ejecutivo Permanente que está integrado por un representante permanente de cada país, un secretario permanente y personal técnico que requiera. El tratado señala que las partes realizarán esfuerzos tendientes a crear condiciones favorables que faciliten el crecimiento y desarrollo de los países de menor desarrollo económico relativo. Trae también cláusulas relativas a la agricultura.

Cuando se firmó el Tratado de Montevideo, también se sancionaron algunos Protocolos, uno de ellos declara que las disposiciones del tratado no se aplicarían a los compromisos de compraventa de petróleo y derivados que fueran resultado de convenios firmados con anterioridad.

Desde la puesta en práctica de la ALALC, hasta los actuales momentos, se ha observado un aumento considerable del comercio celebrado entre los países signatarios del Tratado de Montevideo. El aumento aludido entre 1960 y el año de 1964, en importación y exportación intrazonal, fue de más del 60 por ciento. Nuestro país en ese lapso, duplicó las cifras de importación procedente de esa zona y el valor de la exportación ha venido experimentando disminuciones.

Cifras correspondientes al trienio 1961-1963 permiten destacar que la exportación venezolana con destino a los países miembros de la ALALC a1caza a 1.502 millones de bolívares, de los cuales sólo nueve millones de bolívares correspondieron a mercancías diferentes a hidrocarburos, en algo menos de 70 renglones. En cambio fueron casi 900 los renglones importados con valor de unos doscientos mi1lones de bolívares. Como fácilmente se puede apreciar por las estadísticas, nuestra Balanza de mercancías en términos de bolívares es favorable para nuestro país; pero existe un factor contrario cual es el bajo número de renglones de nuestra exportación. Los nueve millones aludidos de nuestra exportación no petrolera fueron formado principalmente por hierro, arrabio y acero en lingotes en un 30 %, cemento en un 24 %, pescado en conservas un 4 %, un 2 % harina de trigo, y otro 2 % en artículos para uso doméstico. En cuanto a los países: un 34 % fue a Perú, el 29 % a Colombia, 26 % a Argentina, 3 % a México, y a Chile un 2 % de la exportación venezolana no petrolera.

La ALALC ocupa el quinto lugar en importancia de las áreas con que comercia Venezuela. Aproximadamente el 6 % de la exportación venezolana es destinada a la ALALC, y también aproximadamente el 2 % de las importaciones totales nuestras provienen de dicha zona.

(Palabras dichas por el alumno Carmelo Paiva Palacios, en el salón de clases de la Universidad Santa María, Caracas, el día lunes 22 de noviembre de 1965).

[1] Alfred Bernhard NOBEL (Estocolmo, 1833- San Remo, Italia, 1896), ingeniero, químico, notable inventor e industrial sueco. A su muerte dejó buena parte de su inmensa fortuna a la Fundación Nobel, para dotar los premios que llevan su nombre, destinados a recompensar a los bienhechores de la humanidad. Tales Premios se comenzaron a otorgar en 1901.

[2] Al doctor Diego Bautista Urbaneja durante los meses de marzo a junio de 1848, le toca asumir interinamente el gobierno, en ausencia del Presidente José Tadeo Monagas.

[3] Las dieciséis provincias de Venezuela tenían los siguientes nombres: Aragua, Apure, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida, Portuguesa, y Trujillo.

[4] Quien ejercía desde el 31 de enero de 1855, por segunda vez, la Presidencia de la República a la cual había sido electo casi por unanimidad.

[5] Ejercía la función de Encargado de la Presidencia, en tiempos del gobierno constitucional del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Era Ministro de hacienda el doctor José D. Landaeta.

[6] La “lei” es el equivalente del contenido en metal fino, en el ‘Venezolano’ era de 0,800; el ‘Venezolano de Oro’, según la ley de monedas del 11-05-1871 era de 900 milésimos. La lei del ‘Bolívar de Plata’ era de 835 milésimos.

[7] La moneda que se llamaba Bolívar , cien años más tarde, es decir en 1971, equivalía a cien bolívares y hoy día sería su equivalencia superior a cien mil bolívares.

[8] El pintor y escritor venezolano Carmelo Fernández Páez (sobrino del general José Antonio Páez), nacido en San José de Guama (Yaracuy) el 30 de junio de 1810, cursó estudios en Estados Unidos de Norteamérica y regresa a Venezuela en 1827, ejercerá como profesor en la Academia de Matemáticas, y de pintura e idiomas en el Colegio de Varones de Maracaibo. Fue miembro de la Comisión Cartográfica de la Nueva Granada. Colaboró e ilustró la Geografía de Venezuela de Agustín Codazzi, y la Historia de Venezuela de Baralt y Díaz. Murió en Caracas en 1887.

[9] Se recuerda que ocho (8) de esas monedas acuñadas en níquel equivalían a un ‘Bolívar’ de plata; y en cuanto a las otras monedas fraccionarias, cuatro (4) lochas formaban un ’real’ y dos lochas eran igual a la moneda llamada popularmente ‘medio’ o ‘mediecito’.

[10] Antonio Leocadio Guzmán Blanco nació en Caracas el 28 de febrero de 1829, primer hijo del matrimonio de Antonio Leocadio Guzmán y doña Carlota Blanco Jerez y Aristiguieta (casados el 30 de septiembre de 1828). En 1856 obtiene, en la Universidad Central, el grado de Licenciado en Leyes. Es reconocido como General desde los tiempos de la Guerra Federal. Ejerció como “Encargado” del Ejecutivo. Electo Presidente Constitucional para los períodos: Septenio (1870-77), Quinquenio (1879-84), y Bienio o de la Aclamación (1886-88). Casado con doña Ana Teresa Ibarra Urbaneja. Muere en París el 28 de julio de 1899.

[11] Tendrá en el anverso una orla de laurel con el valor en el centro expresado en letras, y por el reverso el ‘Escudo de Venezuela’ con la inscripción ‘Estados Unidos de Venezuela. 1876’, y siete estrellas sobre el Escudo.

[12] Por ejemplo, puede citarse la sugerencia de creación de un sistema bancario contenida en una carta, fechada en Caracas en 1775, que dirige a la Corona el Intendente don José de Ábalos. En años siguientes también se trató acerca de la conveniencia del establecimiento de alguna institución bancaria. Ciertamente, será el 29-5-1839 cuando inicie sus operaciones la primera oficina bancaria del país y será el Banco Colonial Británico dirigido por los señores Leandro Miranda (hijo del Precursor de la independencia Generalísimo Francisco de Miranda) y el inglés Williams Ackers, localizado entre las esquinas de Padre Sierra y Bolsa, el cual operó hasta abril de 1849.

[13] Ley del Bancos de 27 de junio de 1918 (que deroga una anterior fechada el 26 de junio de 1913) reglamenta, por primera vez en Venezuela, las operaciones de las Casas de Cambio. Fue sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el día 21 de junio de 1918, firmada por el senador J. de D. Méndez y Mendoza, y el diputado R. Garmendia R., (Presidente y Vicepresidente, respectivamente); promulgada en la semana siguiente, el 27 de junio, por el doctor V. Márquez Bustillos; y refrendada por los doctores Román Cárdenas y Gumersindo Torres, ministros de Hacienda y de Fomento, respectivamente.

[14] A la Ley de Bancos que sanciona el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 7 de mayo de 1895, promulga ese mismo día por el Presidente de la República, Joaquín Crespo, y es refrendada por el Ministro de Fomento, Jacinto Lara; podemos considerarla realmente la primera Ley general de bancos en nuestro país. Todas las leyes y decretos anteriores sobre la materia bancaria se referían a casos específicos o parciales. La Ley de Bancos del 7-5-1895 comprendía 43 artículos repartidos en 7 títulos: Título I, de los bancos en general (artículos 1 y 2); Título II, de los bancos de depósito, giros, préstamos y descuentos (arts. 3 y 4); Título III, de los bancos de circulación o emisión (arts. 5 al 8); Título IV, de los bancos de crédito hipotecario (arts. 9 a 20); Título V, disposiciones generales (arts. 21 a 32); Título VI, de las penas (arts. 33 a 39); Título VII, disposiciones transitorias (40 a 43) . El artículo 31 se refiere extensamente a los Fiscales de Bancos.

[15] Borrás, Tomás y F.C. Sainz de Robles: Diccionario de Sabiduría.

[16] Dicha palabra está formada por ‘U’ que significa NO en griego y ‘topo’ que significa LUGAR, o sea, pues ‘el no lugar’, es decir ‘lo que no existe’.

[17] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas, pag. 12

[18] Tawney, R H: La Igualdad, pag. 47

[19] Tawney, R.H.: La Igualdad, pag. 189

[20] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas, pag. 289

[21] Brumario era el nombre del segundo mes del calendario republicano francés.

[22] Gonnard, René: Historia de las doctrinas económicas, pag. 236

[23] Agustín Alejandro Darthe, era originario de Saint Paul, Departamento de Bas de Calais. Era estudiante de Leyes en París al momento del estallido de la revolución que le envolverá su futuro. Sus datos biográficos pueden consultarse en las páginas 58 y 59 del libro de Bounarroti, que se cita en la bibliografía.

[24] Por cierto que también, un 8 de mayo (pero dos años después del aguillotinamiento de Babeuf), fue el día en que ahorcan en la Plaza Mayor de Caracas, al revolucionario venezolano José María España, gran luchador por la igualdad y que, como Babeuf, intentó llevar a cabo una conspiración para imponer sus ideales.

[25] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas, pag. 282

[26] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas, pag. 282

[27] Este inglés fue un pensador que dejó una interesante utopía socialista según “la cual el suelo es propiedad colectiva, y sus productos son depositados en un almacén público, donde cada uno puede obtener gratis lo necesario para su vida. Todos los seres humanos están sometidos a la obligación de trabajar hasta la edad de 40 años. El sufragio es universal. Nadie puede desempeñar un cargo por tiempo mayor de un año. La Iglesia se transforma en una institución dedicada a la educación popular”. (Walter Theimer: Obra citada, pag. 129).

[28] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas, pag. 282

[29] Theimer, Walter: Historia de las ideas políticas. Pag. 309

[30] Exposición de Motivos de la Ley, presentada por el Ministro de Hacienda. Caracas, abril, 1975. pag. 3.

[31] Carrillo Batalla, T. E.: Declaraciones de prensa en el diario El Universal, Caracas (2.6.75).

[32] Diario El Universal, Caracas, 11 de noviembre de 1975

[33] Diario de Debates de la Cámara de Diputados: Intervención del diputado A. Vivas Terán, en la sesión del 10-11-75.

[34] Exposición de Motivos Ley de Presupuesto 1977, pag. II-5

[35] Gaceta Oficial: Nº 1893-Extraordinario, Caracas, 30-7-76, pag. 17

[36] Maza Zavala, D.F.: Declaraciones de prensa en el diario El Universal, Caracas, (9-10-75).

[37] Artículo 70 de la Ley, en: Gaceta Oficial, Nº 1893-Extraordinario. Caracas, 30-7-76, pag. 21.

[38] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto 1977. Ministerio de Hacienda. (Mimeografiado). Caracas, 1976. Pags. II-27-28.

Se están cumpliendo 39 años del momento en el cual la Universidad Católica Andrés Bello confiere el título profesional de economista a nueve damas y doce caballeros, en el acto de graduación efectuado en el Paraninfo de dicha universidad, en su sede para entonces situada en la edificación que ocupaba la cuadra entre las esquinas de Mijares a Jesuítas, del propio centro de la ciudad de Caracas.

Esa primera promoción de economistas la integran los nombres de: Felipe Aguerrevere Ruiz, Hugo E. Briceño Salas, Antonieta Cruz Padrón, Soledad Díaz de Recarte, José Díaz Hernández, Carlos Emanueli Llamozas, Omar E. Estrada Mesa, Mireya Figueroa de Tineo, Jacinto Fombona Z., Gustavo J. Fuchsberger P., Simón Guevara Hidalgo, Brigitta Hahn Hahn K., Eglée La Corte A., Manuel Guillermo Mendible, Leonor Milá de La Roca, Elizabeth Millán Douaihi, Carlos Orellana, Blanca Salvatierra de Cruces, Cándida Sánchez Salas, Sergio Sferra Capponi y Aquiles R. Torrealba Alvarez.

Todos los veintiún ahora graduados formaron parte de la matrícula de cuarenta y seis alumnos con la cual comienza a funcionar, en el año escolar 1955-1956, la Escuela de Economía que con titánico empeño timoneara el preclaro sacerdote jesuíta Manuel Pernaut Ardanaz (1917-1976), epónimo que identifica dicha promoción de economista egresada en el año 1960.

Las materias del plan de estudios cumplido y los profesores que regentaron las respectivas cátedras, fueron como se indica a continuación:

Primer Año (1955-1956): Introducción a la Teoría Económica (R.P. Manuel Pernaut), Contabilidad General (Juan Bautista Salazar), Análisis Matemático (Carlos Reyna y Alfonso Burgos), Geografía Económica General (Pascual Venegas Filardo), Fundamentos de Derecho Público (Félix Hugo Morales), Sociología General y de Venezuela (José Luis Aguilar Gorrondona), Inglés I (A.G. Velardi), Pre-Seminario (Hernán Avendaño Monzón).

Segundo Año (1956-1957): Teoría Económica: Análisis (R.P. Manuel Pernaut y Hernán Avendaño), Contabilidad Superior (Juan Bautista Salazar), Cálculo y Matemáticas Financieras (Alfonso Burgos Romero), Fundamentos de Derecho Privado (José Luis Aguilar Gorrondona), Geografía Económica de Venezuela (Pascual Venegas Filardo), Administración Pública (Carlos Miguel Lollett), Inglés II (A.G. Velardi), Seminario (M. Delgado Rovati).

Tercer Año (1957-1958) Economía y Política Agrícola (Pedro Segnini La Cruz e Isbelia Sequera de Segnini), Organización y Administración de Empresas (Armando Alarcón Fernández), Precios y Costos (R.P. Manuel Pernaut A.), Contabilidad de Costos (Juan Bautista Salazar), Historia de la Economía (Pablo Ojer, s.i.), Seminario de Problemas Agrícolas Venezolanos (Isbelia Sequera de Segnini).

Cuarto Año (1958-1959): Mercados (Oswaldo Toro Sosa), Economía y Legislación Petrolera (Godofredo González y Ezequiel Monsalve Casado), Teoría y Política Monetaria (Francisco Sobrados M.), Finanzas (Carlos Rafael Silva), Historia de la Economía Venezolana (Pascual Venegas Filardo), Economía Social y del Trabajo (Rafael Alfonzo Guzmán).

Quinto Año (1959-1960): Dinámica Económica (D.F. Maza Zavala), Comercio Internacional (Francisco Sobrados M.), Historia de las Doctrinas (R.P. Manuel Pernaut A.), Desarrollo Económico (Ignacio Olcoz), Legislación Fiscal (Florencio Contreras).

Hace 39 años, es decir en 1960, egresaron los primeros economistas formados en la UCAB, cuya creación y funcionamiento fue autorizado por el Decreto Ejecutivo No 42 del 19 de octubre de 1953 (inicialmente con las facultades de Derecho e Ingeniería Civil) y en decretos de años siguientes, se le aprobarán actividades de Farmacia, Economía y otras facultades.